Marcela Del Muro
Durante 11 meses se ha pospuesto la audiencia intermedia del caso de Fernanda Morán Rodríguez, joven de 21 años que fue víctima de feminicidio el 8 de septiembre de 2020 y cuyo cuerpo estuvo desaparecido durante medio año.
Desde diciembre de 2021, el abogado de oficio del imputado no se ha presentado a las audiencias del caso de Fer. Pero en la última, programada el pasado 3 de noviembre, se difirió nuevamente por el cambio del ministerio público que investiga el feminicidio.
“Estoy sacada de onda. Nadie nos avisó que nos cambiarían al MP y se reprogramó la audiencia porque ella no iba preparada. Qué coraje. ¿Están a mi favor o en mi contra?”, señala la señora Jazmin, mamá de Fer.
Familia pide respeto y no más dilación al proceso
“Se me hace injusto que después de llevar un duelo tengamos que estar suplicando justicia a los jueces. Tal parece que las leyes están hechas para defender y darle prioridad a los delincuentes, feminicidas, que para defender a las víctimas”, piensa la señora Jazmín.
Lo que preocupa a la madre es que, según el artículo 20 constitucional, la prisión preventiva no puede exceder los dos años, de ser así, el sospechoso será puesto en libertad inmediata. Marco, el procesado por el feminicidio de Fer, lleva desde 12 de abril de 2021 en prisión preventiva oficiosa.
“Cómo va el caso, yo pienso que están haciendo tiempo para que se cumpla el plazo y salga libre. Yo estoy segura que si esto le estuviera pasando a alguna de las hijas de las autoridades o de los jueces, obligarían a los abogados a que acudieran a la audiencia y se hiciera justicia. Pero ¿por qué permiten que actúen de esta manera con el caso de mi hija?”, se pregunta la mamá de Fernanda.
En agosto, las autoridades le aseguraron a la señora Jazmín que la audiencia se llevaría a cabo el mes siguiente y que el representante del presunto asesino tendría que pagar multas por las ocho veces que faltó y provocó la reprogramación de la audiencia. Ella y su familia exigen no más dilación al proceso y el pronto esclarecimiento de su caso para lograr una condena justa.
Las irregularidades en el caso de Fer demuestran la necesidad de una fiscalía especializada en feminicidios
El caso de Fer demuestra la falta de capacidad del Estado para velar diligentemente por los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas de feminicidio y sus familias en San Luis Potosí.
El procesado, Marco, quien tenía unas cuantas semanas saliendo con Fer, fue señalado en la primera declaración hecha por la madre, quien dio dirección y datos completos para que pudieran hacer la investigación.
Supuestamente, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos cateó la casa de Marco. Sin embargo, el 29 de marzo de 2021, un albañil encontró el cuerpo de Fer en el patio de dicha casa, enterrado a tan solo 50 centímetros de profundidad.
Las autoridades de búsqueda hicieron caso omiso de la declaración de Jazmín porque sospechaban de otra persona: la expareja de Fer, a quien se vinculó a proceso el 7 de octubre de 2020 y estuvo preso por seis meses.
“La fiscalía de derechos humanos fue negligente en el caso de mi hija. En mi carpeta se demuestra que no sirven para hacer investigaciones”, señala la señora Jazmín.
La familia de Fer Morán forma parte de la colectiva “Por ellas, por nosotras y por todas”, que exige al Estado la creación de una fiscalía especializada en feminicidios que concentre todos los casos de muertes violentas de mujeres, que cuente con recursos necesarios y personal preparado para atender a las familias de víctimas de forma digna, diligente y con perspectiva de género.
“El estado y sus instituciones no han comprendido aún que, ante un feminicidio, las voces y la participación más importante es la de las y los familiares, como víctimas indirectas y personas ofendidas. Por lo tanto, recordamos: ¡Sin las familias, no!”, dice la colectiva.
