Por Victoriano Martínez
Juan Rodolfo Lara Orozco, magistrado de Tribunal Unitario Agrario (TUA) en el Estado, fue removido luego de que ejidatarios de La Pila denunciaran irregularidades en su forma de proceder para favorecer la desincorporación de mil 1888 hectáreas de sus tierras ejidales en las que grupos económicos pretenden la construcción de un parque industrial.
Este viernes 9 de septiembre, el grupo de ejidatarios que presentó la demanda agraria 481/2022 por las irregularidades en la convocatoria para la asamblea que finalmente se realizó el 5 de junio, en la que se intentó dotar de dominio pleno sobre las tierras a los grupos empresariales, finalmente tuvo la audiencia en la que se les otorgaron medidas cautelares.
Al asistir al Tribunal Unitario Agrario, se enteraron del cambio del magistrado Lara Orozco, quien podría ser reubicado en otra entidad del país. No obstante, que dejara de estar a cargo del TUA local es para los ejidatarios, luego de que el pasado 2 de junio también fue destituido el procurador Agrario Ernesto Rendón Aguilar, de La Pila una victoria más para la protección de su territorio.
“La resistencia del Ejido la Pila logro la remoción de funcionarios de la Delegación de la Procuraduría Agraria, como fue el infame Mtro. Ernesto Rendón, ahora el Tribunal Superior Agrario ordena remover al Magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco”, informaron los ejidatarios a través de sus redes sociales.
La remoción de ambos funcionarios no sólo tiene efectos a favor de los ejidatarios de La Pila, sino también en algunas controversias por la propiedad en comunidades y ejidos dentro del Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, además de casos como el de Valle Umbroso, para intentar favorecer procesos de urbanización o de renta de tierras para la instalación de paneles solares.
Entre las irregularidades por las que se denunció a Lara Orozco se encuentra el hecho de que levantó medidas cautelares dentro del expediente 117/2019 para habilitar la posibilidad de que se diera la asamblea de dotación de dominio pleno a ejidatarios-empresarios para iniciar un desarrollo industrial, para el que la vocación natural de sus tierras está impedida.
La denuncia presentada por los ejidatarios el 16 de mayo contra la convocatoria a la asamblea del 22 de mayo que finalmente se realizó plagada de irregularidades el 5 de junio incluye además de las acusaciones en contra de Rendón y Lara Orozco, la solicitud de una investigación sobre posible uso de recursos de procedencia ilícita en los intentos de despojo contra las tierras ejidales.
“Las investigaciones siguen. Ahora el manejo de recursos de procedencia ilícita por parte de asesores y empresarios está en manos del Gobierno Federal”, advirtieron.
De acuerdo con la información que tienen los ejidatarios, la denuncia por las irregularidades en el Ejido La Pila fueron determinantes para la remoción de los titulares locales de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario, lo que repercutirá en que esas instancias finalmente podrán atender más los intereses de comunidades y ejidos, antes que los empresariales.
