Por Victoriano Martínez
El 6 de diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del cobro por las copias simples por transparencia en 51 de los 58 municipios del Estado establecido en sus leyes de ingresos, por considerarlas inconstitucionales.
La determinación fue la respuesta a sendas acciones de inconstitucionalidad presentadas por las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos. La CEDH impugnó los casos en los que cobraban las copias simples a más de tres pesos, en tanto que la CNDH los casos que superaban los 1.05 pesos.
El efecto se dio en las leyes de ingresos 2019 de los 58 ayuntamientos, en las que se homologó la tarifa de las copias simples en un peso, con algunos casos expresada en UMA, pero no así en el caso de las copias certificadas cuyo precio varió de los dos a los 50 pesos por foja.
La lección parecía haber quedado establecida para el Poder Legislativo, independientemente del cambio de diputados. No obstante, la actual Legislatura recayó y desde las primeras leyes de ingresos municipales que aprobó hace un año volvió la discrecionalidad y el alto costo para ejercer el derecho de acceso a la información pública.
Para el caso de las copias simples, los diputados le aprobaron a dos municipios, Villa de Ramos y Xilitla, una tarifa de 96.22 pesos por foja, en tanto que sobre las copias certificadas aprobaron tarifas que van de los 14 pesos a los mil 303.78 pesos en el caso de Villa Juárez y mil 347.08 en el de Cerritos.
Aunque la disparidad en las cuotas por transparencia se hizo pública y se denunció en reuniones en las que participaron la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), ni una ni otra tomó las medidas pertinentes para proteger el derecho de acceso a la información pública y evitar que se inhibiera por los costos.
Los excesos en los cobros autorizados por los diputados no se limitaron a las copias simples y certificadas, sino que, en el caso de Cerritos, por ejemplo, se le autorizó cobrar 288.66 pesos por la digitalización de documentos a parte de la foja 21. También le aprobó cobrar los discos compactos a 481.10 pesos y las memorias USB a 9 mil 622 pesos.
A cuatro años de que la SCJN declaró inconstitucional el cobro de las copias por transparencia, los diputados de la LXIII Legislatura muestran que poco les importa respetar el marco constitucional y nuevamente para las tarifas de 2023 aprobaron tarifas muy dispares.
La homologación de las tarifas fue desechada y, de entrada, en cuatro municipios se expresa en Unidad de Medida y Actualización (UMA), sobre las copias certificadas, para 47 municipios se aprobaron tarifas en la misma unidad, y en dos casos se utilizó la UMA para el costo de los discos compactos.
Las copias simples se establecieron gratuitas en Mexquitic de Carmona, en 52 municipios se fijaron en 50 centavos, en tres (Soledad de Graciano Sánchez, Tanquián de Escobedo y San Luis Potosí) a 0.96 pesos, en Villa Juárez a peso y en Villa de Reyes a 9.62 pesos.
Para las copias certificadas, los diputados aprobaron 26 tarifas diferentes que van de los 50 centavos a los 481.10 pesos.
Veintiún municipios proporcionarán gratuitamente la información en disco compacto proporcionado por el solicitante, lo cobrarán a 10 pesos en 33 municipios, a 10.58 pesos en Tanquián, a 28.87 pesos en San Luis Potosí y en los municipios de Cerro de San Pedro y Villa de Reyes no se menciona esa modalidad de entrega.
La entrega de información en memoria USB proporcionada por el solicitante se establece gratuita en 56 municipios, en tanto que en los municipios de Cerro de San Pedro y Villa de Reyes no se menciona esa modalidad de entrega.
El ayuntamiento de Cerro de San Pedro condiciona la entrega de copias simples a “siempre que se tenga el equipo para reproducirlos”.
En dos municipios los diputados establecieron cuota por escaneo de documentos: en Villa de la Paz a 50 centavos por foja, en tanto que en Cerritos a 1 UMA, que este año equivale a 96.22 pesos por foja.
Un negligente descuido por parte de los diputados que no es más que una variante de su nulo compromiso con la transparencia y su forma de alinearse a la opacidad que caracteriza a este sexenio… y una CEGAIP inútil.
