Abelardo Medellín Pérez
Este lunes primero de febrero, comenzó el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXV legislatura federal y este nuevo periodo trajo consigo la cuenta regresiva tras la cual se sabrá si el entramado democrático del país se sostiene o se vulnera.
En diciembre de 2022, el complejo sistema electoral con el que cuenta nuestro país, esquivó una de las más perniciosas balas que le ha tirado el actual gobierno federal. El 6 de diciembre, la reforma constitucional en materia electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador fue derrotada al interior de la Cámara de Diputados y, tras haber logrado derribar esa estratagema, la administración de López Obrador comenzó los preparativos para un segundo ataque.
En aquella ocasión, mencionamos en este espacio que el ahínco del presidente por incidir y debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en un riesgo constante del cual había que estar al pendiente para evitar que deviniera en peores intenciones. Esas peores intenciones se materializaron casi inmediatamente después de haber derribado al Plan A del presidente, con su Plan B.
El Plan B del presidente, que pasó de ir contra la estructura del árbitro electoral a solo debilitarlo para que este no pueda perseguir a quien viole la ley, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre y quedó en la congeladora del Senado a la espera de ser votado.
Hoy el Senado vuelve a sus actividades y con su regreso el temor por la aprobación de este Plan B, ha crecido.
En las últimas semanas de enero, a nivel nacional vimos cómo las organizaciones (todavía muy anquilosadas) de la sociedad civil en defensa del INE decidieron repetir el éxito de su repertorio y volvieron a llamar a una marcha nacional para mostrar su apoyo al Instituto y su rechazo a la reforma (¿o al presidente?).
También recientemente, vimos cómo Lorenzo Córdova, aún consejero presidente del INE, salió de su respetuoso letargo, dejó la distancia institucional y emprendió una campaña informativa a través de la cual busca despabilar a la ciudadanía y mostrarles el desastre que se avecina.
No es para menos. Córdova en su papel de presidente y seguramente como catedrático, ha medido, como muchos otros, los irreparables estragos políticos, sociales y legales que provocaría la aprobación y entrada en vigor de las reformas que componen el Plan B del presidente.
Tal fue la decisión del INE por salir de su autonomía lejana, que el 25 de enero pasado, días antes de que comenzarán los cabildeos para planchar el camino de esta reforma electoral, el mismo instituto publicó un panfleto informativo titulado “¿Cómo afecta el Plan B a las elecciones?”.
En el documento, se detalla de forma categórica cómo son actualmente algunos aspectos relacionados con la organización de elecciones en México, cómo se pretenden modificar negativamente a través de la reforma y la manera en que, de aprobarse, terminarían por afectar a la ciudadanía y la solides democrática del país.
Riesgo de que se anulen elecciones por falta de casillas, poner en riesgo los datos personales de los ciudadanos, menos transparencia, permitir que los funcionarios públicos incidan en la contienda de forma flagrante y trastocar derechos políticos de la ciudadanía son algunos de los peligros que este documento advierte y de los cuales, francamente, se puede aseverar que se quedaron cortos.
El ejercicio de informar a la ciudadanía sobre el peligro que enfrenta una institución que pertenece al pueblo mismo, es una clara señal de independencia del poder, pero también una preocupante llamada de auxilio que no hemos atendido.
No es culpa de la ciudadanía. Años de política nefasta y con intereses privados; una consolidación democrática desde la ley, pero lejana de la gente; una promoción de la participación ciudadana totalmente protocolar y de papel; decenas de campañas de comunicación inefectivas y planas, todo en conjunto ha provocado que el grueso de la población mexicana dé por sentada la democracia. Creemos que es un bien que siempre va estar ahí, que siempre tendremos la oportunidad, que siempre nos la otorgan con tanta facilidad, y tan fácil era acceder a los beneficios de este sistema, que nos pareció todavía más sencillo dejarlo de lado.
La autodefensa que ha emprendido el INE con sus panfletos informativos, hashtags desesperados y posicionamientos combativos se justifica por los tiempos polarizantes a los que nos ha empujado el presidente de la república, esta era la única estrategia probable, pero llegó tarde.
De aquí en más, solo queda que el Plan B del presidente sea aprobado en el Senado (como seguro lo será), sea impugnado ante la corte (como lo dicta el sentido común) y sea discutido en tribunales; seguramente la primera parte de este largo camino inicie la próxima semana cuando se trate la reforma en materia electoral, de acuerdo con lo que informó este miércoles Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Por lo que resta la defensa del INE, como algunos la han esgrimido, ya no basta con aplicar medidas informativas, sino proponer soluciones contingentes; ante la inminente aprobación de esta “deforma” electoral, lo indispensable es pensar cómo solucionar el desastre que provocarán los cambios, cómo transitaremos los peores escenarios y adivinar quién será el verdadero beneficiado de todo esto, porque por ahora, las intenciones autoritarias del presidente y el desinterés general de la población, son los únicos avantes.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
