Por María José Puente Zavala
Entre abril y mayo, el Congreso del Estado de San Luis Potosí pagó 766 mil 278 pesos por un laudo laboral a Lizette Rosso Guajardo, quien se desempeñó como asesora en el Instituto de Investigaciones Legislativas de esa dependencia entre enero de 2016 y noviembre de 2017.
De acuerdo con el listado de Egresos que el Poder Legislativo transparentó en abril de este año, el día 20 de ese mes se le hizo un primer pago por la cantidad de 350 mil pesos, foliado con el número 73725, y cuyo concepto se describió como “Convenio terminación juicio expediente laboral 02/2018/E-6.
Semanas más tarde, el 2 de mayo, Rosso Guajardo recibió un segundo pago, esta vez por 416 mil 278 pesos, foliado con el 3512, por concepto de un traspaso de cuenta “para el pago terminación juicio laboral 02/2018/E-5.
Un acta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), correspondiente a la sesión del 18 de abril de 2022, da cuenta del acuerdo JCP/LXIII/112/2022, en el que los integrantes de ese cuerpo colegiado —excepto Gabriela Martínez Lárraga, quien no estuvo presente— aprobaron “dar el debido cumplimiento” a los juicios laborales 02/2018/E-6 y 1356/2009/E-4.
Uno de ellos, el 02/2018/E-6, es el correspondiente al pago de 350 mil pesos; sin embargo, aunque se celebró sesión el 2 de mayo, misma fecha en la que se realizó el segundo pago por 416 mil 278 pesos, no se puso a consideración de la Jucopo autorizar dicha transferencia; además, el acta de esa sesión es la única transparentada durante el mes de mayo, pese a que el Reglamento Interior del Congreso establece que deberá realizarse, al menos, una sesión semanal ordinaria.
¿Quién es Lizette Rosso Guajardo?
De acuerdo con información vertida en las plataformas estatal y nacional de transparencia, Rosso Guajardo ha estado relacionada con el Partido Verde Ecologista de México desde 2009, año en que fungió como asesora de un regidor por ese partido en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.
Entre 2011 y 2012 se desempeñó como representante propietaria del partido en el Instituto Nacional Electoral y, al término, en 2012, fungió como representante propietaria ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
También en 2012 y hasta 2015 fue subdirectora de Normatividad en la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; de donde se trasladó, en 2016, al Congreso del Estado, donde laboró como asesora bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, hasta noviembre de 2017, cuando, de acuerdo con un acta de la Jucopo, fue dada de baja.
En ese entonces percibía un salario de 6 mil 500 pesos mensuales.
Desde noviembre de 2020 hasta la fecha, de acuerdo con información que Rosso ha hecho pública en su perfil de Facebook, labora en el Partido Verde Ecologista de México y cuenta de ello dan fotografías que compartió, al menos hasta junio de 2021, en labores de campaña o con personajes como el propio Ricardo Gallardo Cardona y Leonel Serrato Sánchez, durante el proceso electoral.
Sin embargo, a través de las plataformas de transparencia, ese instituto político, si bien reporta que Lizette Rosso Guajardo es militante de sus filas, no acredita dicha relación laboral.
Un laudo que esperó más de cuatro años para ser resuelto
De acuerdo con el artículo 59 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas, si bien es un derecho que “el trabajador que se considere cesado injustamente, podrá demandar ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la reinstalación en el cargo o puesto que tenía con todos sus derechos anteriores, y en las mismas condiciones en que las que se desempeñara, o la indemnización equivalente a tres meses de sueldo, y los salarios caídos desde la fecha del cese”, esto podrá ser “hasta por un período máximo de doce meses, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago”.
También dice la Ley que “si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento, o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagará al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago”.
Rosso Guajardo, entre abril y mayo de este año, a más de 53 meses de su baja, recibió el equivalente a casi 118 mensualidades.
Por otro lado, el Congreso del Estado, aunque está obligado a transparentar, mes con mes, “las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio”, no lo hace; sin embargo, en las Cuentas Públicas correspondientes al 2017, 2018, 2019 y 2020 sí detalla “los asuntos laborales ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje” y en ninguno de esos documentos se establece que se encuentren en trámite los expedientes 02/2018/E-6 y 02/2018/E-5.
