Por Victoriano Martínez
Cuando el 15 de octubre de 1990, Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), S.A. de C.V., asociada con Grupo Valoran, obtuvo la concesión por ocho años y medio del Libramiento Oriente, con una extensión de 33.7 kilómetros, muy pocos pensaron que aquello se convertiría en una red que, a casi 33 años, opera para invadir tierras ejidales de La Pila, con un marco de acciones irregulares.
Con base en ocho modificaciones al título original de concesión, la empresa está por alcanzar una red carretera de poco más de 175 kilómetros, entre los que se incluye un tramo que cruzaría el Ejido La Pila, donde pretende ocupar 30.26 hectáreas.
Un grupo de ejidatarios de La Pila litigan contra lo que consideran ocupación ilegal de su territorio y señalan actos de corrupción entre empresa, el Comisariado Ejidal y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes.
¿Cómo se extendió hasta la actualidad lo que era una concesión carretera por ocho años y medio y, en consecuencia, no podría tener vigencia más allá del siglo pasado?
La primera modificación a la concesión se dio el 16 de noviembre de 1994 y amplió el plazo a 30 años, es decir, concluiría el próximo año.
Para la tercera modificación, del 30 de noviembre de 2007, no sólo se amplió la longitud de la autopista con la inclusión del Libramiento Poniente, sino que se fijó el plazo de la concesión hasta el 17 de octubre de 2037.
Conforme aumentaba la longitud de la red carretera se extendía en el tiempo la vigencia de la concesión, de manera que para la sexta modificación, el 31 de agosto de 2009, el periodo se extendió hasta el 14 de octubre de 2050 para inversiones adicionales.
Una de esas inversiones tocó el territorio del Ejido La Pila donde, sin agotar los trámites legales requeridos para la ocupación y tras saltar procedimientos, o de plano simularlos, hoy se pretende la ocupación de 30.26 hectáreas, como parte del tramo autorizado en una octava modificación del título de concesión.
La movilización provocada por el rechazo de un grupo de ejidatarios inconformes con la ocupación de su territorio comenzó desde que en la asamblea ejidal realizada el 26 de junio de 2022, sin cumplir con las formalidades legales, se autorizó al Comisariado Ejidal para contratar la ocupación de las tierras con la empresa concesionaria.
La oposición a la ocupación se hizo más notoria cuanto el 18 de diciembre se realizó otra asamblea en la que se pretendió autorizar al Comisariado para la firma de los contratos con la empresa y se anunció el pago por 39 millones 349 mil 254 pesos por los derechos, que a partir del día siguiente se comenzaron a repartir entre los ejidatarios, a razón de 60 mil pesos a cada uno.
Todo un proceso del que no resultaba ajena la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT), por tratarse de una ampliación más de la concesión original de 1990, pero que en las asambleas no participaba ni siquiera era mencionada con su denominación precisa, sino que sólo se referían a la SCT.
Una referencia que abrió la duda sobre la dependencia a cargo de la obra, por lo que los ejidatarios inconformes debieron pedir información a las secretarías del ramo estatal y la federal, sin respuesta hasta este lunes, pero con una resolución en la demanda con expediente 568/2022 que ordena a la SICT informar sobre su participación en la “expropiación”.
El miércoles 25 de enero, los ejidatarios inconformes enviaron un primer mensaje en video al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la corrupción en la SICT por este caso, y reportaron las situaciones irregulares a distintas instancias federales, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera.
La movilización y envío de información a las instancias federales continuó y este lunes se dio una muy notoria acción de volanteo en el centro de la ciudad y protestas en la SCT estatal, el Centro SICT, y uno de los accesos la BMW… sí, la armadora alemana apareció como una de las beneficiarias de la construcción del libramiento por la utilidad que tendrá para desplazar su producción.
Las irregularidades documentadas por los inconformes, los requerimientos dentro de los juicios promovidos contra las asambleas ejidales y el envío de información a instancias federales, incluida la Presidencia de la República, llegaron finalmente ayer al escritorio de Jorge Nuño Lara, titular de la SICT, a tres días de la visita presidencial con el tema de la BMW.
Quizá esa sea la razón por la que hoy serán recibidos los ejidatarios inconformes en el Centro SICT.
Lo cierto es que la información que para el caso pudiera aportar la SICT sólo confirmaría la relación de corrupción entre algunos de sus funcionarios con la concesionaria y el Comisariado Ejidal por el posible acceso que se les dio a información privilegiada, o la simulación de trámites inexistentes y, especialmente, la revelación del origen del pago por 39 millones 349 mil 254 pesos al Ejido.
¿Cómo conocieron, concesionaria y comisariado ejidal, el tramo carretero preciso que cruzaría el Ejido y lo calcularon en 30.26 hectáreas de uso común? ¿Existe el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales sobre esa superficie y, de ser así, hay registro del trámite para que la concesionaria lo obtuviera?
¿Cuál fue la intervención oficial de la SICT con las autoridades ejidales para el proceso de ocupación de las tierras requeridas para el libramiento? ¿Qué papel jugó la dependencia en la determinación y realización del pago de 39 millones 349 mil 254 pesos al Comisariado Ejidal para distribuirlos entre los ejidatarios?
Se trata sólo de algunos puntos que se tienen que clarificar desde la SICT… que podrían ser el tema por el que los ejidatarios podrían abordar a López Obrador en su inminente visita, a propósito de la BMW.
