Por Victoriano Martínez
Este viernes se registró la aprehensión del cuarto funcionario de alto nivel de la administración de Juan Manuel Carreras López, pero una vez más el monto por el que se le señala al nuevo imputado no corresponde con las escandalosas cifras atribuidas como irregularidades de lo que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona bautizó como herencia maldita.
El primero de los detenidos fue el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime N., a quien se encarceló el 11 de febrero acusado por irregularidades en el arrendamiento de una vivienda por un monto evidentemente muy inferior al aplicado en la compra de mil 500 cámaras de videovigilancia que, aunque no se reveló el costo, fue por una cifra millonaria.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) no realizó una auditoría específica a la cuenta pública 2020 de la Secretaría de Seguridad, lo que deja sin una referencia sobre el monto de los recursos públicos aplicados de manera irregular, aunque resulta obvio que no sólo pudo haber sido observado el arrendamiento de una vivienda.
El 12 de abril, Mónica Rangel Martínez, exsecretaria de Salud y excandidata de Morena a gobernadora, se convirtió en la segunda integrante del gabinete carrerista en ser detenida por el desvío de más de 22 millones de pesos en una compra simulada.
También un monto muy inferior al saqueo de más de mil 700 millones de pesos que Gallardo Cardona aseguró que ocurrió en los Servicios de Salud. Rangel Martínez fue liberada al reponer 22 millones 42 mil, depositar 20 mil pesos como garantía de beneficio y pagar 63 mil pesos de sanción pecuniaria para el estado.
Cifras también muy por debajo de los 732 millones 807 mil 567 pesos que la ASE reportó como irregularidades en la cuenta pública 2020 de los Servicios de Salud.
El tercer exfuncionario detenido fue Miguel Ángel N., quien suplió a Rangel Martínez en los Servicios de Salud por los últimos meses del sexenio pasado, también acusado por una compra irregular por un monto de 31 millones de pesos.
Su ejercicio correspondió al 2021, por lo que el informe sobre su cuenta pública, de estar contemplada en las revisiones de la ASE, se conocerá el 31 de octubre.
Por la inercia de las irregularidades detectadas en esa dependencia de salud, lo más probable es que la monto por el que se le acusa también resulte una cifra muy por debajo de las potenciales observaciones por parte de la ASE.
Este viernes fue detenido Leopoldo N., ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), a quien, de acuerdo con lo informado por Leticia Vargas Tinajero, actual titular de la Seduvop, se le detectó haber pagado cerca de 17 millones de pesos por una obra no ejecutada, como parte de la Red Metro.
De nueva cuenta, una cifra muy por debajo de las observaciones que la ASE hizo sobre la cuenta pública 2020 de la dependencia que tuvo a cargo, la SEDUVOP, en donde se señalaron pliegos de observaciones por 47 millones 75 mil 841 pesos.
Al estar involucrado el caso Leopoldo N. con la denuncia sobre irregularidades en la Red Metro, que involucra 371 millones 588 mil 420.79 pesos, se trataría otra vez de una acción justiciera que contrasta con los escandalosos montos informados públicamente con fines efectistas antes que con una real búsqueda de justicia y resarcimiento del daño.
En el caso de la Red Metro no sólo el monto involucrado es mucho mayor por el que hoy aprehenden a Leopoldo N., sino que el número de personajes implicados también es numeroso, incluido otro exsecretario del gabinete carrerista, Fernando Chávez Méndez, quien estuvo en Comunicaciones y Transportes, quien incluso llegó a dar fecha para el inicio de operaciones de la Red Metro.
Ese contraste entre los montos difundidos públicamente con fines de escándalo y los involucrados en los cuatro casos de exfuncionarios sometidos a proceso abre la duda sobre la genuina búsqueda de justicia… y alienta la sospecha de que se trata de acciones en las que pesan más revanchismos de inspiración politiquera.
Una aplicación justiciera con tintes selectivos que deja abierta la especulación sobre las verdaderas motivaciones. La aprehensión de Rangel Martínez remitió de inmediato a la expresión “Para el Pollo vivir sin miedo es vivir con fuero para no regresar a la cárcel” que expresó en el debate del 28 de mayo de 2021.
¿Hasta dónde, de entre la largas lista de involucrados en el caso Red Metro, la aprehensión de Leopoldo N. es un mensaje de respuesta al frustrado arreglo que pretendió sobreseer el juicio de amparo sobre el puente en el boulevard Antonio Rocha Cordero para afianzar la inhabilitación del exalcalde Xavier Nava?
El hermano de Leopoldo N. forma parte del Consejo de Directores del Frente Cívico Potosino, que preside Nava Palacios, en tanto que la denuncia de la Red Metro remite a que las irregularidades comenzaron desde el sexenio de Fernando Toranzo Fernández, cuando Luis Nava Calvillo, padre del líder frenteciviquista, fue titular de la SEDUVOP.
Un contexto que da sentido a la expresión de Gallardo Cardona, quien afirmó que “la gestión de carreras fue decente al lado de la de Toranzo”, en cuyo gabinete estuvo Luis Nava Calvillo, a quien ya en una ocasión acusó públicamente de desvíos.
Una expresión de Gallardo Cardona que parece un mensaje tranquilizador para Carreras López, a quien le refrenda su compromiso de impunidad que habrá de matizar con acciones justicieras sobre personajes del sexenio de Toranzo Fernández.
No es que no sea necesario que se haga justicia, sino que acciones esporádicas y selectivas en cuanto a personajes y momentos dejan ver que se aplica un justicierismo a modo y se utilizan las instancias de procuración de justicia para intereses politiqueros de grupo, antes que para velar por el interés público y una auténtica recuperación del erario desviado… hasta que demuestren lo contrario.
