Octavio César Mendoza
Hubo un tiempo en el cual la procuración de justicia estaba en manos de oscuros personajes cuya carta de recomendación tenía la rúbrica de autoridades federales erigidas sobre el maximato del narcotráfico; “distinguidas personalidades” que hoy son juzgadas fuera de nuestro país.
En muchos estados de la República se asentaban procuradores de justicia y ministerios públicos provenientes de diversas regiones que históricamente han sufrido el impacto negativo de los altos índices de criminalidad producidos por décadas de confrontación entre cárteles, instituciones y partidos políticos -que a veces son lo mismo-, bajo el risible argumento de la posesión de un “expertise” inventado de forma perversa.
Así se desplazaba a los elementos locales para llevar a cabo la tarea de perseguir y castigar no a quienes delinquían, sino a sus enemigos y a sus víctimas.
Su finalidad no era otra que “controlar la plaza”, como se suele llamar a una Entidad Federativa en el argot de los enemigos de la dignidad humana. Cada “Legión Extranjera” también venía perseguida por sus plagas y, como en un teatro del apocalipsis, la violencia se esparcía con la diestra y la siniestra de esos déspotas empoderados por los propios gobernadores, fuera por complicidad o ignorancia de estos últimos.
A su paso, los saldos de sangre y pérdidas económicas eran cuantiosos y, como consecuencia lógica, los mandos superiores acumulaban fortunas y poder civil e institucional, de tal modo que no se podía distinguir entre buenos y malos. El tiempo ha permitido juzgar dicha diferencia porque la luz siempre asoma al final de un túnel.
Recientemente, la acusación del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo en torno a que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los 130 millones de mexicanos que habitamos este martirizado país, encabeza un maximato asentado sobre el poder criminal, tiene matices que van de lo alarmante a lo irresponsable.
Aprovechar un foro internacional para emitir un juicio tan severo, pone en alerta a dos actores fundamentales: los propios grupos delincuenciales, y las autoridades de los Estados Unidos de América. De ser tomado como algo serio, o incluso desde la perspectiva del infundio o la ocurrencia, el golpe mediático está dado, y habrá que esperar las repercusiones del mismo.
Es sabido que los espíritus violentos son movidos por demonios cuya jerarquía se hace invisible al ocultarse detrás del caos, y que con cada cambio de poderes civiles se reconfiguran los mapas de gobernabilidad territorial. He ahí el verdadero riesgo de no tomar en serio la posibilidad de que el Estado Mexicano se haya corrompido desde sus cimientos, como consecuencia de la sumisión de las instituciones a los poderes fácticos.
Pero no vayamos tan lejos y hablemos de lo que pasa en el entorno inmediato, en la aldea local. Se dice que para emitir un juicio hay que partir de la autocrítica que se ejerce a través del cuestionamiento directo; en este caso: ¿Cómo se maneja el tema de la procuración de justicia en el San Luis Potosí gobernado por Ricardo Gallardo Cardona?
En primer lugar, es importante resaltar que la Fiscalía del Estado está encabezada por un distinguido personaje local, José Luis Ruiz Contreras, a quien meritoriamente se le concedió el boleto ganador de la rifa del tigre más difícil de domar: procurar justicia sin ajusticiar.
Hay descripciones de personas que parecen elogios, como esta: el fiscal potosino José Luis Ruiz Contreras es un hombre bien formado en lo académico y lo profesional, valiente, inteligente y eficiente, al mismo tiempo que prudente, sereno y enfocado. Su equipo de trabajo percibe su liderazgo y su convicción en la Ley y la Justicia, así, con mayúsculas.
Y vaya que se requiere de esas características o cualidades para no dejarse llevar por presiones políticas, de grupos de poder o de intereses económicos, a fin de poner a cada quien en su lugar, tanto a quienes delinquen, como a quienes claman por justicia, y quienes acusan sin fundamento. Su compromiso con el cargo encomendado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es absoluto.
Esto lo comienzan a saber justos y pecadores, pues por la naturaleza misma de nuestro fiscal general del Estado, no existe duda de que actúa de forma objetiva e imparcial. Y es precisamente por ello que, quienes anhelan obtener justicia, confían en su ética, profesionalismo y honorabilidad.
Entre los crímenes sin resolver, feminicidios, abusos de poder y demás sintomatologías de una sociedad que enfermó de diversos males que se han estancado hasta formar un pantano, es difícil ser totalmente pulcro; pero, hasta hoy, Ruiz Contreras no ha manchado su plumaje.
He ahí el caso de Alejandro N., acusado de abusar de un menor de edad y a quien se le ha aplazado el juicio por un mes más. Las presiones sobre el fiscal no son motivo para impedir la consecuencia de un acto deleznable por naturaleza, y seguramente no habrá duda en cuanto a la sanción punitiva a ejercer por el Juez responsable del caso.
Lo mismo sucederá con las acusaciones basadas en argumentaciones políticas, o las sanciones injustamente aplicadas en el pasado. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad donde la Ley se haga respetar, y donde la ética de quien se encarga de ello no esté en duda. Sólo así se puede mantener un Estado de Derecho que preserve dos valores sociales fundamentales: la paz y la seguridad en las personas y sus bienes, y la correcta utilización de los instrumentos judiciales de los cuales se derivan tanto la procuración de justicia como la aplicación de la Ley, que no debe ser ciega, sino objetiva e imparcial.
Que se haga justicia y no suceda lo que dice esa rola de Metallica titulada “…And Justice for All”. Súbale al volumen y cheque la letra:
