Gloria Serrato
La Pandemia del COVID 19, ha afectado diferentes esferas de la vida de las personas de todas las edades. En los meses iniciales de esta pandemia global, el grupo de las personas adultas mayores vivió la peor parte, pues del total que murieron a causa del virus, el 70 por ciento fueron personas de más de 64 años de edad. Esos meses, las personas mayores debieron quedarse confinadas en sus espacios, de inmediato, para evitar que pudieran ser contagiados.
Esta semana que comienza, según fuentes oficiales de la Secretaría de Salud, se han acumulado más de 6.4 millones de personas contagiadas de las cuales 344 mil perdieron la vida.
Estamos frente a una quinta ola de esta pandemia, con mayor cantidad de contagios pero con la esperanza de que la enfermedad y las secuelas que pueda producir, se vean disminuidas por las vacunas que se han aplicado a la mayor parte de la población, incluyendo ya a los niños y niñas de 5 años en adelante.
La población más afectada fue la de las personas adultas mayores, tanto en su salud física como en su salud mental, emocional y hasta en su patrimonio.
De tal modo que la medida del distanciamiento social, que fue una de las principales acciones como política pública o como estrategia para la disminución de los contagios, afectó severamente a la población de más de 60 años, provocándole síntomas depresivos y de ansiedad, desde irritabilidad, tristeza, impotencia, pérdida del interés en realizar actividades que antes les gustaban, preocupaciones excesivas, dificultad para mantener el sueño, entre otras.
El Gobierno en sus diferentes niveles, a través de la Secretaría de Salud, así como de las instancias de protección a personas adultas mayores, establecieron guías de acción para que las personas cuidadoras supieran cómo ayudarles a enfrentar y superar las dificultades de salud, y quienes principalmente tenían que estar pendientes de qué las personas adultas mayores se sintieran menos presionados por el encierro y por el distanciamiento, eran sus familiares consanguíneos.
Las recomendaciones eran acciones básicas de comunicación, en las que había que enseñarles a utilizar las herramientas tecnológicas para que pudieran hacer videollamadas, enviar mensajes de WhatsApp, utilizar una computadora y que se les animara a mantener comunicación continua con sus seres queridos.
En salud ya hemos visto que se vieron disminuidos por problemas de salud bucal, atención a sus enfermedades crónico degenerativas, depresión, olvidos que repercutieron en sentirse abandonados.
De las acciones que causaron mayores estragos a la población adulta, fue el confinamiento y la sana distancia que había que guardar, y que muchos de sus familiares la usaron de pretexto para dejarles en completo abandono, incluso para iniciar trámites civiles en cuanto a la posesión de sus inmuebles, el cobro de sus pensiones y hasta juicios de interdicción para declararles incapaces.
En esa otra cara de las secuelas del COVID, amistades de las personas adultas mayores hicieron denuncias públicas del maltrato, abandono y despojo de sus bienes por parte de hijos e hijas, nietos, nietas y demás familiares. Advirtieron que familiares y otros que no lo eran, se ofrecieron a hacerles apoyos tales como recoger sus pensiones de jubilación, comprarles lo necesario para sus alimentos, tramitarles algún documento en instancias oficiales y de gobierno, y por último, de las cosas más delicadas, despojarles de sus bienes Inmuebles.
El despojo de bienes materiales no es algo reciente, ni tampoco que sea exclusivamente secuela de la pandemia.
En la administración anterior del Gobierno Estatal, personal del Sistema DIF Estatal denunciaron que trabajadores encargados del seguimiento de personas adultas mayores, con la anuencia de sus superiores, se habían hecho de bienes inmuebles de aquellas personas que no tenían familiares cercanos, o en la ciudad.
De ser ciertos estos hechos, denunciados principalmente por amistades de las personas adultas mayores, estaríamos en un panorama donde el propio Estado que es el que debe velar por el bienestar de las personas adultas mayores, estén involucrados en este tipo de situaciones ilícitas. Compete a la propia autoridad revisar si efectivamente los señalamientos de despojo a personas adultas mayores es real.
La pandemia deja una estela de secuelas para todas las personas, el abandono de hombres y mujeres es una forma de violencia grave, que debe atenderse y son los organismos de protección para este grupo etario quienes deben implementar acciones concretas para el cuidado y atención que les garantizarles una vejez digna.
Es periodista y abogada, doctora y maestra especialista en atención a víctimas, derechos humanos, transparencia y salud. Actualmente es directora de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado. Anteriormente se desempeñó como comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y como presidenta de la Mesa Interinstitucional de Feminicidios. Cuenta con diversas publicaciones entre las que destaca su tesis doctoral Construcción de Personajes: El Subcomandante Marcos y la prensa en México 1994 a 1995.
