Por Victoriano Martínez
Si algo dejó la movilización que se dio a favor de la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito, además del decreto del 13 de diciembre de 2021 que hoy la preserva, fue reconocer los límites que debe tener la urbanización que, además de respetar a la naturaleza, también debe evitar abusos en la tenencia de la tierra por asimetrías económicas.
A ocho meses de que la Sierra se convirtió formalmente en ANP, sus defensores nuevamente se ven obligados a salir a buscar el apoyo de la población, esta vez por lo que consideran una conspiración jurídica de los barones del concreto con la que intentan revertir el decreto de área natural protegida de flora y fauna.
La naturaleza no se protege por decreto, aunque éstos constituyen el instrumento principal para emprender las acciones necesarias para su preservación.
Tal es el caso en la Sierra de San Miguelito donde, en los ocho meses que han transcurrido tras la declaratoria, se ha desarrollado un trabajo discreto pero constante por parte del los Guardianes de la Sierra y las autoridades federales para avanzar en la elaboración del plan de manejo con acuerdos con los poseedores de las tierras, lo que afianzaría ese territorio como ANP.
Resulta lógico que, si los depredadores inmobiliarios tenían previstos negocios multimillonarios con la explotación de ese territorio, en los últimos ocho meses también hayan desarrollado acciones más allá de los amparos que promovieron en contra del decreto, entre las que se encuentran proyectos alternativos como el del predio conocido como La Tiendita.
Sobre ese predio, los desarrolladores inmobiliarios intentaron iniciar la construcción del fraccionamiento Privadas Parque Real, en una maniobra que impidieron los comuneros de San Juan de Guadalupe por considerar que se trata de un territorio que les pertenece y se encuentra en litigio.
El incidente habría quedado en dar cauce en las instancias correspondientes a esa confrontación, de no ser porque ésta sirvió de justificación para que se iniciaran acciones jurídicas en contra de un comunero, una comunera y un activista que jugaron un papel importante en la lucha por la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito.
“La mafia inmobiliaria está elaborando una conspiración jurídica con autoridades que se prestan a la vulneración de los derechos humanos. Diseñan carpetas de investigación y demandas de diverso carácter para intimidar y acabar a este movimiento social”, denuncian los Guardianes de la Sierra en un escrito dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como lo hicieron en mayo de 2019 cuando se recabaron firmas para pronunciarse a favor de la Sierra y en contra de los fraccionamientos, hoy nuevamente los Guardianes de la Sierra de San Miguelito lanzan una convocatoria pare recabar firmas que respalden el escrito dirigido a López Obrador. La meta es alta: 50 mil firmas.
En mayo de 2019 lograron recabar más de 14 mil firmas en unos cuantos días, entre ellas la de López Obrador, para un documento dirigido al entonces alcalde Xavier Nava Palacios.
Hoy la colecta de firmas da continuidad a la lucha por cuidar la Sierra de San Miguelito de los embates de los depredadores inmobiliario y, en ese sentido, tiene el mismo carácter que la que se dio hace tres años: reforzar la protección a la Sierra con medidas como declarar de seguridad nacional la declaratoria de ANP.
Los Guardianes de la Sierra advierte que “la mafia inmobiliaria usa el poder económico y las instituciones de gobierno para intentar aplastar una lucha que ha defendido la protección de la sierra de San Miguelito, el agua y la vida”.
Señala que pretenden encarcelar a Virginia Trujillo Valenzuela, Noel de la Rosa Bravo, comunera y comunero y a los líderes de los Guardianes, como “parte de una elaborada estrategia para destruir el Decreto de Área Natural Protegida de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito”.
“La mafia inmobiliaria se siente protegida por funcionarios locales y con este arbitrario acto, retan al Presidente AMLO y a la sociedad que tiene derecho a un medio ambiente sano”, señalan sin mencionar el acercamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con los empresarios inmobiliarios interesados en la Sierra que forman parte del Consejo Consultivo Potosí.
Una colecta de firmas que se dará en un ambiente en el que los embates empresariales contra comunidades y ejidos en torno a la zona metropolitana han abierto otros frente como el caso del Ejido La Pila y el proyecto inmobiliario industrial, o el de Valle Umbroso, donde una empresa de “energías limpias” pretende explotar más de 500 hectáreas que se volverían tierra estéril.
Si el movimiento a favor de la Sierra de San Miguelito logró en diciembre pasado la publicación del decreto presidencial, el llamado de la Sierra mantiene la misma urgencia para alcanzar medidas adicionales que eviten no sólo que se pudiera revertir la declaratoria, sino que aun con ella la depredación ecológica inmobiliaria se abra paso.
Estos son los puntos petitorios en el escrito que a partir de hoy comenzaran a circular los Guardianes de la Sierra entre la población de San Luis Potosí para que apoyen con su firma la salvaguarda de la Sierra de San Miguelito:
1.- Respeto a la libertad, seguridad y vida de Noel de la Rosa y la de los activistas de Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
2.- Otorgamiento de medidas cautelares y de protección de los líderes del movimiento Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
3.- Investigación respecto a contratos de asociaciones en participación y manejo de recursos de procedencia ilícita de los empresarios fraccionadores que buscan destruir el Decreto de Área Natural Protegida de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito.
4.- Investigación sobre la compra de tierras de origen comunal por fraccionadores y promover las acciones de defensa y respeto del territorio.
5.- Declarar el Decreto del Área Natural Protegida de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito como un asunto de Seguridad Nacional, en beneficio de ejidos, comunidades y sus propietarios legítimos, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento del Decreto, estableciendo el mismo como una institución democrática que protege a la población frente a las amenazas y riesgos que implican la afectación de nuestros ecosistemas, el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
