Gloria Serrato
Las niñas y las adolescentes son el grupo de la población más vulnerable de todas las mujeres, que están enfrentando situaciones de violencia física, sexual, psicológica, estamos viviendo las secuelas de la Pandemia del Covid-19, las niñas, los niños y adolescentes tuvieron que estar en sus casas como una medida sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad, pero tuvieron que sortear tomar clases desde casa que no siempre fue el espacio seguro para su sano desarrollo.
De acuerdo con datos del INEGI del Censo de Población y Vivienda 2020, en México del total de la población, 18 millones son niñas y adolescentes menores de 18 años, representan el 15 por ciento. En San Luis Potosí, suman poco más de 423 mil las niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años de edad. Se trata de un grupo población que vive los estragos de la venta y consumo de sustancias, las ausencias de sus padres y/o madres, y que se traduce en la deserción escolar, en el trabajo infantil, en agresiones sexuales, en embarazos infantiles y de adolescentes.
Los datos del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, señalan que en San Luis Potosí, la tasa de fecundidad en adolescentes fue de 37 recién nacidos vivos por cada cien mil habitantes. Por supuesto que cuando esto lo vemos en cifras es impersonal, pero nos sirve para comprender la realidad que muchas niñas en nuestra entidad y en todo el país están viviendo a consecuencia de la violencia en su modalidad de la agresión sexual y que deben ser madres a edades que limitarán el desarrollo pleno de todas sus capacidades.
Las autoridades estatales y municipales han realizado esfuerzos por coordinarse con la federación en la estrategia para erradicar el embarazo infantil, orientada al conocimiento y aplicación de la Ruta NAME (Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas), se trata de una guía de implementación de atención y protección integral de niñas y adolescentes y o embarazadas menores de 15 años de edad.
Esta estrategia tiene que ver con la urgente necesidad de que niñas, niños y adolescentes disfruten el derecho a una vida plena en condiciones acordes a su edad, su desarrollo integral, forma parte de la garantía que el Estado brinda para el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, que incluye el derecho a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia y a la seguridad jurídica.
Esta estrategia nacional desarrollada por la Secretaría de Gobernación en coordinación con diferentes instituciones públicas federales y estatales, decidieron hace tiempo iniciar este proyecto en el Estado de Hidalgo, desde 2019 los gobernadores de todo el país se comprometieron a la implementación de dicha ruta, con el objetivo alcanzar la coordinación entre las dependencias de la administración pública estatal y municipal, así como de la sociedad civil para identificar, atender y proteger a las niñas y a las adolescentes madres o embarazadas menores de 15 años así como sus hijos e hijas.
Para las diferentes autoridades siempre ha sido un reto establecer los criterios necesarios para la atención especializada en las personas vulnerables, sobre todo en el caso de las niñas embarazadas, por tal motivo la Ruta Name construida a nivel federal y piloteada en el Estado de Hidalgo, es una opción para saber qué acciones llevar a cabo, una vez que tengamos conocimiento de la comisión de un delito.
Dentro de este mismo esquema una vez activada la Alerta, la Secretaría de Salud debe participar para poder llevar a cabo la atención plena de la niña garantizándole la restitución de sus derechos, la atención médica especializada y amigable de acuerdo con su edad y su condición de vulnerabilidad.
La ruta requiere tener una relación entre diferentes autoridades, poniendo en el centro el objetivo y razón de ser de cada una, para evitar que las niñas y adolescentes sean discriminadas en la atención inicial. De tal manera que lo más importante es el compromiso institucional para que operen correctamente todas las instituciones en un trabajo colegiado, donde cada una haga lo que le corresponde en el ámbito de sus competencias legales y atribuciones, identifique y se comprometa con el rol que desempeña en el proceso de actuación para restituirle los derechos a las niñas embarazadas.
Éstos mecanismos diseñados por las autoridades son de mucha utilidad para saber qué hacer en caso de que tengamos información de una niña o un adolescente embarazada que aún no cumple los 15 años de edad, porque atrás esa situación hay algún tipo de violencia que la pequeña sufrió.
En esa restitución de derechos es importante que todas las personas de la sociedad pongamos un freno a la violencia contra niñas, ninguna niña puede ser madre.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es periodista y abogada, doctora y maestra; especialista en atención a víctimas, derechos humanos, transparencia y salud. Actualmente es directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. Anteriormente se desempeñó como directora de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado; fue comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y presidenta de la Mesa Interinstitucional de Feminicidios. Cuenta con diversas publicaciones entre las que destaca su tesis doctoral Construcción de Personajes: El Subcomandante Marcos y la prensa en México 1994 a 1995.
