Carlos Rubio
Hoy, martes 11 de octubre, se realizará una de las últimas audiencias del juicio de Alejandro N., el exfuncionario del DIF Estatal que desde 2019 enfrenta un proceso en su contra por la presunta violación de un menor de edad, una víctima que está a la espera de justicia o de una vulneración más que alargue la cadena de omisiones en las que ha incurrido el Estado.
Desde el 23 de octubre de 2019, Astrolabio Diario Digital ha documentado el caso del extitular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que ha ido desde su intento de huir de la justicia, hasta su vinculación a proceso y, recientemente, un juicio cargado con deficiencias tanto del Poder Judicial como del Gobierno del Estado. Por ende, te presentamos cinco claves entorno al caso de Alejandro N.:
1. El intento de evadir la justicia
Después de que su víctima escapó del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto y lo denunció, el 23 de octubre de 2019 Alejandro N. fue aprehendido, no sin antes intentar huir de la policía ministerial para buscar refugiarse en el Club Deportivo Potosino, donde finalmente fue atrapado.
De acuerdo con el relato que presentó Juana María Castillo Ortega, entonces fiscal Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, durante la audiencia de Cumplimentación de la Orden de Aprehensión, los policías le marcaron el alto a Alejandro N. cuando circulaba sobre su automóvil en la esquina de las calles Agustín Vera y Doctor Martín; una vez que los agentes detuvieron sus vehículos, el imputado aceleró de reversa, golpeó un automóvil y lesionó a un elemento, para comenzar a huir.
Alejandro N. fue perseguido a lo largo de 2.8 kilómetros mientras frenaba de manera brusca para provocar que los policías lo impactaran y lograr evadirlos. El recorrido continuó por Agustín Vera hasta que dieron vuelta en Rubén Darío, para posteriormente girar en la avenida Venustiano Carranza, sobre la cual transitaron hasta que ingresó al estacionamiento del Club Deportivo Potosino, a donde también entraron los agentes.
Durante la audiencia se presentaron dos videos de la detención de Alejandro N., en los que se observa a un policía ministerial golpear la ventana de su vehículo para luego romperla y abrir el automóvil para aprehender al acusado. Al mismo tiempo se escuchan reclamos por parte de los guardias de seguridad privada del Club, quienes acusaron de invasión a un domicilio particular por parte de los agentes.
Los videos fueron presentados por la defensa de Alejandro N., en un intento de que el Juez de Control declarara ilegal la detención y se le otorgara libertad al acusado, bajo el argumento de que se vulneraron sus derechos fundamentales; sin embargo, Castillo Ortega justificó la detención al asegurar que en su intento de huir “el sujeto que se puso fuera de la protección de la norma, tanto constitucional como secundaria, fue el propio imputado”.
Además, agregó que el uso de la fuerza fue racional porque lo provocaron “las conductas contumaces del imputado”.
Finalmente, el Juez le dio la razón a la defensa del menor de edad, y rechazó la solicitud de la defensa para liberar a Alejandro N.
2. Un sin fin de aplazamientos
Desde el primer día, el juicio contra Alejandro N. abrió paso a las dudas por la inmensa cantidad de aplazamientos que han alargado el proceso. “Las solicitudes de aplazamiento se dieron más de 14 veces” por parte de la defensa, dijo en la primera audiencia el representante en suplencia del menor, que proporcionó la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).
El juicio, que iba a comenzar el 2 de junio, fue diferido para el 4 de julio debido a que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) había asignado a un nuevo asesor jurídico para el caso, mismo que solicitó aplazar el juicio para poder estudiar la carpeta de investigación y otorgar una defensa adecuada.
La duda entorno a este aplazamiento se incrementó ya que en este lapso de 32 días la víctima cumplió la mayoría de edad, lo que se tradujo en un intento de la defensa de retirarle la protección de la PPNNA. Solicitud que fue rechazada por los jueces que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado.
Más adelante el juicio se volvió a aplazar por casi un mes debido a que se atravesó el periodo vacacional del Poder Judicial del Estado; cuando se reanudó, la audiencia se detuvo por la agenda de los jueces y se aplazó por seis días más.
Posteriormente fue el contagio de covid-19 del juez Javier Pérez Contreras lo que ocasionó que se cambiara de fecha una audiencia. El quinto aplazamiento llegó el 1 de septiembre e incluso provocó molestia en el imputado, quien dijo a los jueces: “El que está aquí detenido soy yo (…) yo quiero estar fuera de este lugar”.
Por sexta ocasión y con tan solo un testigo desahogado, los jueces solicitaron aplazar de nuevo el juicio durante 10 días más.
Una audiencia más se canceló por responsabilidad de la PPNNA debido a que no envió a un nuevo representante en suplencia para la víctima, después de haber despedido al que había estado durante todo el proceso.
El último aplazamiento se dio el 28 de septiembre, luego de que al juicio únicamente se presentara a declarar uno de los seis testigos que habían sido llamados por la defensa de Alejandro N.
3. Peritajes encontraron signos de abuso sexual en la víctima
En la audiencia que se llevó a cabo el 7 de julio testificaron una médico legista y una perito en psicología que valoraron a la víctima en octubre de 2019, luego de que denunció a Alejandro N. Ambas testigos coincidieron en que el adolescente tenía indicios de abuso sexual.
