Por Victoriano Martínez
¿Qué tanto le preocupará al gobernador Ricardo Gallardo Cardona la petición número P-1059-22 presentada el pasado 8 de junio de 2022 por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
¿Qué tantos motivos tiene para preocuparse quien, si es sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sale a decir sin ningún rubor que se trata de algo que “es parte de la grilla política”, ahora es señalado como “el primer perpetrador contra los derechos humanos de los ciudadanos” ante una instancia internacional?
Seguro le resultará incómodo que se le exhiba de esa manera fuera del país, pero se convencerá de que se trata de que hay quienes pretenden llevar la guerra sucia en su contra al ámbito internacional con intenciones de ampliar el campo de batalla de la grilla política.
El hecho es que, si los abogados que asesoran a Francisca Reséndiz Lara y al SITTGE encontraron elementos suficientes para que ingresara la petición a la CIDH es porque en las instancias locales se les negó el acceso a la justicia.
Para un gobernador adicto a la proyección de imagen, cuya presencia pagada en medios ya superó con mucho a la de su antecesor, la posibilidad de ser enjuiciado por una instancia internacional seguro será objeto de una operación para que se difunda lo menos posible, como primera acción de control de daños.
Cerrada la posibilidad de que se pueda llegar a pensar mal sobre su gestión como gobernador entre sus seguidores, los integrantes de su equipo seguramente le compartirán datos para aliviar cualquier inquietud de que de pronto tenga que enfrentar una resolución de la CIDH.
De entrada, le podrán decir que la petición hecha por el SITTGE es una más entre las 7 mil 602 que se han acumulado en la CIDH de 2006 a 2020, más las presentadas el año pasado y lo que va de este año.
Sobre las medidas cautelares que se solicitarán para la protección de Reséndiz Lara y los militantes del SITTGE, le podrán decir que la CIDH las otorga, en promedio, en uno de cada 22 casos mexicanos en los 15 años de información disponible en su portal.
Para que aún se sienta más confiado, le podrán decir que en 2019 la CIDH otorgó medidas cautelares a las peticiones mexicana en uno de cada 47 casos, y en 2020 en uno de cada 46. Comparado con uno de cada 5 en 2010, hoy es motivo de mucha menor preocupación.
Quizá lo podrían inquietar un poco con el siguiente dato: entre 2006 y 2020 sólo se generaron 19 informes de inadmisibilidad de las peticiones presentadas, es decir, de las 7 mil 602 sólo desecharon 19. La petición del SITTGE tiene muchas posibilidades de continuar con el trámite.
En contrapartida, le podrían comentar que sólo en cinco casos se emitieron informes que trataron el fondo del asunto sobre el que se pidió la intervención, y por si tuviera ánimo conciliador, el dato es que en ese periodo sólo se dieron 17 casos de “solución amistosa”.
Otro motivo de inquietud: durante ese mismo periodo se turnaron 10 casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones ya implican otro tipo de sanciones que van más allá de las recomendaciones que puede emitir la Comisión.
Pero el principal motivo de despreocupación no está en esas estadísticas, sino en la tardanza que suelen tener ese tipo de trámites ante la CIDH.
En el primer trimestre de este año, la CIDH informa sobre la admisión de seis peticiones para considerarlas como casos para darles trámite: cuatro que se presentaron en 2013 y dos de 2012.
La más antigua es del 9 de abril de 2012 y se convirtió en caso hasta el 5 de marzo de este año. Tardó 3 mil 617 días el informe de admisibilidad. El más reciente es del 18 de junio de 2013, es decir, se admite como caso 3 mil 186 días después.
Con ese rango de tardanza, la petición que el SITTGE presentó el pasado 8 de junio podría convertirse en un caso más para la CIDH entre el 27 de febrero de 2031 y el 3 de mayo de 2032.
Para entonces, ya habrán pasado más de tres años de que Gallardo Cardona haya terminado su periodo como gobernador.
En otras palabras, la petición del SITTGE a la CIDH poco le podrá incomodar a Gallardo Cardona mientras sea gobernador… a menos que los quejosos cuenten con algún as bajo la manga que sirva para la protección de los derechos humanos de Reséndiz Lara y la restitución de los derechos laborales de los agremiados a ese sindicato.
