Por Victoriano Martínez
Los alcances y los efectos de la determinación de dar de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los trabajadores del gobierno del Estado todavía están por dejarse ver en varios aspectos, desde la exhibición de la falta de independencia entre los tres poderes, e incluso con situaciones de alto riesgo ante las que la Oficialía Mayor ha tenido que dar un ligero paso hacia atrás.
Desde el pasado jueves comenzó a circular en aplicaciones de servicios de mensajería vía celular entre los burócratas una información originada en la Oficialía Mayor en la que sobresale un dato que resulta alarmante: seis cirugías a corazón abierto que se tenían programadas para derechohabientes del IMSS del sector burocrático fueron canceladas por haber sido dados de baja.
Un dato que confirma dos de los reclamos de los trabajadores afectados: (1) hay servicios médicos de tal magnitud que no son cubiertos por el servicio privado con el que se pretende sustituir el IMSS y (2) sí hay burócratas que utilizan los servicios del Seguro Social.
Una circunstancia que pone en riesgo la vida de personas y que, de acuerdo con el aviso que comenzó a circular entre los burócratas, ya provocó una reacción por parte de la Oficialía Mayor: se reintegrará al IMSS a los derechohabientes titulares o beneficiarios que se encuentren en tratamientos por padecimientos graves.
En tanto que no se ha dado de baja en automático a todos los trabajadores del gobierno estatal, la medida incluye el hecho de que a los trabajadores que aún cuentan con el IMSS y enfrenten padecimientos graves, no se les dará de baja.
En los mensajes que circulan entre los burócratas, se les pide que quienes son atendidos en el IMSS por padecimientos graves lo hagan saber por escrito a la Oficialía Mayor con la documentación pertinente para que no los den de baja o los vuelvan a dar de alta.
Una medida sólo para casos extremos, dado que para aquellos burócratas que eran atendidos por el IMSS por enfermedades crónicas y recibían los medicamentos para su tratamiento, lo perderán.
Si poner en riesgo la vida de personas atendidas por verdaderas emergencias en el IMSS ha dejado ver que resultó falsa la afirmación de que no usaban ese servicio, el alcance sobre los burócratas que resultarán afectados ha dejado ver un punto más de la falta de independencia de los poderes Legislativo y Judicial del Poder Ejecutivo.
Ni el Legislativo ni el Judicial pueden determinar el tipo de relación que tendrán con sus trabajadores, pues les viene impuesto desde el Ejecutivo. Ninguno de esos poderes cuenta con clave patronal para determinar el régimen de seguridad social de sus trabajadores.
Una situación que coloca la relación laboral de quienes trabajan en ambos poderes como empleados del Ejecutivo. Una raya más a la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial al ejecutivo.
La medida generalizada de dar de baja del IMSS a los burócratas estatal exhibe un aspecto más que desdibuja la independencia entre los poderes del Estado con la prevalencia del ejecutivo sobre los otros dos.
La reacción de verse en la necesidad de mantener el IMSS para quienes padecen enfermedades graves y de alto riesgo exhibe una vez más que la medida de desafiliar a los burócratas no contó con los análisis previos necesarios, al grado de poner en riesgo la vida de personas.
¿Acaso cuando uno de los beneficiarios del servicio médico privado que sustituirá al IMSS enfrente un padecimiento grave que no se alcance a cubrir de manera particular será de inmediato afiliado al IMSS para que sea atendido ahí?
