Fernanda Durán
El Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas renovó a sus representantes el pasado 2 de enero; proceso que fue señalado por la periodista de Astrolabio Diario Digital, María José Puente Zavala, debido a diversas irregularidades en selección de perfiles al transgredir la convocatoria.
La nueva representación ciudadana quedó conformada por José Luis Vázquez Cruces y Lucina López Mendoza en representación del gremio de periodistas, mientras que los representantes de personas defensoras de derechos humanos serán Alejandra Balduvin Álvarez y Luis González Lozano, quien fue reelegido; los cuatro integrantes seleccionados ejercerán el cargo por un periodo de tres años.
A través de su cuenta de Twitter, la periodista María José Puente, quien participó en la votación y fungió como representante de los periodistas en el mecanismo, reveló que anuló sus votos debido a que el proceso no se concretó de manera correcta.
Puente Zavala señaló que la unidad de protección, encargada de gestionar la documentación y los escritos de oposición, transgredió la convocatoria e “hizo una evaluación por demás deficiente de los perfiles”, al no enviar la información completa y precisa al mecanismo sobre todos los postulantes.
Entre las irregularidades que exhibió fue la desaparición de un escrito de oposición entregado el pasado 23 de diciembre por una periodista, mismo que no estaba contenido dentro del expediente final, pese a que la remitente recibió una confirmación de su recepción y otras incidencias sí fueron reportadas al sistema de defensa.
“Otras incidencias sí se detallaron en ese correo; por ejemplo, una candidatura presentada a destiempo y, por ello, no admitida. El escrito de oposición, sin embargo, simplemente se desechó, sin dar cuenta al Mecanismo, ni de la recepción, ni de los motivos para desecharlo”, escribió en la red social.
En cuanto a la evaluación, la periodista afirmó que mientras la Unidad entregó poca información y hasta equivocada sobre algunos participantes, de otros perfiles sí proporcionó datos detallados. Asimismo, la evaluación marcaba un porcentaje global sin desglosar cada categoría calificada a los postulantes.
Por esta razón, solicitó los expedientes completos y detallados de la evaluación, donde se incluyó el currículum de las y los postulantes, así como las cartas de apoyo que presentó cada uno, pero no los documentos de identidad o carta de motivos, aunque existe un acuerdo de confidencialidad.
Con base en lo solicitado, Puente Zavala detalló cómo uno de los perfiles elegidos recibió una calificación mayor a la que podría obtener, ya que no presentó cartas de respaldo, las cuales otorgaban 20 puntos de 100, pese a ello, su calificación final fue 90 de 100.
Tras denunciar dichas irregularidades, aseguró que “el detalle de las evaluaciones evidenció el uso de un misterioso criterio que para unos fue estricto y, para otros, flexible y generoso. Y al final toda esta serie de irregularidades exhibe un proceso, en el mejor de los casos, desaseado; y, en el peor, manipulado”.
María José Puente aseguró que anular su voto luego de las evidentes anomalías le permitió mostrar su rechazo “y no legitimación de una elección amañada”.
“Sí considero que eso me permitió asentar en el acta de la sesión las irregularidades que atestigüé durante el proceso, pero además enviar un mensaje claro de rechazo y no legitimación de una elección amañada”.
Finalmente, indicó que si bien el fallo del mecanismo es inapelable, un amparo por parte de quienes participaron en la convocatoria y no resultaron electos derribaría el resultado.
“Seguramente es posible derribarla mediante un amparo; y esa decisión, creo, más bien recae en el terreno de quienes participaron en la convocatoria y no resultaron electos, probablemente, porque el proceso no se llevó a cabo de la manera correcta. Si de ellos surgiera el interés de presentar un amparo; yo definitivamente les respaldaría”, expresó.
