Por Victoriano Martínez
Ya no es novedad que en la actual administración estatal lo que menos importa es el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos humanos ni se puede esperar que por lo menos se ajusten a sus propios lineamientos, porque cuando se propone algo, ni legalidad ni compromisos cuentan.
El caso del despido injustificado de un trabajador en el Instituto Temazcalli documentado en video y con testimonios es sólo una muestra del grado al que se puede llegar en el abuso de autoridad y avasallamiento de derechos.
No es el primer trabajador del gobierno del estado despedido de manera injustificada, con exceso de violencia y con exceso en el uso de la fuerza pública, pero sí un caso con tal evidencia en video, que las violaciones a la Constitución, a las leyes y hasta al decoro quedan fuera de toda duda.
La actitud de Julio César Martínez Vázquez, director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del DIF estatal, es indefendible por donde se le vea, y en su actuar incurrió en varias de las causales que la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado enumera para el cese de un empleado gubernamental.
Es en este punto en el que se incurre en la primera incongruencia, al dejar sin efecto el compromiso de tolerancia cero contra ese tipo de actitudes. Quizá en muchos otros despidos injustificados existieron actos similares, pero al no quedar registro en video como en esta ocasión, también se toleraron y por eso ahora, a pesar de la evidencia, se mantiene la inercia.
Como testigos, René Contreras Flores, director general del instituto Temazcalli, y la jefa directa de Juan Carlos Rivera Martínez, trabajador despedido, también violaron la Constitución. Como autoridades, de acuerdo con el tercer párrafo del artículo primero constitucional, debieron proteger y garantizar los derechos humanos de su subordinado. No lo hicieron.
“Ningún trabajador de base podrá ser separado de sus servicios, sin que medie causa plenamente justificada y conforme a los procedimientos señalados en esta ley y reglamentos aplicables”, establece el artículo 44 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas, y el 58 señala que “todo cese deberá efectuarse por causa justificada precedida de investigación”.
En enero se le pretendió levantar un acta a Rivera Martínez, pero sin cubrir las formalidades a tal grado que nunca se le señalaron las faltas que cometió. Hoy, tras el desaguisado que protagonizó Martínez Vázquez, pretenden justificarlo con acusaciones de presunto acoso sexual por parte del trabajador despedido.
Tan fácil que habría sido mostrarle las denuncias correspondientes. Con todo el aparato gubernamental a su disposición, hacerlo ahora abriría la sospecha de que se trataría de documentos construidos para salir del paso con fechas manipuladas. Por temporalidad, esa opción la han perdido… porque no la tenían.
La presencia de dos policías con armas largas en una institución que atiende a jóvenes con adicciones y a menores de edad con tratamientos psiquiátricos y terapias aporta a ese uso excesivo de la fuerza pública –por innecesaria para esos casos– una agravante: según testigos, un niño que salía de su terapia tuvo un ataque de pánico y corrió con su madre a refugiarse a su vehículo.
El despido de Rivera Martínez es la continuación de los embates iniciados por Gallardo Cardona en contra de los burócratas. Un capítulo que documenta en video lo que seguramente se repitió incluso en cientos de ocasiones y de ahí su relevancia: abre una vertiente que da impulso a muchos de los agravios señalados en los cientos de expedientes laborales abiertos.
Un retrato del terrorismo laboral y que la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas expresamente prohíbe en su artículo 45: “El relevo de los funcionarios de una institución pública de gobierno en ningún caso, afectará la estabilidad de los trabajadores…”
Pero si la actual administración estatal no respeta ni la ley ni los lineamientos a los que ella misma se compromete, difícilmente se puede esperar seguridad jurídica, mucho menos seguridad laboral, y ante el terrorismo laboral que enfrentan los burócratas, la sociedad debe estar atenta no sólo a que pare, sino a evitar el riesgo de que esa discrecionalidad invada otros ámbitos.
