Por Victoriano Martínez
Los familiares de personas desaparecidas tienen que enfrentar, además de la lastimosa búsqueda de su pariente, la ofensiva actitud de las autoridades con la que suelen intentar desaparecer el problema de las desapariciones forzadas.
El trato que el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, dio a las familias de Voz y Dignidad por los Nuestros en días pasados es uno más de los agravios en contra de las víctimas secundarias de las desapariciones de personas.
Un trato ofensivo con tal nivel de indolencia, que al día siguiente fue reiterado con el retiro de las fotografías y esferas con los rostros de las personas desaparecidas que habían colocado en un árbol y en las letras monumentales con el nombre de Rioverde.
Como si con eso se resolviera el problema y de esa forma ese municipio dejara de ser el segundo con más desapariciones de personas en el Estado, sólo superado por San Luis Potosí capital.
La actitud de un alcalde que parece alineada a la que ha mostrado la máxima autoridad estatal, a pesar de que se trata de un problema que se ha agravado en todo el Estado.
Si se compara el número de casos de desapariciones, con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) durante 2016, el primer año del gobernador Juan Manuel Carreras López, con los registrados en lo que va de 2022, el primer año del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el panorama es bastante preocupante.
De entrada, en 2016 se reportaron 438 casos de desapariciones contra 576 que van del 1 de enero al 30 de diciembre de 2022. Tan grave está la situación que en este último día del año todavía puede acumularse alguna desaparición más, o varias.
Ese primer dato muestra que en el primer año completo del actual sexenio las desapariciones se incrementaron en un 31.5 por ciento.
Si el riesgo de ser víctima de desaparición es más alto, la situación se vuelve más grave ante el hecho de que las posibilidades de que una persona desaparecida sea localizada se reducen considerablemente.
Aunque en cifras absolutas prácticamente se localizó al mismo número de personas, proporcionalmente la efectividad para encontrarlas se redujo de un 86.76 por ciento a un 67.36 por ciento.
Las posibilidades de que una persona desaparecida sea localizada se redujeron en un 22.36 por ciento.
Se trata de estadísticas que resultan coherentes con la actitud de una autoridad más preocupada por que el problema pase inadvertido, se le reste gravedad y, peor todavía, que se amenace con sancionar a quien reporte una desaparición sin que la persona haya estado en riesgo.
“Para que aprendan que con las instituciones no se juega, y menos con los sentimientos de la gente (…) no se vale jugar con las instituciones y no se vale malgastar el dinero del Estado”, dijo Gallardo Cardona al hablar de su intención de sancionar a las personas localizadas cuya desaparición no era “real”.
Dijo entonces que entre el 95 y 98 por ciento de las personas localizadas no estaban en riesgo. ¿Podrá Gallardo Cardona decir lo mismo de las 188 personas no localizadas, que representan el 32.64 por ciento de los casos de desapariciones ocurridas este año?
En el extremo por evadir la responsabilidad, el mandatario aseguró que entre el 95 y el 98 por ciento de los casos de desapariciones ocurrieron en el sexenio pasado. Las 576 reportadas este año por el RNPDNO difícilmente se las puede endilgar al pasado.
Así el panorama para las familias de Voz y Dignidad por los Nuestros y su dolorosa labor de búsqueda de sus desaparecidos: enfrentar la indolencia de la autoridad que lejos de ayudar, estorba… y se convierte en parte del problema.
