Abelardo Medellín Pérez
La transparencia como obligación del gobierno siempre ha sido un tema útil para la ciudadanía, aunque ajeno y molesto para los servidores públicos, pero ineludible.
Por un lado, lo funcionarios que ocupan los puestos administrativos y de toma decisiones públicas, están sujetos a rendir cuentas; cada gasto se debe justificar, cada compra se debe dar a conocer, cada proceso para adquirir algo se debe hacer público y cada dato que la ciudadanía requiera de ti debe entregarse. Esto es porque la cosa pública, según lo acordado con todos los integrantes de una sociedad, no es propiedad de quien gobierna, sino de todos, de la masa, del pueblo y entre ese pueblo, quienes fungen y se les brinda el papel de diputado, alcalde o gobernador, no hacen más que gestionar con responsabilidad algo que pertenece a todos.
Por el otro lado, la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de cuidar de esa cosa pública y tiene el derecho de estar informada sobre cómo se gestiona eso que le pertenece por el simple hecho de ser un ciudadano. Una persona va al parque, hace uso de la vía pública, necesita de los servicios de salud, utiliza el transporte público, vota en elecciones locales, se beneficia de los programas de gobierno, estudia en escuela pública y al mismo tiempo puede descubrir que alguna de esas partes esenciales de su vida no funciona como deberían, no tiene la calidad que se requiere o simplemente no tiene un adecuado acceso a ella.
Es entonces cuando el ciudadano promedio puede llegar a pensar “¿qué acaso esto no se paga con mis impuestos?, ¿qué no fue acaso que yo voté por este gobierno para mejorar esta parte de la cosa pública?, si no se está invirtiendo en salud, educación, seguridad o acceso a servicios como agua potable, ¿entonces en qué?”. Dichas dudas, pueden (en teoría) resolverse a través de el ejercicio de la transparencia, ya sea a través de solicitudes formales de información o con una revisión de los portales donde el Estado está obligado a publicar todos aquellos datos y documentos de interés general.
En el papel (la ley) los servidores públicos no solo deben entregar la información que se les solicita, sino que incluso deben promover la cultura de la transparencia, involucrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones como una forma de abrir el gobierno a todos y consolidar el régimen democrático.
En la práctica, nada de lo anterior se ha concretado de manera satisfactoria.
Esta semana, Astrolabio Diario Digital reveló cómo el gobierno estatal a través de su Oficialía Mayor se ha negado a revelar los contratos y facturas emitidas para la adquisición de las patrullas de la Guardia Civil Estatal (GCE).
Un parque vehicular de más de 120 unidades que fueron anunciadas con bombo, platillo y la promesa de un impacto positivo en las tareas de seguridad. Tanto se jactaba el gobierno de tan buena acción, que los medios incluso publicitaron el arribo de las unidades dos semanas antes de que fueran presentadas y el día que dieron inicio las actividades de la GCE el gobernador hizo lo que nunca… cumplió: prometer que se darían a conocer los costos y las condiciones de compra de las nuevas patrullas.
Las razones esgrimidas por el gobernador para revelar esta información, ya adelantaban desde inicios del 2022 el verdadero interés de la administración; según el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la razón principal de revelar estos montos, no atendía a que habían sido solicitados por ciudadanos, sino más bien, que las cifras de la compra, mostrarían lo poco que se había gastado y lo mucho que se había conseguido. El gobierno entonces no quería revelar datos para cumplir con su obligación de informar, sino para saciar su necesidad imperiosa de presumir algo que, hoy en día, todavía no nos consta.
Tras casi un año de que el gobierno se comprometiera superficialmente a cumplir con algo que por ley debe hacer, la respuesta ha sido nula y las reacciones a sus propias omisiones son altamente preocupantes para cualquier ciudadano que alguna vez se haya preguntado “¿será que el gobierno me oculta algo?”.
Al cuestionar al gobernador sobre esta actitud insistente de la Oficialía Mayor por ocultar los contratos de compra de las patrullas, el jefe del ejecutivo no dio razones técnicas para un retraso sostenido (al contrario, dijo que la información está lista y clara desde el año pasado), no se protegió tras el argumento que es información confidencial, ni tampoco se escudó en el clásico “es algo que tendrá que ver la Oficialía Mayor”.
No, el gobernador potosino, tan disruptivo como siempre, decidió aprovechar los cuestionamientos sobre la opacidad de su administración para acusar que, los culpables de la resistencia de sus dependencias, son los ciudadanos.
Según el gobernador, los sobre nombres que un grupo de solicitantes de información se ponen para pedir documentos públicos, son razón suficiente para negarle la información al resto de los ciudadanos.
“Incluso hubo una de Mickey Mouse, incluso se las voy a enseñar ahorita, con el nombre de Mickey Mouse (…) no se vale, hay que hacerlas bien. Por ese motivo las vamos a seguir rechazando si no vienen los nombres que son, dime, ¿pago a un avión a Orlando para que se la dé a Mickey Mouse?”, dijo sin mucho interés en restarle peso al hecho, de que directamente aceptó que su gobierno ha rechazado infundadamente solicitudes y lo seguirá haciendo.
¿A caso cree el gobernador que denostar a los solicitantes anónimos, es la mejor forma de promover y fomentar la cultura de transparencia como lo marca el artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Porque desde la posición de un solicitante promedio, parecería que no. Si un día decidieras preguntar por el gasto que se hace en alumbrado público en tu calle, porque quizá sientes que es menor al que te prometieron, pero al siguiente día escuchas que tu gobernador, quien dirige la administración de todo el estado, se queja de quienes ejercen su derecho de acceso a la información, ¿no temerías?, ¿no desincentivaría eso tu interés?, ¿no te sentirías aludido y atemorizado por una figura incómoda y con poder?
El llamado a que usemos nuestros verdaderos nombres, perdió totalmente sus tintes pacíficos cuando además, el gobernador reveló en esa entrevista que algunas solicitudes que su gobierno había procesado, estaban a nombre del diputado local por el PRI, Alejandro Leal Tovias, pero que el diputado le había expresado que él no promovió nada. ¿Y cómo se enteró el gobernador de esas solicitudes?, ¿acaso él las atiende personalmente?, más importante, ¿cómo sabe que no fue el diputado?, ¿acaso le preguntaron directamente por qué había pedido cosas por transparencia?, ¿llegaron hasta el punto de hostigarlo por pedir información?, ¿será entonces que ya ni ser servidor público te salva del ejercicio opaco del gobierno?
Las posturas y comentarios del gobernador sobre esta resistencia a ser transparentes dejan en claro que la intención nunca ha sido, ni será cumplir con sus obligaciones de acceso a la información.
Adicionalmente, con este intento de sugerencia coercitivas desde palacio de gobierno, da para afirmar que la transparencia en San Luis Potosí no solo dio un paso hacia atrás, sino que se nos ha arrastrado a una nueva época oscura de la historia en la que los derechos políticos de los potosinos son lo de menos y las cosas por ocultar de este gobierno parecen acumularse ante los ojos de nadie.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
