Por Victoriano Martínez
El pasado 7 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que se anunció que “busca incentivar la cultura de la denuncia, para que sea la institución la que, con apego a derecho, determine una decisión y así evitar que la ciudadanía tome justicia por propia mano”.
Agregó que, como resultado del esfuerzo para lograr ese objetivo, trabajan en todas las denuncias que les llegan y puso como ejemplo el caso de un perro comunitario llamado Negro atropellado y muerto en el fraccionamiento Villa Magna.
Para demostrar lo diligentes que son, mencionó que por ese caso se abrieron dos carpetas de investigación: una por supuestas amenazas y actos incriminatorios contra el joven que atropelló al perro y la otra para investigar si el hecho fue doloso o culposo.
El pasado 29 de agosto, fue detenido en la ciudad de Querétaro Diego N., presunto responsable de la muerte de Negro.
El caso provocó que cinco días después de la muerte de Negro, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentara el 12 de enero una iniciativa para endurecer las penas por maltrato animal, con hasta cinco años de cárcel. La iniciativa fue aprobada por el Congreso del Estado el 24 de febrero.
Todo un caso que, a la distancia, demuestra que denunciar un delito vale la pena porque se tienen resultados. Es decir, si tras una denuncia hay consecuencias para los responsables, adoptar la cultura de la denuncia es una buena opción.
Sin embargo, un golondrino caso no hace justicia pronta y expedita… sólo basta con echar un ojo al otro extremo del trabajo realizado por la FGE y, sobre todo, a la cifra negra de los delitos no denunciados.
De acuerdo con el dictamen del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en San Luis Potosí solamente se denuncia el 11 por ciento de los delitos y de éstos sólo en 58.2 por ciento de los casos (que representan el 6.4 por ciento del total de los delitos) se abren carpetas de investigación por parte de la FGE.
Y se insistió en el apartado Combate a la Delincuencia y Atención a Víctimas en la urgencia de impulsar la cultura de la denuncia.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2022 publicado esta semana por el INEGI aporta datos aún más preocupantes sobre las acciones en contra de los delincuentes.
Señala que en las carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público durante 2021 (nueve meses del sexenio de Juan Manuel Carreras López y tres de Gallardo Cardona), se identificaron 54 mil 608 inculpados y/o imputados.
No hay que perder de vista que se trata del 11 por ciento que del total de delitos se denuncian. Visto desde la otra perspectiva: ¿cuántos inculpados y/o imputados más se acumularían si existieron denuncias sobre el 89 por ciento de los delitos que no se reportan al Ministerio Público? Un amplio campo de impunidad que seguro da confianza a los delincuentes.
Una confianza para los delincuentes que se ve reforzada por el siguiente paso en la aplicación de la justicia: por cada inculpado y/o imputado que llega a ser detenido (10.87 por ciento), nueve se mantienen en libertad. Un presunto delincuente tiene una entre diez posibilidades de ser detenido.
Peor aún, de los presuntos delincuentes que son detenidos, sólo el 18 por ciento son vinculados a proceso, lo que significa que del total de inculpados y/o imputados en las carpetas de investigación, únicamente el 1.96 por ciento llegan a ser vinculados a proceso por un juez.
Es decir, por cada 100 personas señaladas como responsables en las carpetas de investigación que abre la FGE, sólo dos fueron vinculadas a proceso por un juez.
Todo un panorama que describe la situación en 2021, pero que para este año no existen señales de que la situación haya cambiado. Incluso el caso del perro Negro de Villa Magna deja ver el amplio margen de impunidad en la propia expresión de Gallardo Cardona al presentar la iniciativa para endurecer las penas contra el maltrato animal.
“Hoy hemos visto cómo se han perdido los valores, cómo hemos estado viendo gente asesinando a perritos, ya esta semana fueron tres y de una forma totalmente irracional”, dijo.
Es decir, sólo en la primera semana de este año hubo tres asesinatos de perros, y hasta el 29 de agosto se dio la aprehensión de uno. ¿Cuántos casos más se acumularon? ¿De qué tamaño es la cifra negra en el maltrato a los animales y sus asesinatos?
La muerte de Negro fue puesta como un caso modelo para incentivar la cultura de la denuncia, pero hasta en ese tipo de casos es notorio un amplio margen de impunidad que desalienta a los afectados para que presenten las denuncias.
Cifras sobre el alcance que pueden tener las denuncias que lejos de impulsar la cultura de la denuncia parece impulsar una cultura de la confianza para delinquir con total impunidad.