De acuerdo con la médico legista, le realizó un estudio proctológico a la víctima, el cual reveló al menos seis distintos tipos de lesiones, la mayoría de ellas recientes, es decir, dentro de los 10 días anteriores a la revisión. Incluso afirmó que se trataron de hechos repetitivos.
El 19 de septiembre se pudo conocer que Alejandro N. presentó una denuncia en contra de la médico legista, quien se presentó nuevamente a declarar para defender el estudio que había realizado y por el que ya había sido interrogada.
Posteriormente, la perito psicóloga informó que los estudios realizados a la víctima arrojaron que el joven mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicidas, derivados del abuso sexual que había sufrido.
Además, dijo que durante una entrevista el adolescente se mostró reticente, respondía con frases cortas, se resistía y se limitaba a decir que había sido violado por Alejandro N. en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, siendo él la única persona a la que señaló como agresor.
Un estudio más aplicado a la víctima llamado “simulación de síntomas”, demostró que el joven no fingía el malestar que aludía. Asimismo, la psicóloga explicó que el adolescente se sentía “traicionado” por Alejandro N.
Al final, los estudios psicológicos determinaron que la víctima presentó una alteración psico-sexual-social en su desarrollo y encontraron actitudes típicas en víctimas de delitos sexuales.
4. Los cambios en la asesoría jurídica de la víctima
Durante el desarrollo del juicio, tres personas que han integrado el equipo jurídico de la víctima han sido cambiadas, sin mayor explicación que la burocracia que atrofia al Estado.
El primer cambio que se dio y que provocó que el inicio del juicio se difiriera durante más de un mes, fue el del asesor jurídico de la CEEAV, que de último momento fue modificado y se integró al caso una persona que era totalmente ajena al proceso. Esto ocasionó que el trabajador de la Comisión pidiera tiempo para estudiar el expediente.
Con el juicio ya en desarrollo y varios testigos desahogados, la CEEAV volvió a cambiar al asesor jurídico que, a consideración del representante del menor, “lo venía haciendo con maestría, el trabajo que venía haciendo era excelente”.
A diferencia del anterior, el nuevo asesor no solicitó ningún plazo para estudiar el caso y afirmó que ya tenía conocimiento de la carpeta de investigación. Sin embargo, en la audiencia en la que fue presentado no realizó ninguna intervención y se limitó a decir: “No hay preguntas, su señoría”.
Cuestionado respecto a este movimiento, Miguel Ángel García Amaro, titular de la CEEAV, se limitó a decir que se debió a una cuestión administrativa, ya que el anterior asesor tuvo que prestar asistencia y asesoría en otro caso.
García Amaro justificó el hecho al asegurar que la Comisión tenía una gran carga de trabajo y que solo contaba con 22 asesores jurídicos para todo el estado.
La última modificación que sufrió el equipo jurídico fue el del representante en suplencia de la víctima, quien llevaba tiempo acompañando al adolescente en el proceso. El representante no solo fue removido del caso, sino que fue despedido de su trabajo en la PPNNA, sin razón alguna.
El extrabajador se había pronunciado activamente durante el juicio, defendiendo el interés superior del menor.
5. La ubicación de Alejandro N.
El 18 de agosto brindó su testimonio un científico espacial o perito en geolocalización que ubicó el presunto celular de Alejandro N. la noche en la que habría ocurrido la última agresión.
De acuerdo con el especialista, el imputado realizó llamadas entre las 19:41 y las 20:10 horas, cuyas coordenadas lo ubicaron en tres lugares distintos: frente a la iglesia de la Sagrada Familia sobre avenida Himalaya, en la lateral de la avenida Salvador Nava a la altura del autolavado “El Trapazo” y a la altura de la Universidad Cuauhtémoc.
Con ello, la defensa intenta asegurar que el imputado no se encontraba en el lugar de los hechos la noche en que ocurrió la agresión a la víctima. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Blakely Morales Cruz, dichas coordenadas no pertenecen al celular de Alejandro N., sino a las antenas de radio base telefónica que utilizó la compañía telefónica para enlazar sus llamadas, afirmación que se sostiene con el informe 1757/PDI/UI/2022 elaborado por la Fiscalía General del Estado.
Dicho informe incluso desmentiría el testimonio del perito en geolocalización presentado por la defensa, ya que las coordenadas que presentó no corresponden al celular de Alejandro N.
Bonus
El Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no dudó en mostrar que está a la espera de lo que acontezca en el juicio contra Alejandro N.
El 1 de septiembre, el vocero del Gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, publicó un tweet en el que aseguró que la administración de López Obrador está al pendiente de lo que suceda en el juicio.
“El @GobiernoMX está al pendiente del desarrollo del juicio oral 35/22 que se lleva a cabo en el estado de San Luis Potosí, donde está de por medio impartir justicia en favor del interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, escribió el vocero.
El mensaje fue publicado horas antes de que se reanudara el juicio, mismo que había sido aplazado una semana por el contagio de covid-19 del juez Javier Pérez Contreras.
Esta fue la primera ocasión en la que el Gobierno federal emitió un pronunciamiento respecto al caso de Alejandro N., casi tres años después de que diera inicio.
