Angélica Campillo
En sesión del pleno del Congreso del Estado se aprobó la creación del padrón estatal de personas deudoras alimentarias morosas, mismo que entrará en vigor dentro de los 90 días naturales, posterior a su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, quien impulsó la iniciativa, se mostró satisfecha de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) haya emitido una opinión favorable para la creación del padrón estatal de personas alimentarias morosas, ya que concuerdan con que es importante combatir el incumplimiento de pago de pensión y consideran que su creación resulta eficaz para lograr que disminuya la estadística de quienes no reciben lo necesario para su desarrollo.
Apuntó que la finalidad de la creación de este padrón, es buscar alternativas para el pago de alimentos, y en un sentido utópico se puede afirmar que si todos los niños y niñas recibieran sus alimentos, ni siquiera existiría la necesidad de la creación del mismo.
No obstante, Vargas Hernández indicó que la realidad social da cuenta que estos mecanismos son necesarios para que las personas deudoras paguen los alimentos de sus dependientes.
“Vamos a votar, los niños y niñas que viven en desventaja social por no recibir alimentos, y no por las personas deudoras; creo que podemos trabajar de manera coordinada para así disminuir las brechas de desigualdad que tanto daño le han causado a las y los potosinos”, argumentó la legisladora.
La iniciativa establece que quien incumpla con la responsabilidad de proveer alimentación a su hijo o hija por un período de 60 días continuos, se constituirá como deudora alimentaria morosa, y será el Juzgado Familiar quien ordenará su inscripción en el padrón.
Los datos que se incluirán serán: nombre y apellidos de la persona deudora alimentaria, su Clave Única del Registro de Población y el número de registro federal de contribuyentes.
En el caso de la persona o personas acreedoras alimentarias, será: nombre y apellidos, siempre y cuando se tenga el consentimiento en el supuesto de ser mayor de edad; para el caso de niñas, niños o adolescentes se reservará su identidad.
Asimismo contendrá: la autoridad que ordena el registro; número de expediente, o causa jurisdiccional de la que deriva inscripción; monto de la pensión alimenticia decretada; y monto de las cantidades no suministradas a la fecha del mandato de inscripción, o, en su caso, el número de meses de incumplimiento.
En caso de estar cubiertos la totalidad de los pagos de la pensión alimenticia adeudados, a solicitud de la persona deudora alimentaria, y dando vista al acreedor, la o el juez ordenará la cancelación de la inscripción en el padrón; cuya solicitud será resuelta en el término de tres días posteriores a la vista del acreedor.
Las diputadas Gabriela Martínez Lárraga y Liliana Guadalupe Flores Almazán se pronunciaron en tribuna a favor de la iniciativa, al destacar que se debe proteger a las niñas, niños y adolescentes y salvaguardar sus derechos; se sumaron a ellas los diputados Cuauhtli Fernando Badillo Moreno y Antonio Lorca Valle.
No obstante, tanto el diputado Edmundo Azael Torrescano Medina, como el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, si bien consideraron que la creación del padrón de personas deudoras alimentarias morosas es una buena medida, cuestionaron que en el dictamen no se especifica quién va a realizar este padrón, en dónde se va a alojar la información sobre los deudores, si los datos de quienes estén inscritos en el mismo serán públicos o privados, y quién va a certificar que la persona deudora no trabaja, y por lo tanto no puede cumplir con dicha obligación.
Posterior a ello, subió nuevamente a tribuna la legisladora Lidia Nallely Vargas Hernández para reprochar a Torrescano Medina que no haya hecho sus cuestionamientos y observaciones durante las reuniones de las comisiones legislativas, y en cambio, esperarse hasta la discusión del dictamen en el pleno.
“Me pudiste haber ayudado para que esto saliera como lo mencionas, y no fue así… Va a quedar exhibido quién no quiere el bienestar de los niños y niñas potosinas”, recriminó Vargas Hernández a Torrescano Medina.
Por mayoría de 25 votos a favor y dos abstenciones en lo general, fue aprobado el decreto que modifica el Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.
Además, fue aprobado por unanimidad en lo particular, la modificación al artículo primero transitorio, propuesta por el diputado Edmundo Torrescano Medina, consistente en que el padrón de personas deudoras alimentarias morosas entrará en vigor dentro de los 90 días naturales siguientes a su publicación en el POE; durante este plazo, el Poder Legislativo realizará las adecuaciones a la ley para perfeccionarla.
