Por Victoriano Martínez
El nuevo choque entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el exalcalde Xavier Nava Palacios exhibe un problema de mucho mayor alcance que la simple controversia sobre la aclaración a la presunta aplicación irregular de 82 millones 156 mil 410.33 pesos en la compra de luminarias: el riesgo que para la continuidad institucional de la administración pública representa la politiquería.
Los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación sobre la compra de las 50 mil luminarias son que “incurrió en inobservancias de la normativa”; no contó “con la autorización presupuestal para realizar una obra multianual, y las estimaciones no indicaron los períodos reales de ejecución”, y por la “falta de documentación comprobatoria y justificativa y aclaración de pagos”.
Esos puntos se mantuvieron en el pliego de observaciones porque la autoridad actual sólo “presentó la documentación que justifica el proceso de adjudicación, contratación y ejecución de la obra, así como estimaciones, facturas, generadores de obra, croquis y reportes fotográficos”.
Hasta ahí la relación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la autoridad municipal en cuanto a la revisión a la Cuenta Pública 2021 por lo que respecta al avance de resultados. No hay que perder de vista que se trata del segundo informe de tres.
Sigue abierto un periodo de solventación que, tras lo revelado hasta ahora, ha dado paso a la exhibición por parte de los actores principales: de un lado, Nava Palacios presenta argumentos en su defensa pero sin perder la oportunidad de darle un toque politiquero; del otro, Galindo Ceballos allanado sin rubor a la politiquería avocada a descalificar al oponente.
“La observación es generada por un faltante de documentación que las autoridades municipales actuales no proporcionaron a la Auditoría, no por una obra pagada y no ejecutada, o debido a como están tratando de hacer creer a la ciudadanía el combo Gallardo-Galindo, por precios fuera de mercado”, señaló en un comunicado Nava Palacios.
La acusación es muy grave: evitar la entrega de documentos que las autoridades anteriores afirman haber dejado en archivos representa la obstrucción del desarrollo de la auditoría en perjuicio de personas específicas, pero también constituye una deslealtad al Ayuntamiento como institución, al dejar expuesta la prelación de un interés politiquero que anula honrar los valores democráticos.
La acusación resulta aún más grave ante el anuncio de Nava Palacios en el sentido que en los próximos días “entregarán las pruebas documentales y notariadas de todos los requerimientos que solicite la ASF, ya que la documentación existe y se presume que fue destruida por las actuales autoridades municipales”.
¿Tan bajo ha caído la política que un servidor público tiene que armar en su casa un archivo alterno con copias certificadas de los documentos que maneja porque no puede confiar en que su sucesor conserve los originales sólo para afectarlo? ¿Y el cumplimiento a la Ley de Archivos y a la protección de la integridad de los documentos oficiales?
La jiribilla politiquera en el comunicado de Nava Palacios está en alusiones como mencionar que no se le acusa “por una obra pagada y no ejecutada”, o debido por “precios fuera de mercado”, como ocurrió en el caso de su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez, y la frustrada obra en Fray Diego de la Magdalena, o el mal logrado caso Panavi.
“Ese es el tema primordial, que se adquirieron luminarias tres veces su valor original. Que no los distraigan, se compraron a sobre precio y eso es lo que provoca las observaciones de la ASF. Bueno, que acredite”, expresó Galindo Ceballos.
Entre las 6 mil 19 palabras incluidas en las 18 páginas de la Auditoría de Cumplimiento 2021-D-24028-19-1611-2022, emitido por la ASF, no aparece una sola vez el concepto sobre precio. Es más, ni siquiera la palabra precio aparece. Es decir, ese punto no es lo que provocó las observaciones de la ASF, a menos que Galindo Ceballos tenga otros datos para acreditarlo.
Una imprecisión que coloca al alcalde en la posición sobre la que el mismo advierte: busca distraer del punto central de las observaciones de la ASF con situaciones que no aparecen en el documento a tal grado que, más como declaración efectista que recomendación válida, dice que Nava Palacios debe asistirse y defenderse jurídicamente, y no realizar desplegados.
El exalcalde anunció la presentación de las pruebas ante la ASF, lo que necesariamente implica acreditar la existencia de los documentos mencionados como faltantes y, a su vez, su posible desaparición de los archivos municipales. Si no desaparecieron, Galindo Ceballos no tendrá el más mínimo problema en presentarlos para desacreditar la afirmación de Nava Palacios.
Pero si efectivamente no están, el expediente que se abre colocaría a Galindo Ceballos en un grave caso documentado del uso parcial y vengativo de los archivos públicos, con el riesgo que eso representa para el desarrollo de la vida institucional en el Estado, en tanto quedaría la duda si se trataría del único caso de mal uso de los archivos… y los alcances de esa práctica.
Un nuevo capítulo del choque Galindo Ceballos-Nava Palacios que exhibe otro de los muchos perjuicios que provoca la decadencia de la política en envilecida politiquería.
