Angélica Campillo
De acuerdo con el analista político Eduardo Martínez Benavente, la administración municipal encabezada por el exalcalde Xavier Nava Palacios debe aclarar las observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ascienden a más de 82 millones de pesos, correspondientes al proyecto de alumbrado público en distintas zonas de la capital potosina.
Martínez Benavente refirió que la revisión que practicó la ASF a la cuenta pública del Ayuntamiento que encabezó Xavier Nava Palacios, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, está en proceso de solventarse y no son los resultados definitivos.
“Es cierto que la administración que presidió Xavier Nava debe aclarar y solventar todas esas observaciones que se le fincaron, dentro del periodo que la ley les concede”, comentó.
Según lo referido por Martínez Benavente, no se advierte que los funcionarios navistas hayan dispuesto para su propio beneficio de los recursos observados por la ASF, ni tampoco que haya habido sobreprecios, sino que más bien se trata de documentos que solicita el órgano fiscalizador para acreditar que se cumplieron con todos los requisitos para el proyecto de las luminarias.
Para Martínez Benavente, los funcionarios de la actual administración encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos “están escondiendo papelería o argumentan que no existe“.
El analista político mencionó que las luminarias led que se instalaron en calles y avenidas de la capital durante el trienio de Nava Palacios, con una inversión de 350 millones de pesos, permitirán que en unos años más se reduzca hasta en un 50 por ciento el recibo de la luz que paga el municipio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para finalizar, Martínez Benavente indicó que ahora es la oportunidad de repasar los intentos fraudulentos de las dos administraciones anteriores a las de Nava Palacios, las cuales encabezaron: Mario García Valdez y Ricardo Gallardo Juárez, en las que originalmente se querían pagar mil 200 millones de pesos a Panavi S.A. de C.V., una empresa con cuestionables antecedentes y en un segundo intento se solicitó autorización del Congreso del Estado para incrementar el adeudo hasta por mil 500 millones de pesos.
