Por Victoriano Martínez
“Pregúntale a… Pregúntale a… A ver, cámbianos, cámbianos ya a otra pregunta mi hermano, ya”. No es el titubeo ni la petición de cambiar la pregunta en la respuesta que dio el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al reportero Abelardo Medellín, de Astrolabio Diario Digital, lo destacable, sino la evasión para hablar sobre aspectos sospechosos de la Arena Potosí, su más caprichoso proyecto.
No sólo interrumpió la pregunta, sino que enseguida lo ignoró y desvió totalmente la atención para una pregunta a modo, a la que sólo respondió vamos bien y optó por retirarse.
Las palabras pronunciadas por Abelardo Medellín en sus cuestionamientos que pusieron en alerta a Gallardo Cardona fueron “SEDUVOP”, “asignaciones de contratos”, “Coedessa”, “480 millones” (el monto asignado para la Arena Potosí), “a una sola familia”…
Las dos primeras expresiones bastaron para que Gallardo Cardona se pusiera a la defensiva, intentara remitir al reportero con alguien que en ese momento no se le ocurrió, y entonces de plano pidió el cambio de pregunta.
Ante la insistencia de Abelardo Medellín con términos que le resultaban cada vez más incómodos, Gallardo Cardona se decidió por la huida.
Una huida que claramente deja ver que está consciente del desaseado proceso que se ha seguido para cumplirle su capricho de construir la innecesaria y ofensiva Arena Potosí.
Tan arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante tomó Gallardo Cardona la determinación de construir la Arena Potosí que sólo fue cuestión de tiempo para que surgieran las contradicciones y quedaran expuestas irregularidades tan básicas como primero comenzar la obra y después abrir el proceso de licitación.
Así, un día intentó desmentir el inicio de la obra con la afirmación de que “los trabajos preliminares que se hicieron son para ver la consistencia del suelo, los pisos, la ergonomía, donde se va a edificar un espacio tan grande, sobre todo porque estos terrenos son muy fangosos”.
Al día siguiente ya se refirió a trabajos correspondientes a la obra que nada tienen que ver con los estudios referidos el día anterior, como son los terraplenes, además de que en el terreno donde se realiza la edificación ya hay cimientos colocados.
Contradicciones que involucraron a Leticia Vargas Tinajero, titular de la Seduvop, quien aseguró que los trabajos anticipados a la licitación estaban a cargo de un grupo de empresas, en tanto que Gallardo Cardona afirmó que fueron realizadas por la propia dependencia.
El proceso de licitación de la obra no sólo llegó dos meses tarde, sino que dejó ver otra serie de irregularidades entre las que destaca un sello del sexenio: el desproporcionado incremento en el costo de las obras entre el momento en el que se anuncia, cuando se asignan si es que se conoce el dato, y cuando terminan o aparecen en el informe de gobierno.
Cuando se anunció, Gallardo Cardona aseguró que la Arena Potosí tendría un costo de 290 millones de pesos. Al darse a conocer el fallo de la licitación, el costo se elevó a 481 millones 20 mil 377.11 pesos. Seguramente habrá una nueva cifra cuando la inauguren, y otra aún más alta cuando aparezca en el informe de gobierno.
Pero la huida de Gallardo Cardona a los cuestionamientos quizá no tuvo que ver con esos detalles sino más bien con la dificultad de justificar que la obra se haya asignado a una empresa asociada con otras dos representadas por uno de los dos socios de otra empresa que, junto con la primera, fueron denunciadas penalmente por su gobierno como parte del fraude del Metrobús.
Triturados y Asfaltos el Palmar y Coedessa, de la que es socio Julián Espinosa Sánchez, apoderado legal de las dos empresas regiomontanas a las que se asignó la Arena Potosí, recibieron de la administración de Juan Manuel Carreras López 31 millones 437 mil 372.56 pesos por obras inconclusas o no realizadas, de acuerdo con la denuncia presentada desde el 21 de febrero de 2022.
¿Qué podía decir Gallardo Cardona ante el hecho de haber asignado la construcción de su mayor capricho a los socios y responsables de dos empresas a las que su propio gobierno denunció penalmente por corrupción? Primero los denuncia por corrupción y luego les pide que le construyan su más abusivo capricho. ¿Dios los hace y…?
Una circunstancia que –al ser la propia administración de Gallardo Cardona la denunciante– coloca al Ejecutivo en la condición de incurrir en la responsabilidad señalada en el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado.
“Las instituciones se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos con proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento en las entregas de los bienes o servicios objeto de diverso contrato…”.
No sólo recibieron propuestas, sino que ya el pasado 12 de mayo –de acuerdo con el cronograma de la extemporánea licitación– celebraron el contrato con un proveedor que, en la denuncia por el presunto fraude de la Red Metro, señalaron por el incumplimiento en la entrega de bienes.
“Pregúntale a… Pregúntale a… A ver, cámbianos, cámbianos ya a otra pregunta mi hermano, ya”.
No le quedó de otra a Gallardo Cardona que su lastimosa respuesta evasiva ante la exhibición de que poco se distingue de aquellos a los que bautizó como herencia maldita y hasta echa manos de sus aliados.
