Por Victoriano Martínez
Mientras el panorama para los grupos empresariales que pretenden apropiarse de más de mil 888 hectáreas en el Ejido La Pila se complica ante el avance de los amparos de los ejidatarios inconformes, las investigaciones por corrupción en el intento de despojo han comenzado a involucrar a un personaje muy poco visible hasta ahora: Juan Manuel Carreras López.
Los ejidatarios de La Pila tienen muy claro que con la llegada de Carreras López al gobierno del Estado se aceleraron los embates empresariales por utilizar sus tierras para fines de urbanización industrial y hasta para la instalación de empresas generadoras de presuntas energías limpias.
Un proceso por apropiarse del territorio ejidal que tuvo como primer paso la asamblea ejidal del 18 de noviembre de 2018, cuando se incorporó una larga lista de empresarios como ejidatarios y como avecindados, entre quienes los ejidatarios inconformes tienen ubicados a familiares y prestanombres de Carreras López.
La última aportación de Carreras López para facilitar el desarrollo de los proyectos pretendidos por los empresarios en el Ejido La Pila fue el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que, combinado con los programas municipales de desarrollo urbano de San Luis Potosí capital, hacen viable el uso industrial de ese territorio ejidal.
Pero el proceso privatizador no les ha resultado. Con la resolución del Tribunal Unitario Agrario que ordena al Registro Agrario Nacional (RAN) interrumpir la inscripción y calificación del acta de la asamblea del Ejido La Pila del pasado 5 de junio, a los empresarios se les ha complicado en extremo culminar su pretendido dominio pleno sobre parte del territorio ejidal.
Una resolución firmada por el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, a quien los ejidatarios inconformes consideran coludido con la parte empresarial para favorecer el despojo pero que, ante las investigaciones de corrupción abiertas en torno al caso, por presiones desde el Tribunal Superior Agrario, debió ajustarse a dictaminar la queja de los inconformes conforme al procedimiento.
Una determinación que por lo menos durante algunos años impedirá que se validen los acuerdos de la asamblea del 5 de junio con el registro del acta en el RAN, además de que en ese periodo podrían surgir los resultados de las investigaciones iniciadas en la Procuraduría Agraria, el RAN y el propio Tribunal por actos ilegales para afectar la integridad del Ejido La Pila.
De entrada, la defensa que podrían presentar los ejidatarios que están a favor de vender junto con los empresarios les implicaría presentar el acta de la asamblea a la que hoy no han podido tener acceso los inconformes, con lo que quedaría expuesta la participación no autorizada de un representante de la Procuraduría Agraria en esa reunión.
Luis Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario Nacional, advirtió que en cuanto se detectara la firma del visitador agrario, Saúl Alonso Rodríguez, en el acta se presentaría una denuncia penal en su contra por usurpación de funciones al acudir sin haber sido comisionado para tal efecto.
Las complicaciones para los ejidatarios-empresarios también han llegado a una asamblea ejidal realizada el 26 de junio para incorporar a más personas del sector empresarial como integrantes del Ejido y favorecer proyectos incluso de generación de energías “limpias”.
El Juzgado Sexto de Distrito otorgó a los ejidatarios inconformes una suspensión de plano para que el Tribunal Agrario considere dentro del juicio agrario 568/2022 las inconformidades sobre la aceptación de más avecindados en el Ejido.
La situación se ha vuelto tan tensa, que en días pasado el nuevo representante en el Estado de la Procuraduría Agrario intentó renunciar por las presiones empresariales, pero recibió instrucciones de mantenerse en el cargo para dar continuidad a las investigaciones de casos de corrupción.
Un panorama en el que las resoluciones judiciales tendrán un impacto porque podrían provocar el colapso de grupos industriales como Valoran y WTC con empresas que ya habían entregado sumas millonarias como adelanto por áreas que ocuparían naves industriales. Compromisos que podrían convertirse en litigios por defraudación e incumplimiento de contratos.
Un panorama bastante complicado ante el que, desde la Federación, las investigaciones no sólo abarcan a los funcionarios de las dependencias involucradas, sino a personajes que operaron y operan desde el sector empresarial y gubernamental, por la vía de una revisión a sus movimientos financieros y entre quienes se tienen en la mira figura el ex gobernador Carreras López.
