Óscar G. Chávez
El ya varias veces referido asunto de La Pila no es cosa menor. Para unos es el triunfo del progreso sobre la barbarie, para otros es la defensa de su único patrimonio, pero también hay quienes buscan a partir del desmembramiento del núcleo agrario incrementar su fortuna, y desde luego hay quienes, gracias a la administración del caos, pretenden medrar (y han medrado) con el asunto.
Una de las instancias que ha jugado un papel fundamental en beneficio de los fraccionadores y perjuicio de comuneros y ejidatarios, es la Procuraduría Agraria, dependencia desde la cual, gracias al terrorismo argumentativo se ha presionado a los propietarios de los terrenos para su venta.
Complejo resultaba que el asunto, tráficos de influencia y compromisos ajenos a las directrices del gobierno federal, no llegara al escritorio del presidente de la república, y finalmente ocurrió, lo cual hace suponer una inminente investigación, que evidencia no sólo el tema de La Pila, sino que va a llegar a otros asuntos finalmente vinculados con la repartición y control del extremo oriente de la ciudad, como la vía alterna, el libramiento poniente, la concesión libramiento Ventura-Peyote y otros proyectos que terminaban conectando al paraíso Logístico de la Pila.
Desconozco si en la actualidad, a semejanza del pasado, todo tema de interés que llegue a esos niveles posibilita la abundancia de datos, sin embargo, al parecer en este caso y gracias a la atracción que sobre el caso hizo el presidente, hayan comenzado a aflorar datos que aunque pudieran ser conocidos, la mayoría de las ocasiones se mantenían en secrecía.
Por ejemplo, hoy se sabe, luego de que activistas y ejidatarios potosinos lograran el cese del titular de la Procuraduría Agraria, gracias a un pragmático acuerdo se pretende que éste será sucedido en su encargo por la subprocuradora Dulce Rosalba Castillo Salazar, hija de Rosalba Salazar, funcionaria del Órgano de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado.
Ella, se señala, entregó a José Luis Contreras director Comercial de Valoran (uno de los principales grupos interesados en la lotificación de La Pila) un análisis técnico hecho por la referida Dulce Rosalba, quien a cambio de ese análisis e impulsada por los fraccionadores pretende ser Representante de la Procuraduría Agraria en el estado. Quizá ese fue el pretexto, pero no la novedad, el defenestrado Ernesto Rendón Aguilar presentó dos propuestas (Dulce, una de ellas) para mantener el canal de diálogo con los especuladores.
También, ante la ausencia de una superficie en las inmediaciones de la Sierra de San Miguelito para desarrollo inmobiliario, se buscaba apoyar a Alberto Ayala y a Carlos López Medina en la adquisición de 60 hectáreas en un punto conocido como Las Huertas, a poco de la cañada del Lobo, pero inserto en la misma sierra.
El hecho que haya sido López Obrador quien intervino directamente para “sugerir” a la instancia correspondiente la remoción del procurador, evidencia el escaso involucramiento por parte del gobierno estatal en el asunto, lo cual pudiera interpretarse como un desconocimiento sobre el tema, o cierto “modus vivendi” con los especuladores. Lo primero es evidente, lo segundo no sería descabellado.
Temas de este tipo deberían de cobrar interés ahora que se ha convertido en tendencia local el tema de la restitución de la categoría municipal a la delegación de Villa de Pozos, a la que se pretende sumar algunos puntos estratégicos de La Pila. Pero el problema de fondo, evidentemente derivado de los asuntos de tenencia de la tierra, es el suministro de agua potable a empresas industriales, en un espacio donde ese líquido debería privilegiar al consumo humano.
En vez de un alcalde que se ocupe de pensar en construir vivienda municipal a bajo costo, o un gobernador que ofrezca devolver al pueblo una Feria iniciada en la década de los cuarenta (porque seguro se fue de allí que ya no es de él), deberían de sentarse a trabajar de manera conjunta en la resolución del problema del agua y la regulación del uso de suelo en espacios donde la industria, aunque permitida, ya resulta dañina por diversas circunstancias para los habitantes del entorno.
Esto no ocurrirá, es lógico, ambos se encuentran más ocupados en construir proyecciones personales a partir de alianzas con los grupos de poder, que en establecer estrategias de bien común en el oriente de la ciudad, espacio que pocas veces ha sido tomado en cuenta, pero que en breve pudiera constituirse como un espacio de gran potencial económico.
Quizá mientras unos pensamos en la creación de un nuevo municipio a partir de la redistribución de los distritos electorales, en realidad el atractivo se encuentra en el sistema recaudatorio ¿si no para qué sumarle diversos espacios de La Pila?; si San Luis es la caja chica del Verde, por qué Pozos no puede serlo de la gubernatura.
