Fernanda Durán
Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dio a conocer que hay alrededor de 9 mil 500 millones de pesos observados que no han sido aclarados por los directivos de Diconsa, Liconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por lo que hay 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Las irregularidades fueron detectadas en la dictaminación de los estados financieros de 2019 y 2021; en el caso de Liconsa, pasó de tener una opinión limpia a una abstención de opinión; Diconsa, de una opinión con salvedad, a abstención de opinión; mientras Segalmex se mantuvo en ambas ocasiones con abstención de opinión.
“Se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores”.
Tras diversas auditorias que registraron el incremento de inconsistencias en la rendición de cuentas de las tres instituciones, fue creado un grupo de trabajo interinstitucional para “investigar, dar seguimiento y corregir la problemática en razón de los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos”.
El funcionario destacó que la SPF realizó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021, los cuales incluyen auditorias, visitas y verificaciones con montos observados por 6 mil millones de pesos; por su parte la Auditoria Superior de la Federación (ASF) llevó a cabo 22 pliegos de observaciones por más de 3 mil millones de pesos.
“Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9 mil 500 millones, es importante aclarar que cuando se habla en fiscalización de montos observados, debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente”.
Los montos se encuentran en proceso de aclaración, documentación y posiblemente en su recuperación, detalló Salcedo Aquino.
Por otro lado, las dependencias que han presentado más de 30 denuncias contra estas instituciones ante la FGR son: la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SPF y la propia Fiscalía General de la República sigue su propia investigación por la presunta comisión de delitos que podrían haber causado un daño patrimonial.
Dichas denuncias están en etapa de investigación con miras a su judicialización, y principalmente son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que las carpetas de investigación se integran bajo la óptica de delincuencia organizada.
Roberto Salcedo agregó que un servidor público fue vinculado a proceso por invertir en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos, sin respetar la normativa vigente; aunque por ley no puede revelar nombres o partes del proceso, aseguró que el capital ya fue recuperado en su totalidad.
Finalmente, el titular de la SFP advirtió que se renovó toda la estructura de mandos directivos y de personal en Segalmex, Diconsa y Liconsa para evitar que la nueva administración incurra en irregularidades.
Asimismo, detalló que se realizarán tareas para obtener los resultados deseados, las cuales serán robustecer los sistemas de control interno, supervisar las tres entidades, establecer las representaciones de Segalmex en los estados que opera, modernizar el equipo y los sistemas para los centros de acopio, entre otras.
