María Ruiz
El coordinador de Estrategias de Monitoreo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), José Christian Hernández Robledo, señaló que el panorama de violencia feminicida en el estado de San Luis Potosí es complejo y preocupante.
Esto debido a que las investigaciones y el trabajo de las autoridades procuradoras de justicia no se desarrolla bajo la perspectiva de género, para que aquellas muertes violentas de mujeres se investiguen bajo el protocolo de feminicidio.
Respecto a las acciones de coadyuvancia que lleva a cabo Conavim, a través del mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las mujeres en el estado y municipios, Hernández Robledo señaló que se ha detectado la falta de capacitación al personal encargado de las investigaciones de feminicidios y de quienes se deberían encargar de juzgar bajo la perspectiva de género.
“Es una cuestión similar en todo el país, en estos momentos aunque el Protocolo Latinoamericano para Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, marca que toda muerte violenta de niñas y mujeres sea investigada como feminicidio, solo una de cada cuatro muertes violentas se investiga cómo tal”, explicó.
Por otro lado, la Conavim prepara un estudio y evaluación del primer año de Gobierno y cómo ha atendido el dictamen de la AVG en los seis municipios que tienen activo el mecanismo.
En este sentido, respecto a las dependencias estatales que aplicaron para ser beneficiarias de los recursos destinados de la AVG como parte del ejercicio fiscal 2022 por parte de la Conavim, y que tan solo se aprobó en observancia el presupuesto destinado a la Fiscalía General del Estado (FGE), Hernández Robledo dijo desconocer el contexto por el cual se llevó a cabo solo la selección de una sola instancia.
A pesar que dentro de la convocatoria participaron tanto el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), el Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), así como el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mismos a los que no les fue otorgado ningún tipo de presupuesto para llevar a cabo acciones conjuntas con el mecanismo de la AVG.
“Se trata de una parte de subsidios, que son para apoyar acciones encaminadas a cumplir el mecanismo que tiene que ver con las AVG. Este subsidio no es más de 120 millones de pesos para todo el país, entonces hay un procedimiento que tiene que ver con reglas de la convocatoria para estos proyectos y creo que estos resultados en SLP tienen que ver con situaciones de la convocatoria”, explicó.
En este tenor, señala el coordinador que pese a que este mecanismo está establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el aumento de feminicidios se debe a la afectación del acceso de justicia para las mujeres.
“No se ha estado cumpliendo por parte del Estado mexicano y todo este conjunto de instituciones que se dedican a la investigación y procuración de justicia. Si no se castigan a las personas agresoras que han asesinado a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, es muy difícil que podamos garantizar la no repetición, ni reparar el daño”, explicó.
Por lo que el llamado de la Conavim es que toda muerte violenta de mujeres se investigue bajo el protocolo de feminicidio.
“En San Luis Potosí así lo vemos en ese sentido, una cuarta parte de las muertes violentas se clasifican como feminicidio. Debe darse un paso más y las fiscalías deben actuar de otra manera y empezar a clasificar todo como feminicidio desde un inicio para facilitar el acceso a la justicia “, finalizó.
