Por Victoriano Martínez
“La consecuencia del rezago en la actualización de los valores unitarios de suelo y construcción significa para los ciudadanos que sus bienes inmuebles no tengan un valor justo y real, y ello deriva en que nuestro municipio limite su capacidad económica para atender las necesidades de la población”.
Con esas palabras justificó la regidora Martha Orta Rodríguez la propuesta de incrementos a los valores unitarios de suelo y construcción para 2023, con un malabarismo verbal que busca aparentar un beneficio para los ciudadanos que en los hechos se convierte en la obligación de tener que pagar más por el impuesto predial para evitar que el “municipio limite su capacidad económica”.
Al Cabildo le bastaron tres minutos con 42 segundos durante la sesión del 14 de octubre para aprobar la propuesta que se envió al Congreso del Estado para modificar los valores catastrales que, según el alcalde Enrique Galindo Ceballos, representan un ajuste del 30 por ciento a todas las propiedades.
Por mucho que traten de vestir de acción benéfica la propuesta, con insistencia incluso en tablas progresivas mal copiadas al Ayuntamiento de Querétaro y afirmaciones de que “el que más tiene, paga más, y el que menos tiene paga menos”, difícilmente logran disimular el afán recaudatorio de la medida.
La información financiera que, obligados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publica el Ayuntamiento en su sitio Web, está muy lejos de acreditar que el municipio padezca una limitación en su capacidad económica.
De entrada, en el 3er Avance Trimestral del Ejercicio del Presupuesto Versión Ciudadana 2022 queda reportado lo que podría constituir un subejercicio del presupuesto, que para este año se autorizaron 3 mil 848 millones 239 mil 561.45 pesos.
Al 30 de septiembre se reportan como ejercidos 2 mil 249 millones 350 mil 9.80 pesos que representan el 58.45 por ciento, cuando ya transcurrieron tres cuartas partes del año.
En el mismo documento informa que en los primeros nueve meses del año ha tenido ingresos por 3 mil 82 millones 587 mil 822.32 pesos. Es decir, a pesar de tener disponibles 833 millones 237 mil 812.52 pesos, ha evitado usarlos.
Una situación que también se ve reflejada en el Estado de Situación Financiera en el que reporta un activo circulante por mil 98 millones 222 mil 975.64 pesos, de los cuales 575 millones 824 mil 213.73 pesos se encuentran guardados en bancos y otros 227 millones 871 mil 471.85 pesos disponibles en Fondos con Afectación Específica.
Más que limitación en la capacidad económica, la administración de Galindo Ceballos exhibe una limitación en la voluntad de aplicar los recursos con los que cuenta en más acciones efectivas a favor de la población.
¿Se le puede creer que busca generar más ingresos por impuesto predial vía actualización de los valores catastrales “para atender las necesidades de la población” cuando la quinta parte del presupuesto (20.88 por ciento) lo mantiene en cuentas bancarias y como disponibles en Fondos con Afectación Específica?
Sin una justificación real sobre la necesidad de contar con mayores ingresos para mejorar los servicios, lo injusto e inequitativo de los incrementos pretendidos en la recaudación por impuesto predial se vuelven una agresión mucho más ofensiva a toda la población, pero especialmente a los contribuyentes cumplidos y cautivos, como ocurrió este año con una aberrante progresividad.
Peor aún, una justificación que sus propios estados financieros desmiente convierte su clara intención recaudadora per se y operada en completa opacidad en una traición a la confianza ciudadana que se le dio en las urnas.
En la Plataforma Estatal de Transparencia no aparece una sola acta del Consejo Técnico Catastral en la que se pueda consultar el desarrollo de los estudios técnicos que respalden la propuesta, y en el sitio Web del Ayuntamiento tampoco, ni el documento íntegro de la propuesta enviada al Congreso del Estado.
¿Tanto va en contra del interés patrimonial de la población y representa un esquema para exprimir aún más el bolsillo de los potosinos que se tiene que manejar prácticamente a escondidas y sólo con declaraciones que pretenden destacar bondades que no existen y ocultar las ilegalidades en las que incurren?
Si fueran tantas las bondades y ventajas, quizá en las redes sociales del Ayuntamiento se hablaría más de los detalles de la propuesta y no sería un tema inexistente y avasallado por la promoción de eventos deportivos, de espectáculos y festivaleros que perfilan un gobierno frívolo antes que uno verdaderamente interesado en resolver los problemas de la ciudad.
