Abelardo Medellín Pérez
En nuestros días, múltiples son las formas en que el gobierno busca vulnerar a las instituciones democráticas encargadas de la organización de procesos electorales, pero ninguna es tan lamentable, como aquel agravio que se hace por inconsciencia, desconocimiento y apatía.
Este miércoles, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023; lo cual quiere decir que se aprobó por igual el presupuesto recortado que el gobierno estatal dispuso para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Un presupuesto 80 por ciento menor a lo que solicitó el Ceepac, un presupuesto que se vanagloria de haber dado un aumento de 35 millones de pesos al Consejo, pero solo para cumplir una parte de sus obligaciones.
El gobernador ya se ha expresado hondamente sobre este asunto. Los organismos autónomos (CEDH, Ceepac, UASLP y quien se sume) no pueden tener más dinero del que están obligados a darles por ajustes inflacionarios. ¿Por qué no? Pues porque a la administración actual no le gusta gastar en cosas que no puedan reclamar, presumir o adjudicarse.
Justo el gobernador, cuando habla del Ceepac, la CEGAIP y la UASLP, refiere que ninguno de estos tiene proyectos o simplemente no se ven interesados en hacer obras. Como si los organismos autónomos quisieran ser convertidos en sucursales de la Secretaría de Obras Públicas. Y a este iluso argumento, ha agregado que no pueden ofrecer más dinero, porque se corre el riesgo de que los organismos quieran usarlo en nómina (como si pagar sueldos fuera un delito). Entiendo si temen manejos discrecionales de parte de directores, consejeros o secretarios abusivos, pero si por mañas sospechosas estamos recortando el presupuesto, no se explicaría por qué aumentaron los recursos que recibe la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de Ignacio Morquecho.
No. No nos engañemos ni dejemos engañarnos. La razón de los recortes es que, tras un año de medirle el agua a los camotes, ha descubierto que construir para relucir es una estrategia con pocos riesgos y muchos beneficios; sin mencionar que es un área con la que se pueden encubrir los manejos irregulares de recursos, si no me creen, pregunten a la Seduvop cuánto costó una obra y vean cómo brota de golpe la opacidad.
Sin embargo, las consecuencias de este tipo de recorte, sobresalen por poner en riesgo más que la imagen bonachona de la administración.
Recientemente, la consejera presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, afirmó que el 50 por ciento del dinero que solicitaban, era recurso para un eventual ejercicio de referéndum y plebiscito en el estado.
“Ante una solicitud de referéndum por parte de la ciudadanía, nos veremos en complicaciones para atenderla”, dijo la consejera presidenta.
En respuesta al señalamiento de la presidenta del Ceepac, Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno, justificó el haber recortado el presupuesto para ejercicio de participación ciudadana al Conejo y comentó:
“Lo que dicen es ‘para las consultas que se puedan hacer’, ¿cuáles?, ¿cuántas son?, ¿de qué carácter son?, ¿quién las ordenó? No tenemos eso”.
La respuesta a esas cuatro preguntas es muy sencilla y se divide así: plebiscito para municipalización de Villa de Pozos, una, consultiva, la ordenó Ricardo Gallardo Cardona.
El secretario parece olvidar que, si alguien está verdaderamente preocupado por activar mecanismos de consulta, no es el Ceepac, sino el gobernador. El Consejo solo los organiza, pero quien los ha ido a ofrecer a las colonias y a los medios como mecanismos de gobernanza es Gallardo Cardona.
¿Qué hizo el gobernador cuando la propuesta de castrar químicamente violadores se volvió tan volátil y nacional que no podía manejarla? Pues la olvidó en un cajón y se limitó a decir que la sometería a consulta. ¿Le interesa en serio someterla a consulta? Por supuesto que no, le interesaba explotarla como la propuesta ostentosa que era y nada más.
Sin embargo, en lo que refiera a la municipalización de Villa de Pozos, parece estar verdaderamente avocado a que lo respalde la ciudadanía de esa demarcación y aparentemente requerirá de un mecanismo de democracia directa.
Curioso; justo cuando una de sus propuestas requería que el Ceepac tuviera los recursos para hacer un ejercicio consultivo a la ciudadanía, el gobierno decide recortar el presupuesto y extender un sospechoso “cuando se ocupe más dinero, lo ponemos”.
Sin embargo, curioso y sospechoso se quedan en sus debidos límites, pues no se nota una verdadera intencionalidad por mermar al Consejo en aras de aprovecharse de él, en todo caso parece ser un desafortunado efecto secundario.
El rencor irracional figura dentro de los argumentos presupuestales del gobierno y luego entonces se pone en riesgo los mecanismos de participación que podían servir incluso al gobierno.
La administración estatal en San Luis Potosí, parece no tener claras las consecuencias de ir contra los intereses de las instituciones que sostienen el entramado democrático de un estado; quieren ahorrar un par de pesos para hacer del pueblo un mártir y mientras tanto la vulneración de nuestros derechos políticos se vuelve un daño colateral justificable.
La democracia no es un gasto, sino una inversión en libertades.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
