Los sótanos del poder: Macabra advertencia contra un periodista

Ángel Castillo Torres

Las sombras de la noche empezaban a invadir la ciudad cuando manos criminales realizaron un macabro ritual para dejar un mensaje de intimidación y muerte. Eran las 6:30 de la tarde del pasado 9 de enero cuando el periodista Samuel Roa Botello, director del periódico digital Emsavalles, se enteró de que le habían dejado un regalo fúnebre a la puerta de su casa, una hielera con dos cabezas de cerdo y una decena de trozos de caña de azúcar. La intención era evidente, advertirle que estaba en capilla, que su seguridad y su vida corrían peligro. Por las características del modus operandi no era difícil deducir que el envío provenía del crimen organizado. Pero, ¿cuál era el motivo de esta advertencia?

Roa Botello había estado denunciando valerosamente desde diciembre del año pasado las maniobras de extorsión que un grupo criminal realizaba sobre productores cañeros de Ciudad Valles. En su portada principal del 30 de diciembre de 2022 el periódico digital Emsavalles publicó un alarmante reportaje que tituló “El sector cañero en la huasteca, la atractiva industria para sembrar terror”. En el contenido de esta historia se relata cómo desde hace algún tiempo un grupo de facinerosos habían sentado sus reales en las entrañas de algunos sindicatos de productores cañeros para pedir una “cuota” forzosa por cada tonelada de caña de azúcar que se lograba producir e ingresar al Ingenio. Al hacerse público este hecho las alarmas se encendieron, la policía y las autoridades de procuración de justicia se hicieron presentes en el domicilio del periodista. Las especulaciones corrieron como reguero de pólvora. Todas las versiones sobre los responsables coincidieron: ¡fue el crimen organizado! El acontecimiento adquirió resonancia nacional cuando el 11 de enero uno de los periodistas más afamados, experto en temas de seguridad –Héctor de Mauleón– escribió en El Universal una columna que tituló “Hieleras con cabezas de cerdo: el acoso del crimen a la prensa”. En su análisis, de Mauleón explica que “la violencia que recorre San Luis Potosí amenaza la vida de un periodista y pone en riesgo la libertad de expresión”. Luego de relatar con lujo de detalles este lamentable hecho, el columnista advierte que tanto “Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación están advertidos del contexto en que se dio la aparición de la hielera en el domicilio de Roa”. De esta forma de Mauleón se solidarizaba con Samuel Roa e indirectamente hace responsables a las máximas autoridades del país de lo que pudiera ocurrirle al periodista si no se le brindaba la protección que la Ley respectiva contempla para estos casos. El ruido mediático que causó tanto la denuncia de Emsavalles como la del columnista de Mauleón, provocó que las autoridades estatales intervinieran de manera inmediata. El secretario general de gobierno José Guadalupe Torres Sánchez y el de seguridad pública Guzmar Ángel González Castillo se trasladaron de inmediato a la zona cañera para dialogar con los afectados y acordar con ellos una ruta crítica que permitiera acabar con el problema. Dos días después el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona anunció que no era el crimen organizado el responsable de éstas amenazas contra Samuel Roa sino que eran algunos líderes sindicales de los cañeros los que en contubernio con empleados del Ingenio amenazaban y extorsionan a todo aquel que se les atravesara en sus ilícitos negocios. El gobernador dio a conocer asimismo que ya estaban identificados 8 implicados en estos actos ilegales y que estaban por librarse las respectivas órdenes de aprehensión contra ellos.

Este episodio de amenazas a un periodista vallense hará posible el desmantelamiento de un grupo de extorsionadores y ayudará a que la industria azucarera no se vaya a pique. Para Ciudad Valles sería un golpe demoledor que la producción de caña de azúcar y su procesamiento en los Ingenios desapareciera. Esta industria genera al menos 5 mil empleos directos y otros tantos indirectos. Se estima que hay en Ciudad Valles 12 mil familias que están ligadas a la producción de caña de azúcar y que dependen de esta actividad. En términos de economía regional esta agroindustria es fundamental para producir empleo y bienestar. Hay que agregar que exterminar el problema de extorsiones y amenazas está ligado también con la agenda de gobernabilidad del estado, así como con la defensa de los derechos humanos. Las autoridades federales y estatales no deben permitir que se atente contra el derecho fundamental de libertad de expresión. Menos aún tolerar que las condiciones de estabilidad social se perturben y con ello se ahuyenten las inversiones de los empresarios. En el caso que hoy estamos comentado se vuelve muy preocupante enterarnos que una de las principales empresas dueña de uno de los ingenios azucareros en aquella región ha anunciado que si las cosas no cambian podría cerrar sus actividades. A miles de familias huastecas los atemorizó este amago de la empresa Promotora Industrial Azucarera, S.A. (PIASA), que es parte del consorcio Arca-Continental-Femsa. Sólo para que se dimensione la importancia del peso económico de los ingenios azucareros en la región de Ciudad Valles es pertinente decir que entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 los ingenios produjeron un millón  200 mil toneladas de azúcar. Por ello y a raíz de este caso las autoridades están obligadas a garantizar la gobernabilidad de aquella región, así como la seguridad y la vida de periodistas y trabajadores cañeros. No se debe permitir que a través de levantones, secuestros, amenazas y golpizas se mantenga aterrorizados a los productores cañeros y a los trabajadores de los medios de comunicación. Las autoridades tienen la palabra.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación. Fue delegado de Villa de Pozos en 2022 y subsecretario de Gobierno de 2016 a 2017. Presidió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 2013. También fue director general del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. Ocupó los cargos de regidor en la capital potosina (2007) y de diputado local de la LVI Legislatura (2000). Impartió clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

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