Por Victoriano Martínez
En el caso de Alejandro N., los agravios contra la víctima por parte del Estado, con una actitud adultocéntrica, se acumulan.
Una condición que parecen compartir los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado con aplazamientos que contradicen los motivos de su integración –relevancia, complejidad e impacto social–, además de desatender el principio de justicia pronta y expedita agravado por tratarse de un caso en el que se debe privilegiar el interés superior de la niñez.
Cuando la víctima denunció la violación el 18 de octubre de 2019, jamás pensó que el juicio contra Alejandro N. comenzaría hasta 990 días después y una vez que él hubiera alcanzado la mayoría de edad, con todo lo que eso ha implicado, incluido el tener que vivir prácticamente desterrado en un albergue en el estado de Jalisco.
Quizá pudo sentir cierto alivio cuando finalmente el 4 de julio comenzaron las audiencias del juicio y pensó que ahora sí se acercaba el final de la pesadilla y se le haría justicia.
Tras los 14 aplazamientos del juicio promovidos por la defensa de Alejandro N. que alargaron la espera por 990 días, bastaron 10 días para que la víctima viera postergada nuevamente la conclusión del proceso.
El 14 de julio, tras ocho audiencias con testigos, los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado (Francisco Pablo Alvarado Silva, Carlos Alberto Álvarez Hernández y Javier Pérez Contreras) antepusieron sus vacaciones a la justicia pronta y expedita y al interés superior de la niñez, además de honrar muy poco la relevancia, complejidad y el interés social del caso.
Si la víctima pudo esperar 990 días para ver que se iniciara el juicio contra su victimario, bien podría esperar un mes más. Total, ya se habrá acostumbrado a que se trata de una justicia lenta y obstruida en la que prevalece el interés convenenciero de los adultos.
Cuando el jueves 11 de agosto se reanudaron las audiencias del juicio, la ruta de los aplazamientos para atender el interés de los adultos continuó: la sesión programada para el 12 de agosto se suspendió porque uno de los jueces tenía un compromiso académico y la reanudación de las audiencias se retrasó una semana por cuestiones de agenda y de disposición de las salas.
Aunque se tenía previsto que en las sesiones de este miércoles y jueves se concluyera con la presentación de los testigos, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado nuevamente hizo a un lado la relevancia, complejidad y el interés social del caso, la justicia pronta y expedita y el interés superior de la niñez para atender su desorganizada agenda que empalmó otro compromiso.
En esta ocasión los jueces terminaron de manera repentina la audiencia tras la participación de un solo testigo porque tenían agendada una Comisión Interinstitucional.
Sea lo que sea que signifique Comisión Interinstitucional, nuevamente fue una cuestión de adultos que está por encima de la justicia pronta y expedita y el interés superior de la niñez para hacer esperar un juicio relevante, complejo y con interés social.
Si a esos nuevos agravios contra la víctima, independientemente de su relevancia si tal criterio es aplicable, la audiencia de este jueves registró una acción más en contra de la buena defensa del interés de la víctima: la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) cambió al asesor jurídico que la defiende.
El 2 de junio, el cambio de asesor jurídico de la CEEAV fue el motivo del aplazamiento del inicio de las audiencias del juicio que completó el periodo buscado por la defensa de Alejandro N. para que la víctima cumpliera los 18 años de edad e intentar evadir que se tratara el caso conforme al interés superior de la niñez.
El trabajo realizado en las audiencias por el asesor asignado entonces resultó relevante y favorable para la víctima, lo que sería motivo más que suficiente para mantenerlo en el caso… a menos que el objetivo de la CEEAV fuera obstruir una buena representación de la víctima.
Vuelve a ser relevante la relación de cercanía entre Marco Polo Méndez Alonso, abogado de Alejandro N., y Erika Betzabé Martínez Ledezma, directora Jurídica de la CEEAV, como compañeros de fórmula en la directiva de la Asociación Potosina de Abogados (APA), porque muestra sospechosamente conveniente para Alejandro N. el cambio de asesor jurídico.
El 2 de junio el cambio de asesor jurídico provocó el aplazamiento del juicio un mes para dar tiempo a que el abogado que se incorporaba a la representación de la víctima estudiara todo el expediente. Al parecer siguió la instrucción al pie de la letra: estudió bien el expediente y se preparó para una representación incluso calificada como excelente y llevada con maestría.
El nuevo asesor jurídico por parte de la CEEAV mostró que recibió una instrucción muy distinta. De entrada, no pidió tiempo para conocer a detalle el expediente. En su intervención se limitó a expresar “no hay preguntas, su señoría”. ¿Será suficiente o hará falta mayor demostración de que se busca favorecer el interés de Alejandro N.?
