Por: María José Puente Zavala y Abelardo Medellín
Hasta la noche del 18 de mayo, al menos una persona migrante y dos choferes de origen mexicano continuaban desaparecidos, luego de que la unidad en la que se transportaban fuera secuestrada, junto con todos sus tripulantes, por personas que se identificaron como integrantes de un cártel, en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León.
Por segunda ocasión en el año, la entidad potosina se colocó en la agenda nacional por un caso de secuestro masivo de personas migrantes, 50 en esta ocasión, más los dos operadores de la unidad perteneciente a la empresa Hevatour’s, originaria del estado de Tlaxcala.
De acuerdo con la versión del propietario de la unidad, el dispositivo de geolocalización (GPS) con el que contaba el autobús de pasajeros, arrojó que este fue detenido en un entronque de la carretera 57, con una desviación al municipio de Cedral.
Avanzó aproximadamente diez kilómetros hasta un punto geolocalizado con el nombre de San Pablo, donde permaneció por un espacio de 15 minutos para posteriormente dirigirse al entronque de Los Medina, en Nuevo León, donde fue encontrado vacío.
Ese hallazgo determinó la línea discursiva del gobierno de San Luis Potosí, desde donde se ha insistido en negar que el plagio de las personas que viajaban, de Tapachula, Chiapas, rumbo a Monterrey, ocurrió en territorio potosino.
Sin embargo, los hechos recientes ocurridos en Semana Santa; los datos sobre el paso de población transmigrante por San Luis Potosí, así como de la incidencia delictiva a la que se enfrentan en la entidad, demuestran que hechos como el del 14 de mayo no son aislados, sino, por el contrario, distinguen al estado y sus vecinos como territorios de peligro para el tránsito de personas migrantes.
Por su parte, la reacción del gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, ante la crisis, ha consistido en adoptar un discurso que criminaliza y desacredita a las víctimas, al gremio transportista, y a los medios de comunicación que cuestionan la versión oficial.
¿Las personas migrantes son ilegales?
Llamar “ilegales” a las personas extranjeras que transitan como migrantes por México es una afirmación estigmatizante y que pretende negarles otros derechos, explicó el doctor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Guillermo Luévano Bustamante, en entrevista con Astrolabio.
El miércoles 17 de mayo, durante una entrevista, el gobernador Ricardo Gallardo calificó de “ilegales” a las 50 personas migrantes que fueron víctimas de secuestro en la entidad potosina.
“Sí, son indocumentados, estaban ilegalmente en el estado y ahorita la FGR va a soltar un comunicado en donde van a empezar las investigaciones”, dijo el mandatario.
De acuerdo con Luévano Bustamante, el tildar de ilegales a las personas migrantes en tránsito es, al menos, impreciso. “Ninguna persona es ilegal por su estancia administrativa, digamos que su estatus es irregular”.
Afirmó que llamarlos “ilegales” es además una “negación de derechos” que pretende no otorgarles garantías en materia de salud, educación e incluso defensa legal. “Es un absurdo, una denominación ambigua y además estigmatizante”, insistió.
Aclaró que el ingreso irregular al país no representa un delito por sí mismo. “Es como tener vencido el pago del agua. Uno puede seguir recibiendo el agua y estar en situación irregular administrativa o como tener la licencia de conducir vencida y seguir conduciendo. Es motivo de una infracción, de una falta administrativa, una multa probablemente, pero no es motivo de una detención”.
Luévano Bustamante comentó que, de acuerdo con la ley en la materia, las personas migrantes no pueden ser sujetas de detención por su situación de tránsito; además de que toda detención, por motivos de orden administrativo, no debe ser mayor a 36 horas.
Enfatizó que las autoridades tienen la obligación de informar las opciones de regularización que tienen las personas en tránsito, como las visas por razones humanitarias, las visas de trabajo o las visas turísticas.
SLP, paso obligado pero peligroso
Entre 2016 y 2022, San Luis Potosí pasó de la décimo novena a la segunda posición, entre 22 estados de la República con incidencia delictiva contra personas migrantes.
En esos siete años, la entidad ha acumulado 549 reportes de migrantes que manifiestan haber sido víctimas de algún delito durante su paso o estancia en el estado.
En ese ranking se ubica en la tercera posición, solo por debajo de Chiapas, con mil 724; y Oaxaca, con mil 473 acumulados.
Tanto en 2022, como en 2021, el estado se convirtió en el segundo estado más peligroso para migrantes en tránsito.
280 denunciaron delitos en su contra cometidos en 2022 y 257 en 2021; todo lo anterior de acuerdo con el Boletín de estadísticas sobre delitos perpetrados en contra de personas migrantes irregulares en México, publicado en enero de este año por la Secretaría de Gobernación del gobierno federal.
Los tipos de delitos registrados van desde tráfico ilícito de personas, tortura, trata, secuestros, violencia sexual, e incluso tentativa de homicidio, agresiones, robo, fraude, entre otros.
Pese a ello, el paso por la entidad sigue siendo obligado para la mayoría de quienes van, generalmente, de países centroamericanos, rumbo a Estados Unidos, a través del territorio mexicano.
