Marcela Del Muro
El pasado 17 de febrero se ganó un amparo que fue promovido por el señor Carmelo Hipólito, papá de Odalys Anahí Hipólito, víctima de feminicidio el 11 de marzo de 2018 en la ciudad de San Luis Potosí.
“Se resolvió que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene que emitir un oficio donde indiquen todos los actos de investigación y las diligencias que se han realizado en el caso de Odalys”, explica la abogada Patricia Salazar, quien impulsó jurídicamente este amparo y acompaña a las familias con hijas víctimas de feminicidio de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas.
Para el señor Carmelo esta resolución es una pequeña victoria por la que ha luchado, en compañía de la abogada especializada en derechos humanos, desde noviembre de 2021, y que le da esperanza de que su hija y su familia lleguen a tener justicia.
El caso de Odalys está plagado de inconsistencias y fue cerrado el 11 de marzo de 2019, en el primer aniversario luctuoso, argumentando que la joven de 16 años se había suicidado en la vía pública de la capital potosina. Desde entonces, la familia Hipólito ha exigido que se investigue la muerte como feminicidio.
La muerte de Odalys y la mala actuación de la Fiscalía
El 11 de marzo de 2018, en el enrejado del último andén de la zona de transferencia del transporte público, en la calle 20 de Noviembre, fue encontrado suspendido de uno de los barrotes el cuerpo de Odalys Hipólito.
El aviso a las autoridades llegó a las 5:20 de la mañana de aquel domingo, por parte de un civil que caminaba por la calle. Al lugar del hallazgo, llegó primero la prensa que las autoridades. Esa mañana, los potosinos despertamos con fotografías explícitas del cuerpo de Odalys.
La noche anterior, la adolescente de 16 años había tenido una discusión con Juan N., su pareja, quien declaró que la acompañó a pedir un taxi y, antes de irse a dormir, regresó a “la casa grande” –una bodega abandonada ubicada casi al inicio de la calle 20 de Noviembre, donde vivían y se reunían varios jóvenes– a consumir cristal.
Juan y su familia fueron los primeros en enterarse sobre la muerte de Odalys, un policía ministerial avisó que “la güerita se había ahorcado”. Ninguna de las personas señaladas por Juan fueron citadas a declarar en la investigación.
La relevancia mediática que se vivió en el inicio del caso provocó la respuesta apresurada y sin fundamentos de la Fiscalía, que en ese momento estaba a cargo de Federico Garza Herrera. El 13 de marzo de aquel año se convocó a una conferencia de prensa y señalaron al suicidio como la principal línea de investigación.
El 20 de marzo se realizó otra conferencia de prensa, encabezada por el entonces director de la Policía Ministerial del estado, José Guadalupe Castillo Celestino. Ahí se informó que, de acuerdo con la declaración de Juan y el examen toxicológico, Odalys estaba deprimida y drogada.
Para Carmelo estas declaraciones a medios de comunicación eran incomprensibles e intolerables. El 23 de marzo realizó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pues los datos filtrados a medios de comunicación vulneraron los derechos de Odalys y le negaron a su familia un trato digno.
Después de la queja, las autoridades callaron, incluso con la familia, hasta que se dio la resolución del caso. Ahí se mantiene escrito que el padre de la joven no deseaba formular denuncia por lo ocurrido, hecho que es falso.
Para el primer aniversario luctuoso de Odalys, el entonces vicefiscal del estado, Aarón Edmundo Castro Sánchez, mediante un comunicado de prensa, declaró: “Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado señalan que no hay indicios de la participación de que alguien la halla privado de la vida (…) esto de acuerdo con los datos que los Peritos de la Dirección de Servicios Periciales nos señalaron y de un video que analizó la Policía Investigadora” (sic).
En el video, que muestra a Odalys caminando por la zona de transferencia alrededor de las 3 de la mañana de aquel 11 de marzo de 2018, no se alcanza a ver lo que sucede en el último andén.
Sobre el amparo ganado
La abogada Patricia Salazar relata que el 25 de noviembre de 2021, se solicitó que la investigación por la muerte de Odalys Hipólito se reabriera y fuera enviada a la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI) –creada como respuesta a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de Karla Pontigo– porque dicha institución contaba con las capacidades para investigar diligentemente y con perspectiva de género.
La respuesta de la Fiscalía fue negativa, argumentando que la UEMI solo podía investigar un caso a la vez y, en ese momento, se encontraba trabajando en el caso de Karla Pontigo. Pero se informó que la carpeta de Odalys se encontraba en la Unidad de Acceso a la Justicia y Feminicidios.
La UEMI fue creada, en abril de 2020, con un candado que le impidió investigar más de un caso a la vez, aspecto contrario a la obligación colectiva que dicta la sentencia de la SCJN.
“Entonces, presentamos un amparo donde se reclamaba el fondo del oficio de la Fiscalía, porque si la Unidad solo iba a revisar un caso a la vez estaba generando un escenario de discriminación. No había igualdad de acceso a la justicia”, explica la abogada Patricia Salazar.
En aquel tiempo, exactamente el 24 de febrero de 2022, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del caso de Karla Pontigo, tras la denuncia de conflicto de interés hecha por la titular de la UEMI ante el Poder Judicial de la Federación. Con la entrada del nuevo gobierno estatal se nombró a José Luis Ruiz Contreras fiscal general del Estado, hermano de Julián Ruiz Contreras, el primer Juez que llevó el caso de Karla y quien calificó el feminicidio como homicidio por accidente, en contra de lo que arrojaron los peritajes.
Tras el anuncio de la atracción del caso de Karla Pontigo, las familias de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas pidieron se quitara el candado de un caso a la vez y se robusteciera a la UEMI, también se pensó que el siguiente caso en el que trabajaría la Unidad Especializada sería la muerte violenta de Odalys. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado disolvió la UEMI.
Regresando al amparo promovido por el señor Hipólito, se ganó.
“El Juzgado solicitó se eliminara el oficio donde se decía que no y se emitiera uno nuevo donde se diga qué actos se han hecho y cómo va avanzando el caso del quejoso. Entonces, promovimos una revisión porque ese no era el fondo del asunto, que era que existía una unidad que llevaba un caso a la vez y que no se está teniendo acceso a la justicia con perspectiva de género, con debida diligencia y, por lo tanto, el derecho al acceso a la justicia no se está garantizando”, explica la abogada Salazar.
Ante la desaparición de la UEMI, la Fiscalía argumentó que existía una Unidad Especializada en Feminicidios que cumplía con todas las funciones de la extinta UEMI. Pero las familias que integran la colectiva han denunciado que no existe personal capacitado ni suficientes recursos para que se trabaje en una investigación diligente, esto también fue lo que se reclamó en el amparo.
Aunque la resolución del amparo no era lo que se esperaba, no deja de ser una victoria para Carmelo Hipólito que esperan que la Fiscalía emita un nuevo oficio donde se le informe todo los actos y diligencia de investigación sobre la muerte de su hija, que suponen está siendo investigada por la recién creada Fiscalía Especializada en Feminicidios.
La familia Hipólito y las familias que integran la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas exigen a la FGE y a la Fiscalía Especializada en Feminicidios que se respete su derecho a ser partícipes de las investigaciones por las muertes de sus hijas y que les informen sobre todos los movimientos y avances que existen en sus casos.
