Abelardo Medellín Pérez
Resulta extraño que, en un gobierno estatal que parece solo tomar en cuenta la voluntad del gobernador, se haya vuelto tan popular y conveniente la animosidad por consultar a la ciudadanía.
En una sociedad democrática y participativa, las decisiones trascendentales y que, por su naturaleza, trastocan la vida de todos los ciudadanos, generalmente van acompañadas de la posibilidad de ser consultadas, para saber si todos los integrantes de dicha sociedad están de acuerdo con lo que el gobierno planea hacer o, mínimo, para que algún sector posiblemente afectado exprese su descontento.
Aunque la Ley de Referéndum y Plebiscito del Estado de San Luis Potosí es clara sobre las formas y esencia de estos ejercicios para consultar a la ciudadanía, con cada semana que pasa, parece ser que los grupos de poder en el estado, prefieren la comodidad de lo mal hecho y lo informal.
Desde diciembre pasado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha insistido en que su administración ya realizó un consulta entre los pobladores de Villa de Pozos para conocer su opinión sobre la propuesta de convertir esta demarcación en el municipio 59.
El gobernador, incluso ha afirmado que ya se ha reunido el número de firmas necesarias para hacer vinculante la propuesta y ha dicho incluso que se tienen más de 60 mil firmas recolectadas a favor de este plan.
Lo que no se había visto hasta ahora, es ninguna promoción, publicidad o información sobre esta supuesta consulta, y claro que no la íbamos a ver, porque dicha consulta a la población, en realidad nunca existió.
Para ser más precisos: el órgano que legalmente está facultado para hacer dicha consulta (el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana – CEEPAC) a la población, ni siquiera ha recibido la instrucción del Congreso del Estado para iniciar el mecanismo de plebiscito.
¿Entonces de dónde saca el gobierno una consulta de 60 mil participantes?, ¿quién la realizó?, ¿cuándo se realizó? Si al CEEPAC se le negaron recursos para una eventual consulta en el ejercicio 2023, ¿de dónde sacaron los recursos para hacer esta consulta fantasma por la municipalización de Pozos?
¿Será acaso que se trata de otra consultilla de papel… o mejor dicho: digital? Porque ya en 2022, tuvimos la experiencia de tener ideas ocurrentes desde el gobierno que, de tan ocurrentes que eran, el gobernador sugirió que sería mejor consultar para ver si todos estaban de acuerdo.
En septiembre del año pasado, el gobernador reveló que promovería una iniciativa en el Congreso del Estado, para “que los violadores y asesinos de mujeres enfrenten pena de muerte y sean capados”.
Y como la ley no es límite y la ignorancia es creatividad, el gobernador hizo uso del tipo de consulta más antiguo y el tipo de plebiscito informal más novedoso: preguntar a mano alzada y hacer una encuesta de reacciones vía Facebook.
Ya ni hablemos de lo lamentable que es el hecho de que el gobernador haya tenido que recurrir a esas consultas por rápidas y convenientes; mejor hablemos de cómo en ambos casos, al sentirse abrazado por sus seguidores y sus acarreados, el gobernador recibió como opinión mayoritaria un voto por el sí, pero hasta ahora no se ha movilizado ninguna iniciativa al interior del Congreso en ese sentido.
Entonces en el estado tenemos consultas fantasmas, plebiscitos de mano alzada, referéndums digitales, pero no tenemos un solo ejemplo que muestre conocimiento o verdaderas intenciones de consultar a la ciudadanía.
Cada ejercicio emprendido por el gobierno pareciera, en el fondo, denostar la opinión de la población potosina en su diversidad; sí pregunto, pero a quienes van a mis eventos; sí consulto, pero no como lo marca la ley; sí estoy en contacto con el pueblo, pero con mis condiciones y mis dádivas de por medio.
Y lo triste es que en todos lados se cuecen habas.
Recientemente, el Frente Cívico Potosino (FCP) inició una consulta digital para que la población defina si la construcción de la Arena Potosí es prioritaria o no. Lo anterior a través de la página QuestionPRO.com.
Una vez más, se pierde la oportunidad de tener una consulta sería, técnicamente adecuada y homogénea entre los consultados; y a cambio tenemos una cámara de eco donde un conciliábulo de iguales, alzan la mano al ritmo de su ideología y luego presumen que la “mayoría” piensa como ellos.
El FCP no logra con su consulta atender a una parte de la población que diverge de la línea oficial, solo cae en el juego de informalidades que inició el gobierno y muestra su claro desconocimiento de las posibilidades que, como ciudadanos, también tienen.
El artículo 8 de la Ley de Referéndum y Plebiscito del Estado es clara, la administración estatal y la ciudadanía tiene la oportunidad de iniciar procesos para consultar a la población sobre si están de acuerdo o no con una acción de gobierno.
Sin embargo, donde la ley es clara, las omisiones lo son aún más y hasta ahora la norma no es promover mecanismos de participación ciudadana serios, sino inflar ilusiones de personas con poder con un juego de simulaciones ofensivas para nuestros derechos como ciudadanos.
Como integrantes de la sociedad civil deberíamos estar muy molestos y ellos, como servidores públicos, deberían estar enterados de lo intolerable de su error, pero ¿cómo podrían saberlo? Si ni para preguntar son buenos.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
