Abelardo Medellín Pérez
Cuando está en juego la defensa del orden democrático, de libertades, de equilibrios y de certezas, no podemos (como ciudadanía) darnos el lujo de celebrar el haber esquivado una bala. Los pequeños triunfos de quienes “la libran” tienen justo esa magnitud, porque palidecen ante el riesgo que trae consigo el revanchismo de quien falló.
La noche de este martes 6 de diciembre se votó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador; con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, la iniciativa se quedó corta, no alcanzó la mayoría calificada y, tal como era previsto por todos, fue desechado.
Decir que era “previsto por todos” no es una generalidad graciosa. López Obrador, quien, no ideó, pero suscribió ferozmente la propuesta, ya tenía desde hace unos días el ánimo caído, las esperanzas perdidas y la resignación a flor de piel. Desde que comenzó a ver a la oposición plantada contra la reforma, no le quedó más que salir a pregonar un “al cabo que ni quería” y amenazar con el contraataque.
Efectivamente, el contraataque no se hizo esperar ni siquiera al fracaso del Plan A.
Para la tarde del martes, horas antes de que se votara la reforma constitucional, Adán Augusto López, secretario de gobernación, visitó la Cámara para entregar una serie de propuestas para modificar leyes secundarias de la normativa electoral; el Plan B que busca vengar al rotundo y doloroso fracaso que fue la reforma electoral infructífera.
Antes de ahondar en el riesgo a la vuelta de la esquina, hagamos un breve recuento de aquello que se evitó con la votación del día de ayer.
Se evitó que se sometiera a votación popular el nombramiento de consejeros y magistrados electorales; es decir, se previno la intervención de los partidos políticos, únicas organizaciones con capacidad, experiencia y solvencia para hacer campañas, en las postulaciones de los árbitros.
Se evitó la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y Tribunales Electorales Locales; hecho que, de haber ocurrido, hubiera sobrecargado al Instituto Nacional Electoral (INE) de trabajo y lo hubiera obligado a solicitar más recurso para retomar las actividades de las que hoy se ocupan dichos OPLES.
Se evitó la reducción de 500 a 300 diputados; porque sí a todos nos molesta tener diputados que cobran mucho (aunque muchos no sabemos ni por qué nos molesta), pero ignoramos que el número de integrantes de una asamblea legislativa, está balanceado sobre una fórmula aritmética que asegura la buena representación de los ciudadanos. Que por cierto se cumple a la perfección con el número de diputados que tenemos en la cámara hoy en día.
Se evitó que los diputados federales fueran todos plurinominales. No hay que explicar mucho de lo nocivo de ello.
Se evitó la desaparición del financiamiento público ordinario a partidos políticos. Sí, a todos nos molesta que haya partidos, pero aunque nos parezcan repudiables, son necesarios para la democracia y empujarlos a buscar financiamiento alterno (sobre todo en un país con tal presencia de crimen organizado), no los iba a hacer mejores o austeros, sino mañosos y peores.
Entre otras tantas propuestas como reducción de tiempos en radio y televisión, reducción del margen para hacer vinculante una votación de consulta popular, modificar excepciones a propaganda gubernamental, creación de una única ley en la materia.
Todas desechadas, sí; se previno una regresión democrática, también. Sin embargo, no hay que cometer el error de verlo como una conquista de los diputados, los grupos políticos o los marchantes del 13 de noviembre. No, quien sea que votó en contra de esta reforma, solo hizo lo que hubiera hecho cualquier ciudadano: evitar una catástrofe para las instancias que administran y vigilan los proceso electorales y de participación ciudadana.
Ya lo dije líneas arriba, tampoco es de celebrar. Ese documento de 307 hojas que el secretario de Gobernación entregó como “Plan B”, trae consigo intenciones más obscuras.
Con su Plan A, el gobierno de López Obrador buscaba debilitar y amedrentar las instituciones democráticas. Al advertir que dicha empresa no es sencilla en un país como el nuestro, su Plan B es básicamente proteger a sus candidatos rumbo al 2024.
Ya no les interesa controlar al árbitro, ahora buscan quitarle el silbato y taparle los ojos.
Tres de los puntos más preocupantes de esta nueva propuesta para pervertir la normativa electoral son:
- Señalar como arbitraria la interpretación que el INE hace cuando limita el “derecho de expresión”; que se traduce en “queremos hacer precampaña (cosa ilegal) y que no nos digan nada”.
- Eliminar la Sala Regional Especializada; es decir, derribar la instancia jurisdiccional encargada de sancionar el uso de recursos públicos en propaganda anticipada o irregular.
- Denunciar como excesivo que se retire la candidatura a quienes violen la normativa electoral; quieren que se deje jugar a quien no respeta las reglas, además de una impunidad ante señalamientos.
En suma, el gobierno parece haber abandonado su pretensión de lacerar las instituciones electorales y ahora busca asegurar la protección de los candidatos de Morena que ya han emprendido actos anticipados de campaña. Si el gobierno no puede contra el árbitro, mínimo intentará que el arbitro no pueda contra sus jugadores.
Al momento de escribir esta nota (la madrugada del miércoles) las reformas del Plan B siguen en discusión y tal parece que se asoma un problema en el paraíso: los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y los del Partido del Trabajo (PT) tienen trabada la iniciativa y solicitaron que se acepten sus reservas antes de votarla. Por otro lado, diputados panistas han promovido mociones suspensivas en búsqueda de tiempo para revisar este Plan B, sin embargo, han sido rechazadas a pesar de que, como señalaron los propios panistas, ningún legislador conoce a fondo la propuesta.
Mientras que continúa la discusión, arrancan las lecturas apresuradas y ocurre la votación intempestiva, podemos adelantar que, de aprobarse, muy probablemente grupos de interés promuevan decenas (sino es que cientos) de amparos y recursos contra las reformas que logren aprobar los diputados alineados al gobierno.
El Plan B se hizo a manera de reformas secundarias, justo para que no tuviera que depender de la mayoría calificada (como en el caso del Plan A), por ese lado podría aprobarse, pero desde el punto de vista más pragmático, es altamente probable que termine impugnado, frenado y exhibido como el bodrio normativo y mal diseñado que ya es.
Si eres de los que de verdad creía en la reforma electoral del presidente, haz como él y resígnate, estás en tiempo. No vale la pena hacer corajes por la reforma perdida, cuando con coraje ya se hizo una reforma por perder.
Si en cambio eres de los que creen que se ha evitado la tragedia con el desechamiento del Plan A y no espera nada distinto para el Plan B, no te confíes, porque cuando afirmo que la democracia sigue bajo asedio, no me refiero solo a las perversas iniciativas que se discuten en cámara, sino en aquello que esté organizándose como Plan C desde la presidencia y las gubernaturas.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
