María Ruiz
Silvia Castillo Hernández declaró sentirse revictimizada y vulnerada luego de que el pasado 8 de junio, los abogados y familiares de los tres jóvenes presuntamente implicados en el asesinato de su hijo, Alan Francisco Ibarra Castillo, llevaron a cabo una conferencia de prensa en donde la tacharon de conflictiva.
Argumento que, para Castillo Hernández, es una muestra más de la indolencia y denostación hacia su persona. Actos violentos que ha atravesado durante mucho tiempo, según indicó, para poder obtener justicia por la muerte de su hijo, quien fue asesinado en el año 2019.
Una situación que consideró una violación a sus derechos humanos, puesto que señaló que ella ya ha denunciado hechos de hostigamiento, acoso y amenaza por parte de algunos familiares de los tres presuntos implicados.
“Para mí es indignante ver cómo citan a la prensa; cómo sin vergüenza alguna me tachan de ser conflictiva. Claro que he gritado y con justa razón, pido justicia para mi hijo. Yo soy la víctima y tengo que aguantar que la familia de Adrián N. viva a casas de la mía, aún cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó, a través de una recomendación, se me reubicara de casa porque mi vida corre peligro y ver cómo la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no hace nada al respecto”.
Hechos que jamás fueron retomados por las familias de Astrid N. y Oscar Fernando N., jóvenes que fueron vinculados a proceso por los delitos de desaparición de personas y falso testimonio. Además de que tampoco merecieron la opinión de la familia de Adrián N. ya que, según señalaron, el joven actualmente se encuentra en calidad de “no localizado”.
Castillo Hernández enfatizó que los hechos iniciales en el asesinato de su hijo señalan a otro presunto implicado en los hechos: Víctor Alfonso N., alias “El Vic”, quien presumiblemente también participó en los hechos “con apariencia de delito de homicidio” como lo dicta la carpeta de investigación y que hasta el momento no se sabe su paradero.
Un actor fundamental en el asesinato de su hijo y quien tendría un vínculo cercano con los tres jóvenes que hoy se encuentran en la mira de las autoridades.
Sin embargo, durante estos tres años, las declaraciones de todos ellos han cambiado de manera constante, incluso los relatos han llegado a no coincidir de la forma en la que dio inicio la carpeta de investigación.
Situación que para Silvia Castillo recae en una inconsistencia y una razón más para pensar que posiblemente no dicen la verdad de los hechos.
“He temido que ese tal Víctor no exista. Ellos dicen, después de cambiar constantemente sus declaraciones que fue él el que mató a mi hijo a golpes con tal perversidad que incluso su cráneo sufrió daños físicos, y que después de ello lo quemó hasta dejarlo carbonizado en un 99 por ciento de su cuerpo. Para mí es imposible verlos como víctimas, ellos estaban ahí y saben qué sucedió en realidad”, expuso.
Aunado a esto, Castillo Hernández señaló que considera una grave omisión del titular de la CEEAV, Miguel Ángel García Amaro, al no disponerle de una defensa más especializada, puesto que Astrid N., Óscar Fernando N. y Adrián N. son representados por un grupo de abogados particulares que pertenecen al mismo bufete.
Eso le hace temer que nuevamente –como sucedió en el 2021 con Adrián N., quien había sido aprehendido–, el actual Juez de Control decida que los dos jóvenes vinculados merecen la libertad por “transgredir sus derechos humanos”.
“Así me pasó con Adrián, lo dejaron libre y desde entonces su familia no me deja en paz y desde que vi a mi hijo calcinado ya no la tengo. Sería mejor morir, pero él dejó una pequeña hija, inocente que no sabe nada y no es justo. Mi hijo era trabajador y tal vez tenía sus defectos, pero no se merecía morir así. Yo solo tengo una abogada, que me representa en cada audiencia y temo que, porque la justicia no está al alcance de mi bolsillo, desestimen las pruebas, los hechos y declaraciones para dejarlos en libertad”, mencionó.
Por lo que Castillo Hernández buscará apoyo en otras instancias, pero a nivel nacional, pues dice aquí en San Luis Potosí las autoridades no toman en serio su lucha, reclamo y exigencia por justicia.
“Es lamentable tener que viajar una y otra vez buscando ayuda de otros abogados, de otros asesores y de defensoras de los Derechos Humanos. Todo ha salido de mi bolsa y poco a poco me quedo sin nada. Qué va a ser de la justicia de mi hijo, qué va a ser de mí. ¿Verlos libres como si nada? ¿Paseándose afuera de mi casa, ocultando a Adrián, quien está escondido por sus padres? ¿Tengo que gritar, llorar y maldecir más? Ojalá que nadie atraviese el dolor de ver el cuerpo de su hijo calcinado, muerto, torturado. Y aunado a eso, su imagen manchada por quienes quieren librarse de su culpa. Hoy aquí estoy y estaré siempre pidiendo justicia para a Alan”, apuntó.
