Por Victoriano Martínez
Hoy se reanudan las sesiones del juicio en contra de Alejandro N. tras 14 aplazamientos como registro de la forma en que en el caso se ha dejado de lado el interés superior de la niñez para anteponer los requerimientos que ha hecho la defensa del imputado y hasta el periodo vacacional del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado.
Es la continuación de lo que hasta ahora ha dejado una cadena de agravios en contra de una víctima de abuso sexual no sólo por parte de su agresor, sino de las propias instituciones del Estado que debieron protegerlo, incluido el aplazamiento por vacaciones del Poder Judicial, y una defensa tan enfocada en responsabilizar a la víctima, que pareciera ser ella la sometida a juicio.
En la audiencia del 14 de julio, la última de las ocho que se realizaron el mes pasado, la defensa presentó como testigo a una tía de la víctima para que relatara las condiciones familiares del joven violado por Alejandro N., con la clara intención de que se le juzgue por la condición de su entorno familiar y el efecto que tuvo en él desde niño, a un grado estigmatizante.
Sobre la víctima ya no sólo pesa la agresión por parte de Alejandro N., de las instituciones que representó el victimario y la complicidad y encubrimiento que lo respaldaron por mucho tiempo, de la prolongación de un juicio que lo mantiene en tensión, sino también ahora el uso de su familia por parte de la defensa para prácticamente responsabilizarlo de su circunstancia.
Si el aplazamiento del pasado 14 de julio exhibió que por encima del interés superior de la niñez está el derecho al asueto de los responsables de aplicar la justicia, también dejó ver una circunstancia favorable a la defensa –entre casual y causal– al darles cuatro semanas para la preparación de los 12 testigos restantes, convocados por los representantes de Alejandro N.
Las próximas dos audiencias tendrán como actores a testigos propuestos por la defensa, lo que deja al cierre del proceso más enfocado a la aportación de versiones que refuercen el enjuiciamiento en contra de la víctima como la ruta para aminorar la responsabilidad de Alejandro N. y cambiar el cargo de violación por el delito de estupro, con una pena que en los hechos lo liberaría.
¿Hasta dónde es válido que la defensa del inculpado pueda revictimizar de esa manera a un menor de edad con tal de atenuar la responsabilidad de su defendido? ¿Hasta dónde lo puede tolerar el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado? ¿En qué medida una defensa del inculpado tan agresiva hacia la víctima atenta contra la protección del interés superior de la niñez?
La historia de agravios, tanto personales por parte de Alejandro N. como de diversas instituciones del Estado, en contra de la víctima han caracterizado el caso, al grado de que la principal condición por la que se acredita su relevancia es el carácter de servidor público con alta jerarquía del victimario, que ponen en tela de duda el servicio que da el Estado a personas vulnerables.
Agravios a los que, de alguna manera, el propio Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado se ha sumado al prolongar con el aplazamiento por vacaciones la tensión que enfrenta la víctima antes que procurar justicia pronta y expedita.
Una circunstancia que, una vez desahogado el periodo de presentación de testigos y los alegatos finales que presentan las partes, pondrá a prueba a los juzgadores del Poder Judicial porque tendrán que demostrar con su fallo que se privilegiará la justicia y no se abrirá un expediente de nuevos agravios contra la víctima.
Una disyuntiva que coloca al Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado entre atender el interés de la víctima o sumarse a la inercia de agresiones institucionales contra un menor de edad violado por la circunstancia familiar que lo tocó vivir y así ampliar las dudas sobre los organismos protectores de sectores vulnerables a generar dudas sobre el aparato de aplicación de justicia.
