Fernanda Durán
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que no impugnará la reforma recientemente aprobada en el Senado que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un extenso posicionamiento en el que la CNDH indicó su atención y comprensión sobre la situación de emergencia en materia de seguridad, también anunció que desistirá de su facultad para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Esta Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado. Vamos a hacer algo más que eso: sumarnos a la ejecución de las reformas (…) también impulsando acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que, en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada, se afiance a la vez que su carácter civil”.
La CNDH considera que la intervención de la Sedena en la Guardia Nacional deberá coordinarse con instituciones del Estado y organismos como la misma Comisión, a fin de construir protocolos y normas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes para garantizar los derechos humanos.
“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días”, señaló.
El organismo argumentó que esta decisión se tomó con base en factores como “diversas encuestas y consultas de opinión, la institución pública que cuenta con mayor confianza por parte de las y los mexicanos es el Ejército”; así como los lugares que ocupa la Guardia Nacional y la Sedena en la frecuencia señalada en los expedientes de queja.
“En 2020, la SEDENA se mantenía como la 7ª autoridad más señalada en expedientes de queja, y la GN fue la 8ª. En julio de este año, la GN pasó a ser la 8ª, y SEDENA la 10ª”.
Los cuestionamientos y peticiones de organizaciones civiles sobre la impugnación por parte del comité se deben a que existe un plazo de 30 días para que actores públicos con esta facultad puedan refutar la reforma ante la SCJN.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) reprochó el posicionamiento de la Comisión Nacional como una evidencia más de su “falta de autonomía”.
“Las 16 págs. de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de #DDHH”, publicó la organización en redes sociales.
En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha formado parte de diversas críticas, como recientemente fue el caso de las más de 300 activistas y colectivos de mujeres de todo el país que acudieron al Senado para exigir formalmente la renuncia de la titular Rosario Piedra Ibarra.
Demandaban una acción de inconstitucionalidad por violentar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que no reciben la pensión alimentaria por parte de sus padres, puesto que la CNDH promovió acciones contra el requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para ocupar un cargo público o de elección popular en el estado de Yucatán.
