Fernanda Durán
Durante los primeros 73 días del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 25 quejas por abuso sexual y maltrato a los estudiantes, así como omisiones al llevar a cabo acciones para evitar el acoso escolar o la violencia estudiantil.
Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2023 se registraron tres quejas por acciones de abuso sexual contra estudiantes, 10 por maltrato y 12 por omisión para llevar a cabo acciones que eviten el acoso escolar o la violencia estudiantil.
Entre las autoridades señaladas en la CEDH por su responsabilidad en estos casos contra el alumnado, hay 13 de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), cinco del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), dos del Colegio de Bachilleres (Cobach), una persona de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y una de los Servicios de Salud.
Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, asesora legal de víctimas de violencia sexual y fundadora de la asociación civil Luminas, Centro de Derechos Humanos, consideró que las quejas por abuso sexual en instituciones escolares, registradas por la CEDH, tendrían que derivar en una carpeta de investigación dentro de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, mientras que todas las escuelas deberían contar con protocolos y acciones para activar cuando las niñas y adolescentes que viven algún tipo de violencia.
“Hay veces que quienes acosan son docentes y otras veces son sus pares y que finalmente parte de las medidas tendrían que ser que no estuvieran compartiendo el aula, el espacio y tendría que hacerse una investigación interna para que las niñas y adolescentes dejaran de vivir estas violencias al interior de los espacios escolares”, explicó la especialista.
Cuéllar Ochoa afirmó que las cifras son graves, sin embargo, este número corresponde sólo al 10 por ciento de los más de 300 casos denunciados al año en espacios escolares, además mencionó que es difícil iniciar una carpeta de investigación, ya que muchas veces las niñas y adolescentes no cuentan con el apoyo para comenzar los procesos jurídicos.
La abogada sostuvo que las autoridades educativas son omisas al tomar decisiones frente a los casos de abuso y las denuncias emitidas por las alumnas, por lo tanto se incumple con las convenciones internacionales como la CEDAW, Belén Do Para, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las cuales determinan las obligaciones de las autoridades para actuar en estas situaciones.
“El artículo 12 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice que toda persona adulta que se entere de que alguna alumna vive alguna violencia debe actuar o será complice”.
Ante los casos que la propia defensora ha litigado señala que las alumnas son víctimas de violencia física, verbal, psicológica y sexual por parte de sus compañeros de grupo, y docentes, en tanto las instituciones forman parte de la revictimización de las mismas exponiéndolas delante de todo su grupo, aumentando el acoso por parte de sus compañeros.
Como aconteció el pasado 10 de marzo en un plantel escolar del estado, en donde el director amenazó a toda aquella alumna o alumno que ejerciera sus derechos de libre asociación y petición al denunciar situaciones de violencia que enfrentaron en la escuela.
“El discurso utilizado deja ver la misoginia y machismos existentes en el personal que labora en esta institución, sin nombrar la poca empatía y desconocimiento de los protocolos adecuados para la atención de víctimas de violencia dentro de las instituciones educativas, dejando ver la nula capacitación en temas de igualdad de género y respeto a los derechos humanos de las alumnas”, señaló.
Además, en 2019, la defensora de los derechos de las infancias y de las mujeres en conjunto con el refugio para mujeres Otra Oportunidad A.C., también detectó la omisión de la SEGE durante la elaboración del diagnóstico situacional del acceso a la justicia de la niñez en la entidad para proporcionar el número de quejas al interior de espacios escolares, pues solamente las negaba.
Aunque en los últimos días las instituciones han manifestado la cero tolerancia contra agresores en las propias escuelas, Claudia Cuellar advirtió que para evitar que esto sólo quede en un discurso, la auditoría social y la mirada desde la sociedad civil son clave para vigilar y evitar las omisiones de las instituciones educativas.
