Ángel Castillo Torres
El tema ya ocupa un lugar principal en el debate político nacional y todo indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará todo lo posible para que su propuesta se apruebe. Desde hace meses el primer mandatario ha insistido en la necesidad de impulsar una reforma electoral que transforme radicalmente las instituciones y las reglas de la competencia comicial. Su iniciativa ha provocado un clima de agitación en la que dos polos opuestos se enfrentan en una enconada disputa verbal. Un bando argumenta que la democracia está en peligro si las iniciativas de AMLO prosperan. La propia Iglesia Católica a través de sus voceros ha rechazado la iniciativa del presidente. No se quedan atrás en sus críticas los partidos de oposición, especialmente el PAN. También la iniciativa privada y algunos periodistas admirados por los lectores están descalificando ásperamente las intenciones reformadoras del presidente. En este contexto llama la atención la postura ambivalente del PRI. La oscilante actuación de sus líderes es reveladora de una posible complicidad con el oficialismo. Sobre todo luego de que el secretario de gobernación, Adán Augusto López, afirmara que el proyecto de reforma electoral del presidente se está construyendo con el Partido Revolucionario Institucional y con algunos legisladores de Acción Nacional. Se percibe que en este asunto hay gato encerrado, que probablemente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha pactado acuerdos inconfesables con el presidente de la república para darle la puntilla a la oposición. El comportamiento del dirigente priista y su coordinador parlamentario en la cámara de diputados, Rubén Moreira, genera desconfianza.
El presidente López Obrador y su secretario de gobernación están muy confiados en que lograrán su objetivo, sobre todo luego de que se conocieran los resultados de una encuesta que el propio INE mandó realizar el pasado mes de septiembre y en la que los resultados demuestran que la iniciativa del tabasqueño cuenta con amplio apoyo popular. Esta encuesta reporta que 93% de los consultados apoya la idea de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos; 87% respalda disminuir el número de diputaciones y senadurías; 78% apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía y 74% considera que se deben recortar los recursos monetarios y el número de consejeros al INE. Si esta corriente de opinión se consolida en las próximas semanas, los diputados y senadores tendrán que someterse a la dictadura de los hechos que las encuestas están reportando.
Este estado de la opinión pública en favor de las iniciativas de AMLO refuerza la certeza de que los ciudadanos coinciden con el presidente en su intención de reformar nuestro sistema electoral.
Para AMLO, el INE es caro y corrupto, actúa como un coto de poder de los “conservadores”. El presidente denuncia, voz en cuello, que la elección de los consejeros electorales tanto del INE como de los que integran los Organismos Públicos Locales Electorales en las entidades federativas (OPLES), han sido electos a través de una artimaña en la que los partidos se reparten las posiciones por cuotas con el propósito de controlar las elecciones y sus resultados. El diagnóstico que tiene el primer mandatario no está alejado de la realidad, por ello, mi pronóstico es que sólo si el PRI traiciona a sus aliados de la coalición ¡Va Por México! apoyando las propuestas del presidente la reforma electoral pasaría en el Congreso de la Unión.
En los meses por venir el debate en torno a este tema estará cargado de juicios valorativos a favor y en contra. Pero hay que reconocer que nuestro sistema electoral tiene deficiencias que deben ser corregidas. Nuestra democracia sigue siendo cara y de baja calidad.
Por lo pronto la responsabilidad de dar vida a una nueva reforma electoral está en manos de nuestros legisladores. Lo ideal sería que aceptaran que su trabajo debe atender los reclamos de la sociedad y no legislar para tener solo en cuenta las peticiones de las élites políticas que por años se han beneficiado de un sistema electoral que privilegia la partidocracia. La reforma electoral que está en gestación debe expresar la voluntad popular. Así que para nuestros legisladores será un imperativo categórico (Kant), un deber ético, dar vida a una reforma que mejore el futuro democrático del país. Pero por otro lado tampoco sería conveniente que los diputados y senadores de oposición le aprueben un traje a la medida al presidente de la república, solo para consolidar la hegemonía de Morena.
Nuestro México no puede darse el lujo de retroceder en el perfeccionamiento de su democracia. Tenemos más de 30 años perfeccionándola. Sería una lástima que se tirara al basurero de la historia la lucha y el sacrificio de tantos demócratas mexicanos que lucharon toda una vida por enterrar el autoritarismo del viejo régimen. No es exagerado afirmar que la gobernabilidad del país está en juego si nuestra clase política no construye acuerdos y promueve un salto cuántico en materia político- electoral.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación. Fue delegado de Villa de Pozos en 2022 y subsecretario de Gobierno de 2016 a 2017. Presidió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 2013. También fue director general del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. Ocupó los cargos de regidor en la capital potosina (2007) y de diputado local de la LVI Legislatura (2000). Impartió clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
