Por Victoriano Martínez
¿Qué tienen en común los casos de la falta de atención por parte del alcalde Enrique Galindo Ceballos a los vecinos de la empresa Calidra, las sanciones a funcionarios del Interapas por presuntos cobros ilegales a los beneficiarios del programa Cuenta Nueva y Borrón, y el arresto a un joven con su patineta en la plaza de Tequis?
De algún modo, los tres muestran por parte del alcalde un trato diferenciado a una de las partes que denota cierta tendencia a ignorar el interés general por privilegiar otros.
“Han pasado siete meses y a pesar de las denuncias, las evidencias presentadas y las recurrentes vueltas que nos han obligado a dar, no hemos recibido respuesta, solamente pretextos y una evidente falta de interés”, señalaron los vecinos de Calidra.
Entre quienes les han demostrado esa “evidente falta de interés”, conforme al documento que hicieron público los vecinos de Calidra, se encuentra Galindo Ceballos, quien ha mostrado propagandísticamente tal apertura para atender casos como la escasez de agua, al grado de hacer público su “número de celular personal”, pero con ellos no.
¿Hasta dónde esa falta de interés por atenderlos se debe a que no se trata de un sector afectado por un asunto que le pueda dar buena imagen en su propaganda para alimentar su ego, o antepone algún compromiso con la empresa originado en la atención a otro tipo de intereses?
Una desatención por siete meses totalmente injustificada no sólo por tratarse de los habitantes de al menos ocho fraccionamientos y comunidades, sino porque existe de por medio la resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que anula autorizaciones municipales que como autoridad tendría que hacer valer.
Si en el caso de Calidra, Galindo Ceballos se ve con tendencia a favorecer a la parte que se muestra económicamente fuerte, en el caso del programa Cuenta Nueva y Borrón deja ver un indicio de algo similar.
El alcalde llamó a la población a evitar pagar a funcionarios del Interapas por obtener el beneficio previsto en el programa porque tiene carácter gratuito. Hasta ahí todo bien. Loable buscar evitar la corrupción.
La mención a que se trata de adeudos por el servicio de agua potable de hasta 50 mil pesos abre el filón sobre el sector al que preferentemente se busca proteger.
Se podría pensar que difícilmente en sectores populares se acumulen esos montos de adeudos cuando el Interapas es implacable al cortar el servicio por falta de pago. En contraparte, de existir adeudos con esos montos en esos sectores sería indicio de la aplicación de tarifas muy altas y, por tanto, muy diferentes a las aprobadas.
El Interapas informó que al 31 de mayo se habían firmado más de 21 mil convenios de Cuenta Nueva y Borrón y con eso se había logrado captar 13.2 millones de pesos, Es decir, un pago promedio por usuario en los primeros cinco meses del año de 628 pesos. Para que una de esas cuentas acumule un adeudo de 50 mil pesos tendría que tener un atraso de 33 años.
El Interapas es poco transparente en los requisitos para ser acreedor al programa Cuenta Nueva y Borrón. A lo más que llega es a señalar que en sus oficinas se informará al usuario sobre el procedimiento, lo que deja campo abierto a los funcionarios hoy señalados por corrupción, tres ya cesados y otros tres o cuatro más en capilla, según el alcalde.
Si hay adeudos de hasta 50 mil pesos que acceden al programa, un ejercicio obligado para el Interapas es dar a conocer el padrón de beneficiarios como ordena el artículo 84, fracción XX, inciso q), con el nombre, “el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas” y demás datos que se especifican en esa disposición.
El organismo operador del servicio de agua potable no publica esa información en la Plataforma Estatal de Transparencia, con lo que tiene un campo abierto para aplicar los beneficios del Cuenta Nueva y Borrón con total discreción y en la opacidad. Tras la corrupción de sus funcionarios podría estar una corrupción institucionalizada.
Galindo Ceballos podría explicarse más sobre la razón por la que asegura que sus policías hicieron bien su trabajo en el arresto del domingo en la plaza de Tequis, no sólo como solidaridad gremial, y echar mano del Bando de Policía y Buen Gobierno y de la Ley que Establece los Principios para el Uso de la Fuerza Pública.
Quizá de esa forma no quedaría la idea de que la reacción tan inmediata de los policías fue respuesta a un padre de familia que los llamó con mucha más suerte que tantos otros llamados que no son atendidos o a los que se acude cuando la emergencia ya pasó.
Quizá entonces Galindo Ceballos habría expuesto cómo quedó documentado en el procedimiento que en primer término se apercibió al adolescente en falta para entrar al orden y, como dice el artículo 5 de la ley sobre el uso de la fuerza, “previamente se llevaron a cabo otro tipo de acciones o medidas que no hayan resultado exitosas”.
El video sobre el arresto exhibe a una serie de testigos que percibieron la acción como arbitraria, sin que se le tomara en cuenta lo que, pasado el hecho, sólo quedaría justificado si se cumple a cabalidad con el citado artículo 5 que señala que las acciones previas se tienen que acreditar.
Ignorar el llamado de colonos vecinos de Calidra, ocultar el padrón de beneficiarios de Interapas, y limitarse a asegurar que los policías hicieron bien su trabajo sin exhibir cómo acreditan ajustarse a la ley, de una forma u otra, son posturas que van contra el interés público y hacen esperar poco sobre la atención a otros problemas que afectan a la comunidad, incluso más sensibles.
