Ángel Castillo Torres
El crimen organizado afecta de manera brutal nuestra vida cotidiana. Contribuye también, desgraciadamente, a la putrefacción de las instituciones gubernamentales, en especial de las encargadas de la seguridad pública. Siembra el terror y provoca la descomposición del tejido social. Su poder para corromper a autoridades es enorme, su dinero se ha infiltrado en el Aparato de Estado. Los mafiosos encabezan un vigoroso poder que actúa violenta y arbitrariamente para despojar de su prosperidad y tranquilidad a los ciudadanos. Pero además, hace ver mal al gobierno porque propicia el fracaso de las políticas de seguridad pública. Su expansión en todo el territorio nacional ha dado vida un nuevo objeto de estudio en las ciencias sociales: La narco política. La Cosa Nostra Mexicana hace sentir su influencia cultural convirtiéndose en una aspiración de estilo de vida que seduce a miles de jóvenes que con agrado militan en sus ejércitos de sicarios. Las estadísticas de ejecuciones, secuestros, tráfico de migrantes, trata de blancas, giros negros, venta de huachicol, extorsiones, comercialización de estupefacientes, son pruebas indiscutibles de que los Barones de la Droga se han convertido en un poder de facto en el país. Por ello, las autoridades cometerían un grave error si minimizan el impacto nocivo que las bandas criminales pueden llegar a tener en las elecciones de 2024. Deben tomar nota de que el crimen organizado es un factor de riesgo para la gobernabilidad y la democracia. En su agenda de riesgos, las autoridades deben diseñar un plan estratégico para impedir que las elecciones se vean dañadas por la injerencia del crimen organizado. La legitimidad de los futuros representantes populares no puede tener como soporte el dinero y la influencia de “La Maña”.
Pensando en controlar más territorio (Sobre todo a nivel municipal) los “malos” pueden tomar la iniciativa para influir en el resultado de las votaciones y por qué no, tener sus propios candidatos. Esta hipótesis no surge de una apreciación alarmista, en el pasado reciente se ha sabido por los medios de comunicación que una parte significativa de la clase política tiene nexos con el crimen organizado.
Para los grupos criminales es primordial dominar el ámbito municipal para poder operar a sus anchas. De esta forma, contando con la complicidad o pasividad de las autoridades municipales se les facilita cobrar el derecho de piso, extender el narcomenudeo, secuestrar y traficar migrantes (como ocurrió recientemente en Matehuala) o cometer cualquier modalidad de delitos amparados en la complicidad de funcionarios gubernamentales. Así que para el próximo proceso electoral de 2024 no serán suficientes los Pactos de Civilidad que suscriban los partidos y sus candidatos para tener elecciones pacíficas, legales y legítimas. Hará falta mucho más que eso para acotar al crimen organizado.
Las elecciones pueden mancharse de sangre y llevar al poder a candidatos vinculados con el crimen organizado si no se toman medidas preventivas que ahuyenten su perniciosa influencia.
Cierto que es responsabilidad de las autoridades electorales (INE, CEEPAC y Tribunales Electorales) cuidar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones. Pero a las autoridades estatales y federales les corresponde garantizar la seguridad de los ciudadanos, activistas de partido y a los candidatos durante las campañas, y con mayor esmero, a los votantes el día de la jornada electoral. Y no es que estemos viendo Moros con tranchete. Vale la pena recordar que en las elecciones de 2018 cuando López Obrador ganó la presidencia de la república y Morena se convirtió en partido dominante el proceso electoral se vio ensombrecido por la violencia y la muerte. Hubo en toda la república al menos 54 candidatos de distintos partidos que fueron asesinados. Algunos de estos políticos fueron liquidados con armas de fuego, calcinados y hasta desmembrados. 25 de los exterminados pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI); 14 al PRD; seis al Partido Acción Nacional (PAN), cuatro al Movimiento Regeneración Nacional (Morena); tres de usos y costumbres y dos de Movimiento Ciudadano (MC). En San Luis Potosí también se vivieron hechos de violencia que costaron la vida a dos aspirantes a un puesto de elección popular. Fueron los casos de Juan de Dios Guardiola Tello, del Partido Humanista, acribillado a quema ropa en Matlapa y el de Ángel Medina Burgaña, del PAN, ejecutado a balazos en Tanquián de Escobedo. Fue muy sonado también el caso del doctor en educación Israel Mendoza Vásquez, candidato a diputado federal por Morena en el primer distrito federal electoral con cabecera en Matehuala, quien recibió un balazo en la cara que lo puso al borde de la muerte; este hecho ocurrió el 27 de marzo de aquel fatídico 2018.
Estos antecedentes serían motivo suficiente para que el gobierno del estado y las autoridades electorales implementen planes estratégicos para que las elecciones no sean infiltradas por el crimen organizado o peor aún, que se conviertan en un baño de sangre. Estamos a tiempo para que las autoridades realicen diagnósticos que les reporten en dónde hay riesgos e influencia del crimen organizado para que se proceda de inmediato a realizar trabajos de inteligencia que blinden las elecciones de estos peligros.
El hombre y la política
“Maquiavelo es el máximo exponente de la concepción ética que postula la maldad congénita de la naturaleza humana. Rousseau, por su parte, es el paradigma de la bondad del género humano, la defensa ilustrada del mito del buen salvaje”.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación. Fue delegado de Villa de Pozos en 2022 y subsecretario de Gobierno de 2016 a 2017. Presidió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 2013. También fue director general del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. Ocupó los cargos de regidor en la capital potosina (2007) y de diputado local de la LVI Legislatura (2000). Impartió clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
