Por: María José Puente Zavala
Entre el sigilo y múltiples irregularidades, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, llevó a cabo el proceso para designar formalmente a quien encabezará la Coordinación Municipal de Derechos Humanos (CMDH).
Primero, el alcalde nombró, de facto, a Jorge Andrés López Espinosa como encargado de despacho. Posteriormente, en el seno del Cabildo, se llevó a cabo la derogación del anterior reglamento de la Coordinación y la expedición de uno nuevo con modificaciones que legitimaron dicho nombramiento; y finalmente se realizó una sigilosa convocatoria para, ahora sí, seleccionar a quien encabezará la instancia durante el resto del trienio.
Una convocatoria que apunta a la ratificación de López Espinosa.
El primer nombramiento
En octubre de 2021, con la renovación del Cabildo, debió llevarse a cabo una convocatoria para seleccionar al titular de la Coordinación, pues así lo estipulaba el reglamento publicado hacía menos de un mes en el Periódico Oficial del Estado, cuando la Coordinación todavía la encabezaba su primera titular, Olga Liliana Palacios Pérez.
Además, en el artículo 37 de dicho documento se establecía que: “en tanto el Cabildo de una nueva administración municipal no designe a la persona Coordinadora, la persona titular de la Visitaduría General se encargará del despacho de los asuntos que son de la competencia de la CMDH”.
Contrario a ello, Galindo designó a Jorge Andrés López Espinosa, antes titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y su rival durante el proceso electoral que lo llevó a la Presidencia Municipal, como encargado de despacho, pero no hizo pública dicha colocación, como sí se informó sobre los nombramientos de otros titulares de las diferentes dependencias que integran la administración pública local.
Asimismo, en los primeros nueve meses de su gobierno, tampoco impulsó la publicación de la convocatoria reglamentaria… hasta ahora.
Un nuevo reglamento
Actualmente, Jorge Andrés López Espinosa se mantiene en el cargo; sin embargo, desde mayo de este año, su designación se regularizó, pues el Cabildo aprobó, en la sesión del día 13 de ese mes, un nuevo reglamento que, entre otros 28 artículos, modificó el 37, que ahora establece lo siguiente:
“En tanto el Cabildo de una nueva administración municipal no designe a la persona Titular de la Coordinación, el Titular de la Presidencia Municipal nombrará una persona encargada del despacho de los asuntos competencia de la Coordinación”.
El 6 de junio de 2022, el Periódico Oficial del Estado publicó el nuevo Reglamento, con lo que se oficializó su entrada en vigor y, por tanto, la nueva facultad del alcalde de nombrar un encargado de despacho, en este caso López Espinosa.
Ni ese día, ni el 13, cuando se discutió la expedición del nuevo reglamento en la sesión de Cabildo, el Ayuntamiento emitió comunicado alguno sobre ello. Ni siquiera se hizo mención del tema en las redes sociales del gobierno municipal, ni siquiera en las de la propia Coordinación Municipal de Derechos Humanos, algo que llama la atención, pues entre las modificaciones al reglamento, las comisiones edilicias hicieron énfasis en la inclusión de un principio que, dicen, en la anterior administración no se tomó en cuenta: el de máxima publicidad.
La convocatoria
Más de tres semanas después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, el 30 de junio, el Cabildo aprobó la convocatoria para seleccionar a la o el titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos.
En uso de la voz, el regidor Ángel Lara García aseguró que el documento se trabajó en la comisión de Derechos Humanos y que tenía, entre otras cosas, por objeto “dar certeza a los aspirantes de un procedimiento serio, incluyente y apegado a la legalidad”.
La convocatoria se aprobó por unanimidad; sin embargo, cuando el secretario general Fernando Chávez se disponía a detallar sobre su envío para publicarse en el Periódico Oficial del Estado, de manera que, ahora sí, comenzara a correr el plazo para la recepción de propuestas, el audio de la grabación, disponible únicamente en YouTube, dejó de registrarse.
Aunque otras sesiones se han transmitido a través de las redes sociales del gobierno municipal, en este caso no ocurrió así, por lo que no es posible saber qué otros aspectos sobre el tema se discutieron en esa sesión.
Fue hasta el 5 de julio que la convocatoria se publicó en el Periódico Oficial del Estado; sin embargo, ni a través de comunicados oficiales, ni en las redes sociales del Ayuntamiento y, nuevamente, ni siquiera en las de la propia Coordinación se realizó una sola publicación invitando a participar en el proceso que únicamente estaría abierto durante cinco días hábiles contables a partir del 6.
En ese lapso de tiempo, solo se recibieron las postulaciones de cuatro aspirantes, a diferencia del proceso anterior, llevado a cabo entre 5 y el 16 de noviembre de 2019, y para el que se inscribieron un total de 24 personas, de acuerdo con el acta de Cabildo.
Astrolabio pudo conversar con una de los cuatro candidatos que se registraron para la convocatoria de 2022, quien advierte que el proceso parece avanzar en el sentido de favorecer la elección del actual encargado de despacho Jorge Andrés López Espinosa.
Gabriela Silva relata que tuvo conocimiento de la convocatoria hasta el viernes 8, cuando ya habían corrido prácticamente 3 de los 5 días hábiles establecidos para presentar su registro.