Entre 2019 y 2022, el número de eventos en los que personas migrantes fueron presentadas ante la delegación potosina del Instituto Nacional de Migración, por su estatus irregular, se incrementó en un 48 por ciento, al pasar de 2 mil 815 en 2019, a 5 mil 812 en 2022.
En los primeros cuatro meses de 2023, la delegación del INM en San Luis Potosí ya reportó mil 870 eventos de personas migrantes en situación irregular; una cifra que es 53 por ciento mayor a la registrada en 2019, cuando se atendieron 875 eventos en los primeros cuatro meses del año.
Cuando las personas son presentadas ante el Instituto Nacional de Migración, este puede facilitar su regreso a sus respectivos países o, bien, si se reúnen las condiciones, otorgar un permiso temporal para que regularicen su estadía en el país.
San Luis Potosí es el noveno, entre 29 estados, que más visas por razones humanitarias ha expedido en los últimos 13 años, desde 2010 hasta 2022.
En total, en la entidad se han expedido 3 mil 890 visas de esa naturaleza en ese período; principalmente a personas haitianas, hondureñas, brasileñas, chilenas, cubanas, salvadoreñas, nicaragüenses y venezolanas.
En el caso de las cincuenta personas que viajaban en el autobús de Hevatour’s; el transportista aseguró que todas contaban con el permiso temporal de 45 días para su regularización en México, período que algunos aprovechan para continuar su trayecto al país del norte esperando encontrar menos complicaciones.
Astrolabio Diario Digital cuestionó al respecto a Pedro León Álvarez Alcacio, delegado del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, sin embargo, el funcionario se negó a dar información e incluso aseguró no tener más datos que los publicados por la prensa.
“No, no, no, yo no tengo ninguna información, más que la periodística, que usted me refiere, información oficial no cuento con ninguna”, declaró.
Los transportistas, señalados
En entrevista con Astrolabio; el propietario de la unidad en la que viajaban los pasajeros secuestrados en el evento del 15 de mayo, indicó que realizó el reporte al 911 por la madrugada, apenas fue contactado por los presuntos captores de quienes viajaban en su transporte.
Pidió contacto con autoridades de Matehuala, pero fue redirigido a Nuevo León, con quienes sostuvo comunicación remota para conocer el avance de la búsqueda y los diferentes rescates de sus pasajeros.
Una vez que el caso se volvió mediático, las autoridades de San Luis Potosí solicitaron al transportista presentarse a rendir declaración en la Fiscalía General del Estado; sin embargo, dice, tiene temor por su seguridad.
El empresario se deslindó de los señalamientos sobre una presunta colusión con los captores o el pago recurrente a grupos del crimen organizado para poder transitar y salir del estado con un pasaje de personas migrantes.
Aseguró que, más allá de recuperar el autobús que se encuentra en confinado en un “corralón” en San Luis Potosí, está interesado en que sus dos choferes aparezcan con vida, así como el último de sus pasajeros que no ha sido localizado.
Por su parte, José Luis López, delegado de la Confederación de Transportistas Mexicanos (Conatram), lamentó en entrevista con Astrolabio que el gobierno local insista en señalar a ese gremio como cómplice en la comisión de robos u otros delitos cometidos contra personas migrantes.
“Ellos todo lo ven políticamente y hacen una polarización tremenda de las cosas para llevar agua a su molino y eso no se vale (…) Hablan de que los transportistas estamos metidos en el tráfico de indocumentados. Yo no lo creo así y tampoco quiero decir que no lo haya. Pero este no es el caso”.
Criticó la inacción del gobierno estatal frente a la situación de inseguridad que envuelve el tramo carretero de la 57 que pasa por San Luis Potosí, donde, dice “tenemos problemas de Seguridad en general, incluso para la ciudadanía”.
Primero desdén, luego protagonismo
Luego de darse a conocer la denuncia por el secuestro del autobús mientras circulaba por la carretera federal 57 en San Luis Potosí, la vocería de Seguridad del Gobierno del Estado, así como la Fiscalía General del Estado, apresuraron comunicados de prensa en los que dijeron estar trabajando en coordinación con las autoridades de Nuevo León, para la búsqueda y rescate del grupo; sin embargo, insistieron en que el plagio no había ocurrido en territorio potosino.
Para la noche del 17 de mayo, con el anuncio del rescate de 34 de las personas secuestradas en territorio de Nuevo León, las autoridades potosinas se adjudicaron el mérito y trasladaron a las víctimas para que fueran atendidas en Matehuala.
Una vez más insistieron en su comunicación que el secuestro no había tenido lugar en San Luis Potosí “como aseguraban algunos medios”; sino en Nuevo León, donde fue encontrado el autobús vacío.
Más adelante, y luego de que la Guardia Nacional difundiera un comunicado sobre su participación en el rescate; la vocería del gobierno potosino acusó a medios de comunicación de “manipular la realidad” y de “falta de profesionalismo”.
“Elementos de la Guardia Civil Estatal, de la Policía de Investigación de la FGE, y de la Sedena rescataron a 24 migrantes y nueve menores de diversas nacionalidades que habían sido secuestrados”, aclararon y solicitaron difundir.
