Fernanda Durán
San Luis Potosí requiere de un programa anticorrupción vigente, el ajuste de leyes para la protección a denunciantes y la regulación de compras por adjudicación directa, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en el informe final para San Luis Potosí del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Prevención de la Corrupción en México”.
El Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares analizó el nivel de implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en tres artículos específicos, el 9 en materia de contrataciones públicas y hacienda pública, el 10 en materia de acceso a la información, y el 33 en materia de protección a denunciantes.
Las instituciones que representaron a San Luis Potosí en la revisión fueron: la Auditoría Superior de Estado por el artículo 9; la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la información Pública (CEGAIP) con el articulo 10, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por los artículos 9 y 33 de la CNUCC.
La entidad fue revisada por los estados de Yucatán y Baja California, además del estado de Jalisco en la revisión de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, y el estado de Querétaro en la revisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí.
En el informe los estados revisores reconocen que la ASE y la Oficialía Mayor no publican información “accesible y transparente” de sus proveedores o contrataciones para ser consultados por todo el público en la Plataforma Nacional de Transparencia; incluso se advierte que la Ley de Adquisiciones no obliga a que las modificaciones sustanciales en licitaciones se hagan públicas.
El SEA de Baja California recomendó la creación de una Plataforma Digital Estatal para todos los temas de transparencia y acceso a la información, que contenga “los temas de declaraciones patrimoniales y de intereses, canal único de denuncia, servidores públicos en contrataciones, servidores públicos y particulares sancionados, fiscalizaciones e información públicas en contrataciones”.
Por su parte, la CEGAIP fue señalada por no contar con un programa anticorrupción vigente, la falta de informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública y la necesidad de contar con un área encargada de generar información estadística de las personas solicitantes de información.
Con base en el análisis, se le recomendó la articulación de un programa anticorrupción, el fortalecimiento en la recopilación, sistematización y difusión de la información estadística de las personas solicitantes de información, así como metodología para la identificación y clasificación de las necesidades de información.
“Se recomienda generar y articular un programa anticorrupción, considerando las acciones, programas y políticas internas existentes que abonan de forma individual a reducir y prevenir la corrupción al interior de la institución”.
La UNODC destacó que San Luis Potosí no cuenta con un marco normativo que regule en específico la protección a denunciantes, pese a que ofrece una gama de normativa en la materia.
Con ello, el reporte sugirió el desarrollo de una plataforma digital estatal como un canal único de denuncias, en el cual se puede definir el procedimiento de recepción y atención para proteger a los acusadores. Además de una ley en materia de protección a denunciantes que tome en cuenta el marco legislativo y normativo vigente, para adecuar las leyes y reglamentos.
En cuanto a la adecuación en la protección a denunciantes, recientemente fue desechada por el Congreso del Estado la iniciativa para crear la Ley de Protección al Denunciante y Testigo de Corrupción del Estado de San Luis Potosí en medidas de protección básica.
Sin embargo, José Luis Fernández Martínez, diputado presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que en casos como este las propuestas son rechazadas por fallas en el planteamiento de las reformas o adicionan “temas ya contemplados”. A la vez, expresó que las y los diputados están dispuestos a legislar en materia de corrupción, por lo que requerirá su precisión.