De entrada, el documento exige la presentación de una constancia de residencia cuya tramitación toma, por lo menos, dos días hábiles; además, solicita también una “constancia de existencia o no de Sanciones impuestas, emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE)” instancia que, en su sitio web, establece que ese trámite dura 5 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud registrada en el sistema.
Es decir, ni siquiera solicitándola desde el 5 de julio sería posible obtenerla a tiempo para completar el registro; e incluso haciendo uso de los dos días extra que la convocatoria otorga para subsanar los faltantes, un aspirante que la solicitara después del primer día de la entrada en vigor de la convocatoria, podría conseguirla dentro del plazo.
La aspirante relató a Astrolabio que el personal de la ASE admitió que, a diferencia de otras ocasiones, el Ayuntamiento no informó a esa dependencia que tendría ese proceso de selección abierto, algo que se hace para que el trámite sea prioritario y se libere con tiempo.
Finalmente, la ASE dio a Silva el 19 de julio como fecha de entrega de la constancia requerida y oficializó dicho término en un oficio que se adjuntó al expediente para que pudiera ser admitido por la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo.
Al llegar a la Unidad Administrativa Municipal para entregar su documentación el último día de la convocatoria, la defensora notó que el personal no contaba con los formatos para cotejar y registrar la recepción de documentos, por lo que considera que no esperaban recibir ninguna postulación.
Además, de acuerdo con lo que le indicaron, ese 10 de julio, después de la una de la tarde, a menos de dos horas de cerrar la convocatoria, su registro era el único formalizado; es decir, ni siquiera Jorge Andrés López Espinosa se había inscrito.
La terna
De acuerdo con la base cuarta de la convocatoria, una vez recibidas las propuestas, “la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, sesionará a efecto de evaluar las propuestas recibidas. Para ello, convocará en los horarios y días que determine la Comisión, a las personas participantes, quienes tendrán un tiempo de hasta 15 quince minutos para exponer su Plan de Trabajo ante los integrantes de la Comisión”.
Dicho Plan de Trabajo, indica la convocatoria, no deberá exceder las cuatro cuartillas y deberá presentarse junto con toda la documentación requerida para el registro de la candidatura. El 20 de julio Gabriela Silva recibió una llamada telefónica para informarle que el 22 tendría que acudir a realizar la presentación del suyo.
Acudió, realizó la presentación, respondió los cuestionamientos de las y los integrantes de la Comisión edilicia; y, cerca de terminar, notó que ingresó al recinto Jorge Andrés López Espinosa, quien escuchó parte de su presentación y, de acuerdo con lo que le indicaron, sería el siguiente en exponer; sin embargo, a diferencia de a él, a ella no se le permitió atestiguar la exposición del funcionario.
El 26 de julio, la Comisión de Derechos Humanos avisó a Gabriela que ya se encontraba listo el dictamen con la terna seleccionada tras la presentación de los Planes de Trabajo. Una terna integrada, en primer lugar, por López Espinosa, después Elizabeth Jalomo de León y finalmente Fernando Sánchez Lárraga.
Elizabeth Jalomo de León es abogada, actualmente secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de San Luis Potosí y además forma parte del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desde el año 2000 ha ocupado cargos en instancias electorales y se ha desempeñado también como catedrática y abogada postulante.
Fernando Sánchez Lárraga es doctor en Derecho y desde la década de los 90’s se ha desempeñado en diversos puestos al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre los que destacan la dirección de la Facultad de Derecho y la titularidad de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
En 2021 participó como aspirante a dirigir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); sin embargo, no fue electo, salvo como integrante del Consejo, razón por la que emprendió una infructuosa batalla legal contra el Congreso local para que fuera repuesto el proceso.
En cuanto a Jorge Andrés López Espinosa, antes de ser designado como encargado de despacho de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, fue candidato a la alcaldía de San Luis Potosí por el partido Movimiento Ciudadano; y, previo al inicio de la contienda electoral, se desempeñó como titular de la CEDH.
Aunque cumple con el perfil profesional y académico para postularse por el cargo; incumple, al menos, con uno de los siete requisitos que plantea la convocatoria: el séptimo, donde se establece que los o las postulantes no deberán desempeñarse como servidores públicos en ningún nivel de gobierno; pues, desde octubre de 2021, se encuentra en la nómina del gobierno municipal.
Por otro lado, de acuerdo con Gabriela Silva, al llevar nueve meses como encargado del despacho en la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, ostentaba una ventaja para la elaboración del Plan de Trabajo, en comparación con el resto de los aspirantes que, sin acceso a un diagnóstico, debieron plantear dicha proyección.
Finalmente, el Cabildo incurrió, hasta donde se sabe, en una irregularidad más: pues, de acuerdo con la convocatoria, una vez se tenga la terna de aspirantes preseleccionados, la Comisión Permanente de Derechos Humanos “turnará a la Secretaría General del Ayuntamiento, el dictamen respectivo y pedirá́ se enliste en el orden del día de la siguiente sesión que programe el Cabildo, debiendo darlo a conocer a la totalidad de integrantes del Cabildo”.
La siguiente sesión, después del día 26, se llevó a cabo el pasado 29 de julio; sin embargo, la votación para elegir al Ombudsperson municipal no fue inscrita en el orden del día, incumpliendo, nuevamente, con su propia convocatoria.
