Fernanda Durán
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que deben responder a 53 amparos interpuestos por organizaciones civiles, luego de que un juez federal en Guanajuato concedió la suspensión provisional contra la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este jueves, el colectivo Uniendo Caminos México dio a conocer que entre septiembre y octubre diversas organizaciones interpusieron 53 amparos colectivos contra el decreto por el que transfieren el mando de la Guardia Nacional a la Sedena, por lo que fue otorgada la primera suspensión provisional, con el objetivo de que se declare inconstitucional dicho decreto.
Por su parte, el mandatario indicó que la pausa no impide legalmente que la GN siga en operación, además descartó que exista alguna afectación, pues atribuye la orden a un plan presuntamente de oposición.
“No se suspende la actividad, no es por incumplimiento a la ley (…) no afecta en algo. Hay que estar contestando los amparos porque es todo un plan. Ustedes deben de imaginar de dónde viene, no hace falta investigar mucho”.
De acuerdo con el comunicado de Uniendo Caminos México, quienes participaron en el procedimiento legal fueron Unión Cívica 1 País, Firma Jurídica, AC&AC Asociados y Tojil Eek; mientras que fue presentado por el defensor de los derechos humanos, Ángel Castro Gómez.
El expediente 1161/2022 señala que “no se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y dicho organismo continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como prescribe el artículo 21 de la Constitución”.
Por esta razón, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Sedena deben suspender la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales; en caso de que dichos cambios ya se hayan efectuado, tendrán que restituir todos los recursos otorgados.
Este viernes habrá una audiencia incidental con las autoridades responsables, aunque se prevé que la audiencia constitucional se lleve a cabo el próximo 7 de noviembre, en la que se determinará si se concede o no la suspensión definitiva.
A través del comunicado, los colectivos demandantes aclararon los antecedentes de su lucha jurídica contra la militarización; desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior con Enrique Peña Nieto en 2018, hasta los acuerdos militares para Efectos de Seguridad Pública en 2020 con la actual administración.
