Fernanda Durán
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció este 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, y además aseguró que no hay indicio de que alguno de ellos se encuentre con vida.
Esta información se dio a conocer durante la presentación de avances de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en la que el funcionario señaló que participaron agentes oficiales, policiales, militares y funcionarios, por lo que se procederá legalmente contra los responsables.
“Tras los hechos de violencia y la persecución se dio la orden de desaparecer a los estudiantes, se confirma la identificación de tres de los 43 desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo.
“En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación, permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes”, detalló el subsecretario.
Encinas también confirmó la presencia de un soldado infiltrado en la Normal Rural de Ayotzinapa desde 2012 identificado como Julio César López Patolzin, quien debía informar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre las movilizaciones de los estudiantes.
Sin embargo, él desapareció junto con los normalistas, pero los mandos militares no realizaron acciones para la protección y búsqueda de López Patolzin como lo establece el “Protocolo para militares desaparecidos”.
“De haberse aplicado hubiera permitido, no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes (…) las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”, puntualizó.
En cuanto a la “Verdad Histórica” presentada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el funcionario afirmó que fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno en la que se alteró la escena del crimen y se ocultaron tanto los hechos como los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, Guerreros Unidos.
Otro de los temas expuestos fue que al menos 26 testigos claves en el caso Ayotzinapa han sido asesinados durante la investigación, lo cual dificulta la reconstrucción de los hechos, sin mencionar la perdida de declaraciones valiosas.
Luego de la conferencia, los familiares de los normalistas emitieron un comunicado para informar que hasta el momento prefieren no fijar una postura debido a la complejidad y dureza de la información que recibieron sobre el caso, pues analizarán a profundidad el documento y consultarán la opinión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a fin de emitir un posicionamiento.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, prevé que para el 25 de agosto puedan dar una posición sobre el informe presentado por la Secretaría de Gobernación, mientras tanto el análisis lo realizarán en la Normal de Guerrero.
