Óscar G. Chávez
El golpe que, a mediados de esta semana, dieron los cuerpos estatales de seguridad contra el crimen organizado en Villa de Guadalupe, fue transmitido a los medios de comunicación como una gran victoria contra la delincuencia. El boletín elaborado por la instancia respectiva no escatimó en datos; una lista con puntual descripción de todo lo confiscado fue la cereza del pastel.
Lo que no se dijo fue que días antes, Santa Rita de los Hernández, una comunidad del mismo municipio fue tomada por criminales. El narco, es la forma genérica de los lugareños para referirse a quienes a punta de pistola se apoderaron de algunas viviendas. Pero la seguridad que infunde a la ciudadanía la Guardia Civil va en incremento, señalan las fuentes oficiales.
No es de sorprender pues, que la fallida o inexistente estrategia de seguridad obligue a generar distractores mediáticos encaminados por un lado a desviar la atención del principal problema del estado y por el otro a generar una realidad alterna en la que se combate de manera frontal a la delincuencia y se sanean las arcas públicas, al tiempo que se trabaja por San Luis y su gente.
Por eso no debe extrañarnos que uno de los principales comparsas del gobernador, José Luis Fernández Martínez, coordinador de la fracción Verde en el Congreso, anuncie que la iniciativa de ley (producto de la ocurrencia) para someter a la castración química a los violadores, esté casi lista. Suponiendo que en realidad se hayan realizado profundos estudios, como quiere hacer creer el diputado, ¿para qué perder el tiempo en algo que es evidente que no será aprobado?
Dentro del guion teatral también se encuentra el ejemplar castigo que se busca imponer a los médicos que señalan como responsables del fallecimiento de una niña en la comunidad La Herradura. Aquí la presunción de inocencia no existe, desde el momento que el asunto llegó a oídos del gobernador, se dedicó sin más a responsabilizarlos por ser parte de la herencia maldita. El mismo que pidió no politizar la desaparición de una estudiante de la UASLP.
En este panorama de linchamiento parece ser que la única opinión mesurada es la del presbítero Tomás Cruz Perales, vocero de la arquidiócesis, quien hizo un buen esbozo de la forma en que muchos de los médicos de comunidades tienen que laborar en lo cotidiano. Desafortunadamente su intervención fue desacreditada por el secretario de Salud el estado.
Lo dicho por el vocero de la curia fue tomado como agravio mayor, y casi a modo personal, por el titular de los Servicios de Salud. Pareciera que al refutar el apoyo moral del sacerdote, da entrada a todos los señalamientos que responsabilizan a los médicos involucrados en el asunto. Resultan desproporcionadas su reacción y su respuesta, cuando fue el gobernador, su propio jefe, el primero en señalar que faltantes y deficiencias son consecuencia de la herencia maldita. “Todo se hace en supuestos y nadie me ha señalado con precisión qué es lo que falta…”; en efecto, el supuesto es rúbrica de este gobierno.
Los abundantes problemas de fondo se evaden mientras nuestro gran esteta se proyecta; ahora busca materializar un parque Tangamanga tres que será mucho mejor y más grande que los ya existentes. Lo sabemos, será el mejor de toda América; sólo hay que preguntarle de dónde obtendrá cuatrocientas hectáreas.
Su intelecto también se desborda, los espacios que desocupará el Congreso cuando éste tenga su edificiote, serán convertidos en museo y biblioteca, lo interesante será saber –en el primer caso– de qué modalidad, rubro o temática, porque el tema es bastante complejo para el estado; ya no nos encontramos en la época en que los museos se llenaban con fotostáticas fijadas con alfileres a los muros, pero en algunos casos su situación es deplorable. ¿No sería mejor que, por ejemplo, se dotara de un buen acervo a los del Virreinato y del Ferrocarril?
Ya que lo mencioné, sería bueno saber qué hay en realidad tras el asunto de la nueva sede legislativa, aparte de lo que escurra de la obra material. Todos sabemos que los 150 millones que se destinarán a la obra serán insuficientes, a la larga y si bien nos va la cantidad se quintuplicará, por decir lo menos. Los únicos cuestionamientos al tema, de los diputados Juan Francisco Aguilar y Gabriela Martínez, los tomó como agresión y para pronto amenazó casi diciéndoles que no se les olvide que están de arrimados: los edificios son de gobierno del estado.
Por otro lado continúan los cambios en la administración estatal; la Junta Estatal de Caminos se entrega a un miembro de la legión extranjera, prófugo de algún cargo anterior en otro estado por atentados contra el erario. Primero fue colocado como director del Museo Francisco Cossío (antigua casa de la Cultura) para de allí darle acomodo en la secretaría de Turismo y de allí a esta Junta ¿es la experiencia o todólogo o la sorprendente capacidad para ordeñar cualquier dependencia que se le atraviese.
Aunque ya nada debe sorprendernos, a semejanza de lo mencionado, Enrique Galindo ha convertido al ayuntamiento de la capital en agencia municipal de colocaciones para priístas desempleados. Tocó el turno, donde debería de ir un urbanista, al dinosaurio Joel Ramírez, pareciera que con esto busca proteger a otro señalado de desfalcar al erario.
Y todavía no llegamos ni a la mitad de la función.
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