Angélica Campillo
La diputada Gabriela Martínez Lárraga y el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández manifestaron que el condicionar la entrega de apoyos sociales del Gobierno del Estado con fines electorales constituye un delito que debe denunciarse.
Esta semana, Astrolabio Diario Digital dio a conocer que el Gobierno del Estado empató la estructura de delegados del DIF estatal y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesore) para la entrega de apoyos sociales, con la estructura de los 15 distritos electorales en los que está dividida la entidad potosina.
Al respecto, Martínez Lárraga dijo tener conocimiento de que hay personas a quienes les dicen que si no son parte de determinado partido político no les otorgarán apoyos sociales, lo cual consideró como un delito que tendrían que denunciar, aunque les da temor, “pero si no lo hacen, no se van a erradicar ese tipo de prácticas”.
Mencionó que las y los diputados deben vigilar que el presupuesto público no vaya a campañas políticas, sino que se aplique en servicios y en los programas sociales para la gente que realmente lo necesite.
“Una de nuestras funciones como representantes de las y los ciudadanos es velar por la transparencia del uso de los recursos”.
La legisladora señaló que estará al pendiente del tema y solicitará a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado que haga lo propio, porque se tiene que revisar el presupuesto que se otorgó para los apoyos sociales, cuáles son sus reglas de operación y cómo se dispersan, al ser programas públicos que provienen del dinero de las y los potosinos, y no de un partido político.
La diputada aseveró que es un derecho de la ciudadanía afiliarse al partido político que desee, y eso no los debe condicionar a recibir algún apoyo social.
Apuntó que al haberse integrado las delegaciones donde el DIF estatal y la Sedesore entregan apoyos sociales de acuerdo con los distritos electorales, hace pensar que el Gobierno del Estado va a utilizar el recurso público para poder hacer proselitismo, y aseguró que eso no se debe de permitir.
“Es un tema muy delicado, al que tendremos que poner mucha atención y estaré muy vigilante de que no se condicione la entrega de apoyos sociales, pero le pido a la sociedad que denuncie ese tipo de prácticas”, argumentó la diputada.
Por separado, el diputado panista Juan Francisco Aguilar Hernández dijo que siempre y cuando se acredite que las personas beneficiadas con los programas sociales realmente lo necesiten, no hay inconveniente, pero si van encaminados a fines electorales, es decir, que se otorguen a quienes no lo requieran por temas estrictamente electorales, está mal.
Aguilar Hernández refirió que desde el Legislativo deben estar atentos a que no se condicione la entrega de los programas sociales. En caso de que esto llegue a pasar y si réplica esta práctica como lo ha hecho Morena, es un delito que deberá denunciarse.
“El espíritu de los programas sociales es para personas que realmente lo necesiten, sin ningún fin electoral y sin que se condicione al beneficiario para que en un futuro apoye al partido en una votación”, finalizó.
