Por Victoriano Martínez
Dos cosas han caracterizado al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA): (1) la dificultad con que logra cualquier acción, al grado de que después de más de cinco años y medio no ha logrado articularse por completo, y (2) el menosprecio por parte de las autoridades a lo que representa: la prevención y el combate a los actos de corrupción.
A 37 días de que se cumpla un año de que el Comité Coordinador del SEA aprobó la Política Estatal de Transparencia, este lunes la presidenta de ese organismo, Laura Moreno Martínez, firmó un convenio con Lorenzo Jiménez de Luis, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México para iniciar el programa de implementación.
La Política Estatal Anticorrupción, un documento de 343 páginas que establece siete ejes de acción que se desglosan en 62 prioridades para prevenir y combatir la corrupción, fue el resultado de un extenso trabajo entre la Secretaría Ejecutiva del SEA y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que hoy sólo ha servido para una intermitente propaganda gubernamental.
El 25 de febrero, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se puso el traje de justiciero promotor de la lucha contra la corrupción y se apropio del documento que no le costó ningún esfuerzo y sobre el que hoy –con su ausencia en el inicio del programa de implementación– queda claro que tiene muy poco interés, para presentarlo como su “Plan de Política Estatal Anticorrupción”.
Tan poca importancia tiene para las autoridades actuales la lucha contra la corrupción, que –con mucho retraso, pero que ya es un pasito más– al acto de arranque de las políticas que se supone cambiarán el panorama ante lo que ahí mismo se denominó cáncer y flagelo de la sociedad los tres poderes se limitaron a enviar representantes.
No había escandalosa aprehensión de un exservidor público que desvió recursos, tampoco la posibilidad de exhibir a un espécimen representante de la herencia maldita como para que el acto resultara atractivo para comprar gacetillas. Para colmo hablar teóricamente de combatir la corrupción podría revertirse ante la descarada opacidad en las obras. Mejor no asistir. ¿Para qué?
Esa suerte de la Política Estatal Anticorrupción con aplazamientos y dificultades para lograr su implementación es la misma que, desde 2017, ha corrido todo el proceso de integración de los órganos que conforman el SEA.
Mientras se ponía en marcha el inicio del programa de implementación de la política anticorrupción, el Juzgado Segundo de Distrito requería al Congreso del Estado información sobre la Comisión de Selección del SEA para notificarle un incidente de suspensión contra el nombramiento de la más reciente integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Desde la primera elección de integrantes del CPC, se han presentado amparos por irregularidades en las designaciones, y en este caso la parte promovente contempla reportar un desacato a la suspensión porque Ma. Patricia Torres Rivera, la recién nombrada, ha participado en actos en los que la presentan como integrante del CPC, incluido el de este lunes.
El acto para poner en marcha la política anticorrupción se da un día antes de que el Congreso del Estado avale el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre la fiscalización a 113 entes públicos, en cuyos informes se reporta un acumulado de irregularidades por 2 mil 58 millones 672 mil 640.49 pesos.
Un acto en el que, entre quienes lo presidieron, se encontraba David Enrique Menchaca Zúñiga, presidente de la CEGAIP, de quien la ASE detectó un adeudo por no comprobar o reembolsar viáticos de 2021 por 145 mil 630 pesos, y reportó una carta compromiso en la que el funcionario se compromete a liquidar el adeudo en tres parcialidades con plazo hasta diciembre de 2023.
Sin duda es un abuso del cargo para un beneficio personal que vuelve la presencia de Menchaca Zúñiga en el presídium muy significativa de las dificultades y el menosprecio que enfrenta la operación real del Sistema Estatal Anticorrupción.
Si la característica de un sistema es que es algo más que la suma de sus partes, en el caso del SEA todo indica que para las partes la lucha anticorrupción es lo que menos les importa y, en consecuencia, un No-Sistema Estatal Anticorrupción en el que sus partes no hacen más que restarle la posibilidad de lograr ser lo que debe ser.
