Gloria Serrato
Este próximo 16 de noviembre, se cumplen 13 años de haberse emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la sentencia del caso González y Otras (Campo Algodonero vs México), es una sentencia histórica contra nuestro país, que ha permitido cambios profundos en la impartición de justicia con perspectiva de género, políticas públicas orientadas al acceso a la justicia de las mujeres para evitar la repetición de hechos como los ocurridos a las víctimas de esta sentencia. La Corte condenó la violación a los derechos humanos a tres mujeres desaparecidas, maltratadas, vejadas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la violación a los derechos humanos de sus madres y familiares.
En el mes de marzo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores envió el oficio CRI-0446.22 con el que hizo llegar el 19° Informe sobre las medidas adoptadas en las fechas recientes.
Esta sentencia es un referente porque se han logrado cambios y avances más allá de lo señalado en los puntos resolutivos, con modificaciones en la normativa, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, el código penal, se han creado y consolidado políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Las muertes de estas jóvenes mujeres, dos de ellas menores de edad, estuvieron dentro de un contexto de violencia continua en Ciudad Juárez, no fueron los únicos casos, pero sí los que se llevaron a la Corte, tenían en común que las víctimas fueron violadas y tratadas con extrema crueldad, por lo que la sentencia de la Corte se pronunció por la urgente necesidad de establecer parámetros muy claros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia en razón de género. Se establecieron diferentes líneas de acción para atender las muertes violentas de mujeres, toda vez que no estaba tipificado el delito de feminicidio, ni existían protocolos para su investigación.
Con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México adecuó su normativa a los Instrumentos Internacionales como son la convención americana de derechos humanos, convención interamericana Belén dopara y la sedado.
En el informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de la sentencia, México da a conocer el establecimiento del Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas por Motivos de Género, y que se refiere a los trabajos realizados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras la Mujeres (CONAVIM) para formalizar el Programa Nacional de Armonización del Protocolo Alba, que entre otras cosas refiere “(…) establece que la búsqueda debe ser inmediata y que las autoridades involucradas además de las diligencias de búsqueda usuales deben identificar cualquier patrón o práctica que pudiera ser la causa de la desaparición por motivos de género”.
En el resumen de cumplimiento se informa de la consolidación del registro Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, que cumple con lo señalado en la sentencia como datos de búsqueda de oficio e inmediata, trabajo coordinado, eliminar obstáculos, entre otros aspectos como la protección de datos sensibles.
La Sentencia entre sus Puntos Resolutivos refería como Medidas de Reparación, una es la conducción eficaz del proceso penal para identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables materiales intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes víctimas del Caso González y Otras; cita la necesidad de quitar y eliminar los obstáculos que impiden la debida investigación de los hechos criminales, incluir la perspectiva de género, con líneas de acción específicas respecto de la agresión sexual de las víctimas, proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación y darles pleno acceso a los expedientes; la capacitación a los servidores públicos para la atención a víctimas.
Es importante revisar cada uno de los aspectos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos advertir del avance que ha sido de utilidad para todos los órganos operadores del sistema de justicia en México. En el último informe emitido por México se observan los esfuerzos realizados para el cumplimiento de la sentencia, entre ellos el establecimiento del Protocolo Adicional para la Búsquedade Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el periódico oficial el 15 de julio de 2021.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es periodista y abogada, doctora y maestra; especialista en atención a víctimas, derechos humanos, transparencia y salud. Actualmente es directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. Anteriormente se desempeñó como directora de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado; fue comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y presidenta de la Mesa Interinstitucional de Feminicidios. Cuenta con diversas publicaciones entre las que destaca su tesis doctoral Construcción de Personajes: El Subcomandante Marcos y la prensa en México 1994 a 1995.
